La vida continúa… se fue la Semana Santa y su asueto, ya no veremos la panorámica de elementos policiales salvaguardando a los habitantes del país; ahora los reconcentrarán en sus cuarteles y por supuesto nos toca otra vez enfrentar la inoperancia de las autoridades en materia de seguridad y casi en todas las actividades de la administración pública.
Ante la escalada de asesinatos y posteriores desmembramientos, extorsiones, robos y toda clase de actos brutales que lesionan la vida, el patrimonio y la salud mental de la población, es necesario que las autoridades de gobierno hagan algo efectivo; es decir, que la brutalidad deje de ser un instrumento al alcance de personas particulares y la fuerza física sólo sea utilizada en forma legítima, con el aval de las leyes.
Se supone que el advenimiento de la democracia liberal y la preeminencia de los principios de la sociedad abierta impulsaron la instauración de sistemas políticos que garantizan, de manera creciente, los derechos individuales y la justicia social. Entonces… ¿cómo es que un país democrático, con aspiraciones a la modernidad, con instituciones razonablemente sólidas, permite tan escandalosa falta de control y peor aún, consiente el desamparo de ciudadanos que son vejados, atracados, extorsionados y despojados por las mafias criminales, sin brindarles seguridad y protección?
Guatemala es un país donde las normas, leyes y regulaciones se burlan, donde los burócratas de las ventanillas y funcionarios no hacen su trabajo de forma eficiente y hacen de la corrupción la base sobre la que se sustenta todo el funcionamiento del país. Hay regiones sojuzgadas por bandas criminales que mantienen a la población en un estado de absoluto terror. ¿Cómo es posible esa situación inaceptable? ¿Qué pasa ahí, qué ocurre en esos territorios? ¿Nadie ve nada? ¿Nadie dice nada?
No denunciamos, ni acudimos al Ministerio Público a dar cuenta de un asalto, mucho menos avisamos a las autoridades porque sabemos de la escandalosa inoperancia del aparato de la justicia, nadie se atreve a decir algo porque la gente sabe que las autoridades y los criminales van de la mano, es decir, que no tenemos confianza alguna en una policía que trabaja en infame complicidad con los delincuentes.
El Gobierno dice que se esmera en la “recomposición del tejido social”, ¿será cierto? Sin embargo, la responsabilidad no es de ellos en un ciento por ciento; nosotros como sociedad no supimos preservar ciertos valores esenciales para la convivencia civilizada y descubrimos horrorizados con creciente preocupación –como el indefenso ciudadano de a pie– que nos encontramos rodeados de fieras peligrosas: individuos de la especie declaradamente antisociales.
Las autoridades de seguridad, tienen una tarea colosal delante de sí. Una empresa de “recomposición” que, viéndolo bien, deben abordar todos los responsables políticos de este país porque estamos en una situación de auténtica emergencia nacional. El recordar nuestras lacras de convivencia nacional es el resultado de que cada día hay más desvergüenza en el manejo de los asuntos públicos.