La mañana del 5 de noviembre de 2005, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol transformaron la vida de Lilian Sian, de 27 años. Sus padres y hermana fueron víctimas de un accidente automovilístico, producto del impacto con otro vehículo, cuyo conductor aparentemente se conducía a alta velocidad y en estado de ebriedad.

Su caso ejemplifica la peligrosa realidad de las carreteras y calles en el país.

Según relata Sian, su familia volvía a la Capital de un servicio religioso en Sipacate, Escuintla. En el camino, sus familiares fueron víctimas de la imprudencia de otro conductor y fue hasta las dos de la tarde de ese sábado cuando recibió una llamada telefónica y le notificaron de lo sucedido.

“Me dijeron que habían fallecido. Y que mi hermana Noemí estaba grave”, dijo Lilian, quien con lágrimas en los ojos recuerda que ese momento su vida fue un calvario por no tener mayor información sobre el estado de sus familiares.

En esa oportunidad los cuerpos de socorro indicaron en el lugar que dos de los ocupantes de un primer vehículo fallecieron a causa de politraumatismo. Mientras Cecilia Noemí Sian, de 15 años de edad y hermana de la entrevistada, fue internada en el Hospital Roosevelt con una hemorragia interna.

En tanto, el victimario, un joven de 23 años, quien aparentemente estaba bajo efectos de licor, quedó empotrado al frente del otro automóvil y herido fue trasladado al mismo centro asistencial en estado grave. Minutos después falleció.

Casos como el de Lilian y su familia ocurren diariamente en la ciudad capital y en el interior del país, donde la falta de respuesta de las autoridades en materia de prevención de accidentes y la irresponsabilidad de pilotos de vehículos pequeños y autobuses son las causas principales para que se continúe elevando la cifra de víctimas mortales por percances viales.

De igual forma, el aumento del parque vehicular en el país de cierta forma contrasta con la capacidad de la infraestructura vial, y aunque ha habido acciones de las autoridades, sobre todo en la aplicación de sanciones, las mismas parecieran insuficientes derivado del alto número de accidentes viales que ocurren a diario en la Capital y las zonas urbanas del país.

Datos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), de la Ciudad de Guatemala, refieren que solo en 2013 ocurrieron 9 mil 478 accidentes viales, siendo los pilotos de automóviles particulares con 4 mil 522 casos (50%), los mayores responsables de estos hechos. Le siguen los accidentes provocados por buses urbanos de transporte con mil 126 y 893 percances en donde se vio involucrado el transporte pesado.

Del mismo modo, el tráfico en la ciudad de Guatemala llegó a un punto en el que se ha triplicado, pues cuando deberían estar circulando 350 mil autos en la metrópoli, en la misma circulan diariamente un millón de vehículos, sumado a la incorporación de 220 mil automotores más este año.

Amílcar Montejo, intendente de la PMT capitalina, señala que el actual Reglamento de Tránsito es débil y obsoleto en cuanto a la imposición de multas, y destacó la responsabilidad que tienen que asumir los conductores y el Estado por medio de la prevención.

De lo contrario, opina, se seguirán registrando colisiones con resultados “lamentables”. Montejo agrega que en promedio ocurren 35 accidentes de tránsito diariamente en el perímetro de la ciudad.

“En una semana se detecta a 25 conductores ebrios. La multa es de Q500 por circular en estado de ebriedad. Esta es una multa que está al alcance, aunque es una infracción mínima y leve. Lo que el Estado debe hacer es catalogar la ebriedad como un delito, para no imponer una multa sino una orden de prisión obligatoria”, explica la PMT.

REFORMAS

Se pretende que el próximo lunes 1 de abril sea presentada en el Congreso de la República, una iniciativa de ley que permita reformar el Código Penal, para que a los pilotos que manejen en estado de ebriedad y provoquen un accidente de tránsito, se les sancione con prisión preventiva o multas de Q25 mil hasta Q50 mil.

El diputado Edgar Cristiani, quien preside la Comisión de Gobernación en el Legislativo, argumentó que lo que se pretende es que esta falta se tipifique como un delito porque “es una irresponsabilidad muy grande que puede cambiar de manera negativa la vida de las familias guatemaltecas”.

El parlamentario acusa poca voluntad política de parte de las PMT para aplicar sanciones efectivas por faltas como no portar licencia de conducir o atender el celular mientras se conduce, y anuncia que dentro de las reformas podría incluirse la posibilidad de que cada cierto tiempo, los conductores se vean obligados a realizar pruebas de manejo en academias.

Por su parte, Amílcar Montejo opina que la iniciativa “es buena” si lo que busca es un cambio en la actitud del conductor y espera que no sea una cuestión política para la obtención de votos.
 
Para el funcionario de la PMT, también se debería fiscalizar a las escuelas de manejo, ante la queja ciudadana de que en las mismas se “compran” y otorgan licencias a “diestra y siniestra”, sin el respectivo control, lo cual hace que cualquier persona, aun sin preparación o experiencia, pueda obtenerla.

“Debería de sancionarse y encarcelar a quienes dan la oportunidad de obtenerlas, porque vemos que la gente porta licencias que no corresponden a la conducción que llevan. Es un problema de conciencia”, puntualiza Montejo.

POCAS SANCIONES

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil diariamente reporta de 15 a 20 sanciones dentro de los operativos que instalan en las principales rutas de acceso al departamento de Guatemala y otras en el interior del país.

Así lo informó Dalia Santos, vocera de la institución, quien agrega que para contrarrestar la peligrosidad en las carreteras, mantienen estos operativos todo el año para controlar a los pilotos y disminuir las cifras mortales.

Sin embargo, Santos subraya que no basta con emitir sanciones para reducir los hechos de tránsito, sino debe conllevar un compromiso solidario tanto de pasajeros de buses, conductores y autoridades.

No obstante, el problema principal radica en que la PMT y la PNC ya no tienen presencia en algunos puntos a altas horas de la noche, lo cual es aprovechado por automovilistas que exceden los límites de velocidad en la ciudad capital.

Asimismo, se piensa que el número de accidentes aumenta durante los feriados más importantes, como Navidad y Año Nuevo, debido al aumento en el consumo de drogas y alcohol.

En cambio, para la portavoz de la PNC, en los percances viales intervienen el factor humano cuando no se porta una licencia de conducir o la suficiente experiencia para conducirse en la vía pública; el factor vehicular ante la falta de inspección de los mecanismos de funcionamiento de los vehículos.

Por último está el factor ambiental como las condiciones de lluvia que genera que los automovilistas no tomen las precauciones necesarias y aumentan los hechos de tránsito por el asfalto resbaladizo, poca visibilidad y peatones que se cubren de la lluvia con elementos que no les permiten ver ambos lados de la vía pública.

Dentro de los planes de mitigación del Departamento de Tránsito de la PNC está la contratación de un Estudio sobre Accidentalidad para el Diseño de una Estrategia Nacional para la Sensibilización y Desarrollo de una Cultura de Precaución en pro de la Seguridad Vial, a través del Ministerio de Gobernación.

El estudio fue puesto a licitación en el portal Guatecompras, en octubre del año pasado, bajo la modalidad por excepción y adjudicado a la empresa Servicios Paleo, Sociedad Anónima, por un valor de Q15 millones 950 mil.

LA MÁS PELIGROSA

No hay que dejar de lado que también muchas de las empresas de transporte extraurbano registran varios accidentes al año, sin que se tomen medidas o sean sancionadas por las autoridades encargadas del control y regulación del tránsito, tanto en las periferias como en las principales rutas de salida e ingreso a las cabeceras departamentales.

A decir de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los medios de transporte público saturados e inseguros contribuyen a elevar las cifras de personas con traumatismos y víctimas mortales por accidentes de tránsito, en particular en los países de ingresos bajos y medianos como Guatemala.

De igual manera, según un informe emitido por el Observatorio de Seguridad Vial de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), la ruta CA-1 Occidente, mejor conocida como ruta Interamericana, es el tramo carretero más peligroso del país, puesto que es donde se reporta la mayor cantidad de accidentes de tránsito el año pasado.

Esta carretera abarca casi 340 kilómetros desde la ciudad capital de Guatemala hasta comunidades como La Mesilla y La Democracia, en el departamento de Huehuetenango, pasando por el municipio de San Lucas Sacatepéquez y la cabecera departamental de Chimaltenango, por mencionar algunos puntos.
 
El documento señala que el año pasado hubo aproximadamente 395 percances en ese tramo, es decir más de uno por día, en el que fueron involucrados 569 vehículos. El total de víctimas mortales en esta ruta asciende a 169, mientras se reportan 669 personas lesionadas por los percances. Según el estudio, en 2013 hubo 665 defunciones a consecuencia de choques automovilísticos en el plano nacional.

Asimismo, de los 395 hechos de tránsito que se suscitaron en la CA-1 Occidente, 146 fueron de personas atropelladas, lo cual representa el 37% de estos hechos.

IMPACTO EN EL BOLSILLO

El impacto negativo, tanto social como económico, que ocasionan los accidentes de tránsito, trae consecuencias que no sólo requieren de atención médica, sino también repercuten en pérdidas reflejadas en el salario de un trabajador, pago por daños a propiedades, o discapacidades físicas o mentales, que pueden ser transitorias o permanentes.

Fuentes oficiales indican que aproximadamente cada año se gastan US$6 millones en la atención a víctimas de un accidente de tránsito; de estos cerca de US$5.4 millones gastados en hospitalizaciones, donde los pacientes estuvieron en promedio hasta 6 días, entre otros servicios médicos o compra de medicinas.

Es por ello que se piensa que la seguridad vial debe ser un tema de abordaje integral en el país, como resultado del esfuerzo consciente de grupos del sector social, gubernamentales y no gubernamentales, para que se reconozca la elaboración de políticas y programas destinados a la prevención de accidentes, así como una serie de recomendaciones que se deben adoptar para que el desplazamiento en un vehículo sea más seguro, tanto en la ciudad como en carretera.

Al respecto, Edgar Guerra, jefe de la Defensoría del Usuario del Transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, afirma que no se están realizando los esfuerzos suficientes en materia de prevención por parte de las autoridades encargadas de la regulación del tránsito, quienes siempre se excusan en la falta de recursos en las instituciones.

“Siempre se habla de fortalecer la Dirección General de Transportes, que se va a crear una Superintendencia de Transporte, pero nunca pasa nada porque no hay voluntad política”, argumenta el delegado de la PDH.

Guerra indica que también pesa el desconocimiento del Reglamento de Tránsito por parte de los pilotos, especialmente quienes conducen unidades de transporte extraurbano y con más de 25 años de antigüedad, poniendo en riesgo la vida humana en la carretera. 

“La velocidad no es respetada y se ha constatado in situ que tanto automóviles como autobuses colectivos y motos, circulan a más de 140 kilómetros por hora, cuando lo permitido en ley es 80 kilómetros por hora máximo. El desconocimiento de la ley y la imprudencia son la fórmula perfecta para un hecho de tránsito”.

Del mismo modo, no descartó, aunque no existan denuncias en la PDH al respecto, que se estén dando actos de corrupción en el Departamento de Tránsito de la PNC y la Dirección General de Transportes al momento de otorgar licencias de conducir e insta a la población a denunciar este tipo de actos en el Ministerio Público para la persecución penal correspondiente.