A pesar de ser un país pequeño y aparentemente insignificante en la economía global, Guatemala cuenta con una posición geoestratégica que podría resultar tan beneficiosa como perjudicial. Debido a esta ubicación, dentro de la dinámica de la narcoactividad, Guatemala se ha convertido en un corredor por el que se trafican estupefacientes desde el sur hacia el norte del continente americano.

Si bien la droga que se queda en el país para ser distribuida no es la mayoría del volumen que transita a través de él, el crecimiento potencial del consumo y de la producción son elementos que, entre otros ya mencionados con anterioridad, marcan la pauta para evidenciar que algo de lo que se está haciendo en la estrategia actual no está bien por lo que hacernos cada vez más conscientes de esta realidad innegable nos permitiría tomar un camino alterno en la lucha contra el flagelo de las drogas que ha cobrado ya demasiadas vidas.

Transitar de las ideas ambiguas acerca de la necesidad de buscar este cambio a las propuestas concretas sobre qué y cómo debe hacerse es un proceso que además de voluntad, requiere de una investigación adecuada y de la consideración de elementos específicos del país. Más aún, trasladarse de esas propuestas a las acciones que les darían vida, implicaría el involucramiento y diálogo de todos los sectores sociales que es el único camino para dar a cualquier nueva alternativa un marco legal pertinente para su desarrollo, así como el actuar independiente del gobierno guatemalteco.

La concreción de esas propuestas, hasta el momento inexistentes, no serían sin embargo suficientes para poner fin a las nefastas consecuencias que el problema de las drogas, especialmente del narcotráfico, acarrea a los guatemaltecos. No obstante sería indudablemente un primer paso significativo para pasar al siguiente nivel.

Las posturas extremas prohibicionistas de países tan influyentes como Estados Unidos y Rusia, así como de la Organización de las Naciones Unidas a través de agencias como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), quienes han insistido en la persistencia y endurecimiento de la lucha frontal contra las drogas, son obstáculos fuertes a la hora de querer cambiar de dirección la política de drogas actual; sin embargo, no ha significado un problema para países como México, España, Holanda, Portugal, Uruguay, entre otros, quienes, de distinta manera, han cambiado su forma de afrontar el problema.

No obstante, para el éxito en la erradicación de la producción, tránsito y consumo clandestinos, es obligatorio plantearse una estrategia conjunta regional o idealmente hemisférica que aseguraría un esfuerzo común  para alcanzar un mismo objetivo, cada uno desde su rol dentro del ciclo de la droga (productor, país de tránsito o consumidor) tomando en cuenta sus propias particularidades, limitaciones y posibilidades.

En la mesa de discusión hay muchos cuestionamientos por resolver, ¿despenalizar?, ¿legalizar?, ¿qué sustancias?, ¿la posesión y el consumo?, ¿el tránsito?, ¿la producción? Las respuestas a lo anterior no surgen espontáneamente y requieren de que tanto el gobierno como la sociedad civil den al tema la importancia que tiene y que se busque colocar en la agenda común del continente  para ser tratado con seriedad y buscando obtener resultados un tanto más concretos que los obtenidos, por ejemplo, en la Declaración de Antigua.

La guerra contra las drogas ha fracasado, y cada día, hasta los defensores más recalcitrantes de la misma, se hacen conscientes de esta realidad. Es por esto que me refiero a la adopción de una alternativa como ineludible. Es hora de poner manos a la obra y de  diseñar una estrategia efectiva que nos ponga en una posición favorable en el campo de batalla para poder finalmente, ganar la guerra.