El pasado lunes, el ministro de Energía y Minas Erick Archila enfatizó que: “El INDE se rige por su mecanismo interno de adquisiciones y contrataciones” ¿le suena familiar? Hace 6 años el interventor de Aeronáutica Civil, de aquel entonces, Moreno Botrán, utiliza los mismos argumentos para justificar lo actuado en relación al arrendamiento al Grupo Wisa como un mecanismo interno de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Estos sujetos han usado la Ley de Contrataciones del Estado como papel toilette y con cara de póker aseguran que es legal lo actuado. La pregunta entonces  ¿Por qué la Contraloría presentó denuncia penal en el caso de INDE y en el caso del Aeropuerto sugirió la persecución penal? ¿Se habrán fumando algo los auditores de dicha entidad?

Archila, coincidentemente, manifestó lo anterior después del descaso de Semana Santa. ¿A qué le recuerda esto? El año pasado en Semana Santa el presidente Otto Pérez Molina entrega en “usufructo” el Puerto Quetzal a una empresa española violando también la Ley de Contratación del Estado. Es por eso que al Presidente se le vuelve indispensable controlar el MP y el OJ para que cuando deje su gestión no le caigan con los tacos por este caso y otros.

Los patrones de la corrupción se repiten una y otra vez. Si las instituciones de Justicia no ponen orden al desmadre de las actuaciones del Ejecutivo, estaremos condenados a la injusticia permanente. Las cortes subordinadas al Ejecutivo no son más que un fantoche y Estado de Derecho que se perpetuará como espejismo inalcanzable.

En la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia se encuentra pendiente para resolver el proceso de  Nulidad del contrato de arrendamiento entre la entidad panameña Grupo WISA y la DGAC.  La estratagema de  Botrán como la de Archila son idénticas.

Es por esto que es necesario que la Cámara Civil ponga orden de una vez por todas, emita una sentencia apegada al derecho y nos indique si la Contraloría y los que le damos la razón al sospechar que se han cometidos delitos grosos contra el Estado estamos en lo correcto o los correctos son esos “abogaditos” que estudian para creer estratagemas para burlar la ley y apañar la corrupción.

El Caso WISA – DGAC/PGN no es un simple casito. Ha sido el punto de partida bajo el que se han amparado muchas transas que primordialmente fomenta la adquisición de bienes y servicios violando la Ley de Contratación del Estado, saltando todas las trabas que promueven control y transparencia y de esa forma robar a manos llenas.

Por aparte, llama mucho la atención que la PDH no se haya pronunciado aún en contra de la SAT por la violación al derecho humano de acceso a la información relacionado al Caso Wisa.

Espero que el retraso no sea porque varios de los funcionarios que laboran actualmente en la PDH, laboraron anteriormente en la SAT.  Sería aconsejable que el Procurador de los Derechos Humanos examine el expediente y revise lo actuado, ya que después de 6 meses es hora que se manifieste al respecto.