Dentro de los archivos del Congreso se encontraba la única iniciativa de Ley de Jurisdicción Indígena, la cual recibió su primera lectura después de estar engavetada por cinco años y cuatro meses mediante una moción privilegiada que interrumpió el juicio político a la Ministra de Educación el pasado 09 de abril. 

La iniciativa 3946 que pretende la instauración de la jurisdicción indígena como la potestad de los pueblos de actuar mediante sus propias tradiciones e instancias, sustentada en el respecto a las costumbres y tradiciones propias de la comunidad para solucionar de forma definitiva las controversias que se susciten dentro de esta, así como legitimar actos y tomar decisiones de acuerdo a su propio derecho y cultura.

Benito Morales, abogado independiente y experto en pueblos Mayas, indica que dicha ley viene a reforzar lo estipulado en la Carta Magna y artículos a nivel internacional que señalan que los pueblos indígenas pueden promover sus propias controversias y buscar soluciones a los mismos. 

Morales explica que han sido varios los intentos para modernizar el sistema de justicia indígena con el fin de que los pueblos tengan acceso a la misma como un servicio público y derecho fundamental en condiciones de igualdad a otros pueblos, donde se aborde la temática de contar con un estado intérprete, nombramiento de jueces y fiscales que actúen bajo su cosmovisión, idioma y creencias.

El experto señala que la iniciativa se ha quedado varada por años debido a la falta de interés, discriminación y racismo que impera en el Legislativo y de aprobarse dicha normativa no faltará algún sector que impugne la Ley donde argumenten cualquier razón con el fin de no lograr avances en el tema.