De nuevo el tema de la reforma constitucional está en el tapete, esta vez impulsada por el interés de grupos de esta elite política cada vez más desprestigiada. La fundación Esquipulas del expresidente Vinicio Cerezo impulsó una reunión en la que compartimos opiniones y experiencias tres viejos políticos y dos jóvenes y brillantes muchachas, las licenciadas Ixchiu y de León que le dieron el toque de modernidad y vida a la reunión. A mí, me hizo recordar las viejas luchas de rico anecdotario, contra la dictadura empresarial-militar que libramos con el presidente, él recién graduado y yo, joven profesor, que algún día contaré.

Me permitió la reunión, insistir en mi opinión permanentemente sostenida, de oposición a las reformas, y coincidir con Cerezo en el peligro que estas representan.  La primera, en el siglo XIX, que declaró vitalicia la Presidencia de Rafael Carrera en una absurda e imposible vuelta a la Colonia, que un historiador norteamericano, David Chandler calificó como la transformación del gobierno representativo en una teocracia, una “monarquía presidencial con guías republicanas”; y la última en la que el Presidente Cerezo se detuvo más que yo, la única de la Constitución vigente, impulsada después del golpe de Estado del 93 de Serrano Elías, que con ropaje distorsionador, y en secreto se centró en un negocio de la banca privada, única autorizada para prestar al Estado, reforma impulsada por los banqueros y la iniciativa privada en su conjunto, a través de sus operadores políticos conocidos, que complicaron más el proceso destruyendo el funcionamiento del Organismo Judicial y reduciendo el período presidencial, lo que convirtió la historia del país, en una elección permanente.

     Nuestra opinión de siempre es ésta.  La Constitución del 85 es buena.  Pero no se cumple.  Es necesario cumplirla primero, pero también desarrollarla e interpretarla totalmente, lo que deben hacer el Congreso y la Corte de Constitucionalidad.  Faltan más de 40 leyes que el Congreso no ha dictado, lo que debió hacer el congreso desde 1985.

     En el preámbulo y en otros artículos dispersos en el texto podemos encontrar lo que Pablo Lucas Verdú llama la “fórmula política” de la Constitución que es la “expresión ideológica jurídicamente organizada en una estructura social”, y que constituye la ideología, la filosofía del texto constitucional que inspira el ordenamiento político constitucional.  El preámbulo indica que los valores que orientan el texto son la dignidad de la persona humana, la libertad, la igualdad, la seguridad, la justicia,  el bien común y la paz.  El Arto. 1º. Indica que el fin supremo del Estado es el bien común y el 2º. Que es deber del Estado garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.  Y el Arto. 118 indica que el régimen económico se funda en “principios de justicia social” y que es obligación del estado orientar “la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional”.  Probablemente hubiera sido conveniente introducir como en otros textos una fórmula explícita que definiera el nuevo régimen como un estado social y democrático de derecho.  Razón tienen los exconstituyentes al considerar la Constitución como humanista, porque más de la mitad del texto está dirigido al reconocimiento de derechos y crea tres instituciones claves de control: Tribunal Electoral, Tribunal constitucional y Defensor del Pueblo.

     En resumen, ahí concluí  y aquí repito, un régimen en crisis casi insoluble es el nuestro, en el que los militares se volvieron empresarios, y los empresarios se volvieron políticos, todos envueltos en grados inimaginables de corrupción; y los políticos se quedaron sin ocupación, dejando un vacío que se llenó con un neo empresariado civil y militar con rasgos delincuenciales.

     Una reforma constitucional sería impredecible, aunque seguramente orientada a suprimir derechos largamente perseguidos, eliminar el objetivo del estado de bienestar del estado democrático y social de derecho.  Una izquierda electoral pulverizada debe cuidarse de proteger o legitimar una aventura conservadora semejante.

     Y una guinda en el pastel.  El presidente General Pérez Molina pide que se abra la discusión sobre el tema de la reelección presidencial, sin tomar en cuenta que el artículo correspondiente es de los irreformables. ¿Lo sabe? o ¿Qué pretenden?