La muerte de un campesino guatemalteco en la zona de adyacencia con Belice reavivó el conflicto limítrofe en el norte de Guatemala, que parece encontrarse una vez más en un punto muerto, de tal manera que se aleja cada vez más la posibilidad de un diálogo entre ambos países que conduzca a una solución del diferendo territorial, insular y marítimo.
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Tomás Desdicho Ramírez, de 26 años, murió el pasado sábado, presuntamente, a manos de las Fuerzas de Defensa de Belice, a las que pobladores de Petén les atribuyen constantes amenazas e intimidaciones.
Sin embargo, muchos otros casos similares han quedado olvidados; según datos de la Cancillería guatemalteca, desde el 2000 a la fecha han ocurrido siete muertes de campesinos guatemaltecos en la zona de adyacencia a manos de soldados beliceños.
Las autoridades dan cuenta que durante el 2012 se produjeron tres incidentes que cobraron la vida de igual número de guatemaltecos y en todos los casos se responsabilizó a las fuerzas armadas beliceñas.
Para Carlos Raúl Morales, viceministro de Relaciones Exteriores, la ofensa más grande de Belice ha sido, sin duda, la muerte de los campesinos. “Quitarle la vida a un campesino es una ofensa muy grave”, insiste.
No obstante, Morales indica que también se han recibido ofensas en el intercambio de declaraciones en un país en contra de otro, incluso en foros internacionales.
“Las declaraciones del Canciller (beliceño) en contra de Guatemala en la Organización de Naciones Unidas fueron fuertes, pero las hemos ido desvirtuando y hemos demostrado con hechos que sus acusaciones son falsas”, apunta.
Según el diplomático, desde el 2008, el obstáculo principal para solucionar el diferendo es no haber definido si la Corte Internacional de Justicia conocería el caso y ahora esa posibilidad se ve más lejana porque Belice cambió sus normas para dificultar el acceso a decidir en consultas populares.
El largo historial de retrocesos –ocasionado por las ofensas– y la falta de avances han llevado a cuestionar sobre la falta de resultados concretos para solucionar el problema y la ausencia de confianza en ambos países para fortalecer la relación bilateral.
ACUERDO
Para resolver el diferendo territorial entre ambas naciones se firmó el “Acuerdo Especial”, en el que se decidió consultar a cada pueblo si aceptaba la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, por lo que se programó una consulta popular, la cual debía celebrarse simultáneamente en Guatemala y Belice.
Dicha consulta se había programado para el 6 de octubre del año pasado, pero fue suspendida unilateralmente por las autoridades guatemaltecas, por no existir condiciones adecuadas para llevarla a cabo y obtener un resultado positivo.
Guatemala tomó la decisión tras darse cuenta que los beliceños habían cambiado su legislación sobre diferendos, requiriendo la participación del 60 por ciento de la población para que el resultado fuera legítimo y aceptable.
Esto provocó señalamientos de la administración de Otto Pérez Molina en contra de la política exterior del expresidente Álvaro Colom, responsabilizándolo por no enterarse del cambio que realizó Belice.
Posteriormente se tomó la decisión de disolver la Comisión de Belice –integrada por expertos en el tema–, por no avisar oportunamente sobre el cambio de legislación que perjudicaría el diferendo.
No obstante, los ataques de la diplomacia beliceña en contra de Guatemala no se hicieron esperar, ya que el Canciller beliceño Wilfred Erlington en su discurso durante la 68 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, solicitó una solución definitiva al reclamo territorial de Guatemala, ya que consideraba que dicha disputa era una amenaza para Belice.
Mientras la Cancillería guatemalteca denunció que el vecino país estaba realizando acercamientos con las autoridades locales del norte del país, para proponer acuerdos de cooperación a espaldas de la diplomacia y de las autoridades del Gobierno.
Estos antecedentes han provocado un verdadero distanciamiento entre las dos naciones, sin que se tengan verdaderos avances que ayuden a la solución del conflicto, algo que aún no se ve a corto ni a largo plazo.
Fernando Carrera, ministro de Relaciones Exteriores, asegura que el tema no se encuentra en un punto frío, sino todo lo contrario: “Se acordó una consulta donde se suponía habían reglas claras en ambos países, y luego resultó que del lado de Belice se habían cambiado las reglas justo antes de que se firmaran los acuerdos”.
Por lo que Guatemala prefirió suspender la consulta para salvar el acuerdo, que es el punto más importante, “fue una decisión correcta” porque el ir a esa consulta hubiera generado mucho problema, dice el diplomático.
“Frente a esa desconfianza se fueron generando diversas manifestaciones de parte de Belice, la verdad es que nosotros nos portamos bastante pacientes con Belice a pesar de sus manifestaciones públicas, totalmente contrarias al clima que había sido acordado para avanzar en el proceso”, dice el Ministro.
Además, indica que se reaccionó fuerte frente a Belice cuando ese país decidió utilizar el foro de las Naciones Unidas para hablar del problema del conflicto limítrofe, cuando se trata de un diferendo que se discute en la Organización de Estados Americanos.
Por esas situaciones, según el diplomático, se decidió empezar a hablar más claramente de las medidas de confianza, cerrando el año en una nota positiva en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en donde se manifestaron muchos puntos en común acuerdo entre ambos países.
FRAGILIDAD DIPLOMÁTICA
Roberto Wagner, analista independiente, indica que el problema fue que prácticamente la diplomacia guatemalteca no pudo prever los cambios en las leyes de diferendo que hizo Belice, y por ende la consulta no se podía llevar a cabo con desventajas.
Agrega que el punto frío del conflicto en gran parte se debe a que se está en un año preelectoral y podría ser un tema de desgaste para el gobierno. “Creo que hay un punto frío porque el Gobierno está en la posición como lo han estado los Gobiernos anteriores, porque ellos no se quieren hacer responsables por meter la pata otra vez con el tema de Belice”.
Además, indica que se tienen que buscar otras vías, no solo vía Gobierno-Gobierno, sino que se involucren otros sectores de la sociedad, pues “se deben buscar vías alternativas a este tema, porque lo peor que podemos estar haciendo es seguirle dando largas al asunto”.
A criterio del analista, el conflicto puede seguir por unos veinte o cincuenta años más. “El problema es que Belice va sumando más puntos a su favor para que en un momento dado ellos puedan tomar una postura bastante más unilateral y forzarnos a un diferendo internacional que posiblemente ellos puedan ganar, en la medida en que nosotros no mostremos voluntad para resolver el conflicto”, indica.
Wagner expresa que existe una incertidumbre sobre el futuro del diferendo, sobre todo por el desinterés de las actuales generaciones; “hay personas jóvenes que no ven de la misma forma el tema de Belice como lo veían sus padres, donde decir que Belice es nuestro y parte de la identidad guatemalteca, hoy hay muchos jóvenes que están interesados en otros temas y consideran a Belice cosa del pasado”.
Según el experto, los jóvenes creen que el tema Belices se perdió “un territorio que se perdió y podría ser un país independiente, se ha perdido la concientización cívica que en un momento dado tenían los guatemaltecos y recuperarlo resulta sumamente complicado”.
Además, asegura que sí vale la pena seguir insistiendo en el tema, “siempre y cuando exista una verdadera voluntad de enfrentarlo con una política de Estado y estar abiertos a todas las posibilidades que pueden haber y al diálogo, un verdadero diálogo con los pares beliceños y no un diálogo confortativo”.
VOLUNTAD POLÍTICA
Rolando Palomo, exmiembro de la Comisión de Belice, indica que la resolución del caos solo se resolverá con la voluntad política de los gobiernos; “nosotros somos muy suspicaces del motivo o de la razón que le dio a este Gobierno para disolver la Comisión de Belice, porque fue un fundamento paladín”, indicó.
También afirma que la Comisión no fue de ninguna manera responsable que Belice haya cambiado su legislación, puesto que el trabajo que realizaba dicha instancia era en Guatemala.
A criterio del analista, si Guatemala lleva a la CIJ el caso será bueno, pero el resto dependerá de la voluntad política de los gobiernos. “El mayor problema que tiene Guatemala es la ignorancia que tiene una o dos generaciones atrás, es un caso que se olvidó en las generaciones. Parte de la pérdida de nuestra identidad nacional será la pérdida del caso Belice”, señala.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Guatemala reconoció en el año 1992 la independencia del Estado de Belice, reconociendo la autodeterminación del pueblo beliceño dejando pendiente la resolución del Diferendo Territorial.
El Gobierno de Guatemala en 1994 a través de una nota diplomática formuló reserva ante la Organización de Naciones Unidas en el sentido de que dicho diferendo seguía sin resolverse, por lo que el Gobierno de Belice aseguró estar dispuesto a negociar cualquier reclamo presentado por Guatemala.
Con fecha 18 de octubre de 1999, Guatemala reiteró a Belice formalmente la existencia del Diferendo Territorial circunscribiéndolo en la forma ahí expresada, como una forma de negociación, declarando finalizadas las reuniones técnicas para continuar con reuniones bilaterales auspiciadas por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Posteriormente Guatemala decidió sustanciar un Proceso de Conciliación que culminó en septiembre de 2002, siendo un proceso para la búsqueda de una solución jurídica al diferendo territorial, previo a someter cualquier asunto a la Corte Internacional de Justicia o a un proceso de arbitraje para agotarse los medios políticos de solución de conflictos que prevé el Derecho Internacional.
Guatemala rechazó las recomendaciones de los Conciliadores, y expresó la voluntad de emprender negociaciones directas con Belice y en esa virtud, el día 7 de septiembre de 2005 se firmó entre los gobiernos de Belice y Guatemala el “Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento a la Confianza”, que tenía como objeto permitir a las partes identificar de mutuo acuerdo los temas de hecho y de derecho objeto de la negociación para resolver el diferendo.
El 8 de diciembre de 2008 se firmó, en la sede de la OEA, el Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la CIJ, considerado un logro histórico sin precedentes en las relaciones bilaterales entre ambos países.
Posteriormente se suspende este proceso y el tema queda en un impasse, que no resuelve el tema del diferendo que se tiene con el vecino país.