Un hombre que escapó de prisión en su natal México mientras cumplía una condena por asesinato fue ejecutado en Texas por el asesinato a golpes de un exprofesor de Historia de la Universidad Baylor y por agredir a su esposa hace más de 16 años.
Ramiro Hernández Llanas recibió una inyección letal anoche en la cámara de la muerte estatal en Huntsville. El reo, de 44 años, fue pronunciado muerto a las 6:28 de la tarde hora local.
Hernández, de 44 años, estaba en Estados Unidos sin autorización cuando fue arrestado en octubre de 1997 por la muerte de Glen Lich, de 49 años. Diez días antes, Lich le había dado empleo a Hernández en su rancho cerca de Kerrville, a unos 105 kilómetros de San Antonio, a cambio de que lo dejara vivir en la propiedad.
Los investigadores dijeron que Hernández engañó a Lich para que saliera de la casa y lo golpeó repetidas veces con una varilla de acero. Armado con un cuchillo, entonces atacó a la esposa de Lich, quien sobrevivió y testificó contra Hernández, a quien las autoridades también vincularon con una violación y apuñalamiento, y le encontraron armas rústicas en la prisión.
«Esta es exactamente la razón por la que tenemos la pena de muerte», dijo Lucy Wilke, fiscal adjunta de distrito del Condado Kerr quien ayudó a encausar a Hernández, refiriéndose a la ejecución. «Nadie, ni siquiera los guardias de la prisión, estaban seguros en su presencia».
Hernández es el segundo reo en recibir una inyección letal de una nueva fuente de fenobarbital en Texas. Funcionarios del Departamento de Justicia Penal de Texas se han negado a identificar la fuente del poderoso sedante, alegando que es necesario proteger al proveedor de amenazas de violencia de los que se oponen a la pena capital.
La Corte Suprema federal respaldó la postura del estado en un caso relacionado la semana pasada.
La cancillería de México condenó la ejecución en un comunicado en el cual reclaman que Estados Unidos sigue violando el Fallo Avena, resolución de la Corte Internacional de Justicia en 2004 que obliga al país a revisar y reconsiderar las sentencias de 51 mexicanos condenados a la pena capital sin haber sido notificados de su derecho a recibir asistencia consular. Una medida ordenada por la Corte Suprema de Estados Unidos para asegurar su cumplimiento no ha logrado aprobarse en el Congreso.
«El señor Hernández Llanas se convirtió en el cuarto mexicano ejecutado en franca violación al fallo», dice el comunicado. «El gobierno de México expresa su más enérgica protesta por el incumplimiento de dicho fallo por parte de Estados Unidos».
La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que la discapacidad mental de Hernández Llanas quedó comprobada. Sin embargo, en el juicio siquiatras testificaron que no tenía deficiencia mental y que seguiría siendo un sujeto peligroso, declaraciones que sus defensores refutaron.