Un reporte de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), publicado en el diario español El País, reveló que de enero de 2004 a noviembre de 2013, hubo 295 asesinatos –entre ellos los de 14 mujeres–, producto de linchamientos. Además, 1,704 personas resultaron heridas en ese tipo de actos.

Los linchamientos han irrumpido en Centroamérica como parte de una supuesta “justicia popular” a pesar del riesgo de ser mecanismos de “limpieza social”. Todo ello en el contexto de la incapacidad estatal de sancionar la delincuencia y de evitar propiciar la impunidad, uno de los añejos males del aparato legal de la región, cita la nota.

Además señala que “la situación más grave se da en Guatemala, debido a las costumbres indígenas de desconocer y desconfiar de las estructuras institucionales de justicia”. En el país, de 2004 a 2013 hubo 295 asesinatos y 1,700 heridos por vapuleos  de grupo a supuestos delincuentes.

AUSENCIA DEL ESTADO

Helen Mack, de la fundación Myrna Mack, señala que estos actos se dan por la ausencia de la presencia del Estado, «hay muchos lugares tan lejanos, en donde para poner a disposición a un delincuente se tardan más de seis horas, lo cual es ilegal, y solo para que llegue la Policía se tardan esas seis horas y ante la poca respuesta del Estado lo que hacen las comunidades es tomar acción».

Es por eso que se ve la necesidad de buscar salidas legales, pero especialmente acuerdos con las comunidades, para que no sucedan este tipo de hechos dice Mack.

“El robo de una gallina, para el sistema judicial es una falta, pero para las comunidades eso significa alimento, entonces ante esa ausencia y luego lo dejan libre es por eso que los pobladores actúan” dice la analista.

A criterio de Mack hay un Estado que tampoco comprende las necesidades de las comunidades, lo cual provoca que estos hechos ocurran, por la falta de policías o de un sistema que garantice justicia. Tampoco es satanizar a las comunidades, porque hay un Estado que no responde.

ASOCIADOS A LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA
 
Por su parte Mario Polaco, del Grupo de Apoyo Mutuo, coincide con Mack e indica que en gran medida este tipo de casos se debe a la incapacidad institucional en donde el Estado no tiene la capacidad de garantizar seguridad a sus poblaciones y ni mucho menos de la administración de justicia.

Polanco dice que la población, ya cansada de tanta violencia y de la falta de respuesta del Estado, acude a ese tipo de prácticas que también son ilegales y que deben enmendarse, fundamentalmente generando confianza entre la población acerca de que el Estado sí funciona.

Según el analista, la mayoría de casos registrados por estos hechos se da principalmente en áreas de altos índices de violencia e inseguridad y esto sumado a la pobreza que afecta a las comunidades.