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La propuesta parte del concepto de seguridad democrática, que define como «aquella que garantiza a la persona el pleno goce de sus derechos: integridad personal, respeto a su propiedad, acceso a la salud y la educación, ejercicio de sus derechos ciudadanos, etc., en contraposición al viejo esquema de seguridad que relegaba todo lo anterior frente al principio de Seguridad del Estado».

Propone la refundación de las instituciones de seguridad y del sistema de justicia, tiene como objetivo estratégico garantizar la seguridad democrática para el control y disminución de riesgos y amenazas.

Nada novedoso

Su planteamiento establece el corto y el mediano plazo. En el primero está un Plan Emergente de Seguridad que propone acciones nada novedosas, como la creación de fuerzas de tarea; aplicación de estados de excepción; combate a la delincuencia organizada, fortalecimiento de las polí­ticas internas de depuración e investigación criminal y una ofensiva nacional para luchar contra las mafias criminales y ejercer mayor control y registro de armas y municiones.

Su debilidad es que aporta el cómo pero no especí­fica la temporalidad. Aun cuando se dice que sus acciones serán en el corto plazo, no señala hasta cuándo se mantendrá.

En un segundo punto se plantea crear el Sistema Nacional de Seguridad, que incluirá el Sistema Nacional de Inteligencia, e integrará y coordinará «las diversas instituciones, polí­ticas, normativas, instrumentos, procedimientos, programas, planes, patrones de actuación, sistemas de control y otros, que posee el Estado, en términos de capacidades, para enfrentar amenazas, riesgos y desafí­os que en materia de Seguridad se presentan».

Lo integrarán el Ministerio de Gobernación, Policí­a Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Dirección General de Migración, Dirección General de Inteligencia Civil, Dirección General de Control de Armas y Municiones, Dirección General de Servicios Privados de Seguridad y el Ministerio de la Defensa Nacional.

Deja fuera instituciones necesarias para la consolidación de una instancia cuyo fin debe ser contribuir a la seguridad y defensa de la nación, tal el caso de la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretarí­a de Inteligencia de Estado.

Incluye en el Sistema Nacional de Seguridad dependencias del Ministerio de Gobernación ya en funcionamiento, proponiendo la refundación de la Policí­a Nacional Civil, Sistema Penitenciario y Dirección General de Migración. Crea nuevas instituciones como la Dirección General de Servicios Privados de Seguridad a la cual no define, sino únicamente manifiesta su propósito de impulsar la aprobación de la Ley de Servicios de Seguridad Privados.

Aun y cuando en el planteamiento expone que es trascendente convocar al Consejo Nacional de Seguridad y la creación de la Secretarí­a Técnica, no hay un desarrollo de lo que serán estas dos instancias.

Igualmente con el Sistema Nacional de Inteligencia que, según la propuesta de los patriotas, garantizará la coordinación de la Inteligencia del Ministerio de Gobernación, con la militar y estratégica de Estado, no se desarrolla cómo se coordinarán y más grave aún, no hay una propuesta del Sistema Nacional de Inteligencia, mencionando únicamente a la Dirección General de Inteligencia Civil como aquella que se encargará del combate al crimen organizado.

Por la modernización del Ejército

Hay sí­, una preocupación por el futuro del Ejército, definiéndolo como una institución «caminando inexorablemente hacia su colapso» por lo que busca su modernización, emplearlo en los dos primeros años de gobierno en apoyo a las fuerzas de seguridad y continuar en misiones internacionales

Los otros ejes planteados apuntan a la interacción del Estado con la sociedad civil y el poder local en alianza estratégica para combatir la criminalidad, mediante el fortalecimiento de la seguridad comunitaria, y la participación de las municipalidades en el programa Apoyo del Poder Local a la Seguridad Democrática, que incluye aspectos preventivos y reactivos de seguridad en las comunidades.

Propone también, estrechar ví­nculos con la cooperación internacional y realizar alianzas internacionales para combatir amenazas comunes y emergentes como el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.

El último punto de la propuesta es la creación del Sistema de Administración de Justicia, el cual deberá integrarse manteniendo la independencia de poderes y la autonomí­a pero con una coordinación a gran escala.

Estará integrado por el Organismo Judicial; Ministerio Público; Ministerio de Gobernación (PNC y Sistema Penitenciario); Instituto de la Defensa Pública Penal; Instituto Nacional de Ciencias Forenses; Instancia Coordinadora del Sistema de Administración de Justicia; y Comisión Nacional Para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia.

Su fin primordial será brindar seguridad jurí­dica a través de servicios de administración de justicia de calidad y generar confianza en los ciudadanos.

Se compromete a apoyar al Organismo Judicial, así­ como al resto de instituciones fuera de la esfera del Ejecutivo, para que estas cuenten con mejores presupuestos y tecnologí­a.

En conclusión, la propuesta de Seguridad y Justicia no mantiene coherencia en sus planteamientos esenciales, al no desarrollar aspectos de alta importancia como el Sistema Nacional de Inteligencia y al degradar la importancia del Sistema Nacional de Seguridad, al incluir entre sus componentes a instancias de menor jerarquí­a, como aquellas pertenecientes al Ministerio de Gobernación.

«La propuesta de Seguridad y Justicia no mantiene coherencia en sus planteamientos esenciales, al no desarrollar aspectos de alta importancia como el Sistema Nacional de Inteligencia y al degradar la importancia del Sistema Nacional de Seguridad».

Elisabeth ívalos