En una tarde reciente media docena de niños cruzaron por la plaza principal cuando iban rumbo a casa tras salir de la escuela en esta comunidad enclavada en las remotas montañas del sur de México y considerada entre las más pobres del país.

Los vientres de algunos lucían un poco abultados. Sus brazos eran tan lánguidos como los de los niños más pequeños.

A unos cuantos metros, un menú colgado en la pared de un comedor comunitario instalado por el gobierno prometía atole de avena con leche y galletas, huevo con carne, arroz y agua de jamaica, una popular bebida hecha de los pétalos de una conocida flor mexicana.

Pero el comedor estaba cerrado. Cinco largas mesas lucían vacías y varias sillas de plástico estaban apiladas junto a una pared.

Los residentes del poblado dijeron que el comedor había operado de manera esporádica y el gobierno no ofreció una explicación sobre los motivos por los que en ese momento el comedor no estaba funcionando.

Poco más de un año después de que el presidente Enrique Peña Nieto lanzara lo que llamó una cruzada nacional contra el hambre, el gobierno dice que tres millones de mexicanos ahora comen mejor. Sin embargo, algunos expertos cuestionan estas cifras porque creen que no hay información precisa para medir el avance de una estrategia que, dicen, nació mal diseñada.

En visitas a tres de los comedores comunitarios que supuestamente estaban en operación en Guerrero, uno de los estados más pobres del país y donde se localiza el poblado de Cochoapa el Grande, periodistas de The Associated Press no encontraron ninguno abierto. Funcionarios estatales entrevistados dijeron que no tenían conocimiento de una cuarta cocina comunitaria supuestamente instalada en el puerto de Acapulco pese a que el gobierno federal afirma que había sido allí establecida.

México ha sufrido históricamente de altos niveles de pobreza y desigualdad económica pero Peña Nieto es el primer presidente en enfocarse específicamente en el «hambre», que considera que es el mayor problema que padecen los más pobres del país.

Esta cruzada, enfocada de manera inicial en 400 de los más pobres y más malnutridos municipios de más de los 2.400 que hay en el país, no es un programa social en sí mismo sino una estrategia que aglutina diversas acciones sociales del gobierno ya en marcha, como las transferencias monetarias a las familias más pobres.

Lo nuevo es la iniciativa de los comedores comunitarios que buscan mejorar la alimentación de la gente.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura considera que una persona padece hambre cuando por lo menos durante un año el alimento que ingiere no cubre sus necesidades energéticas mínimas. Pero el gobierno de México ha hecho una definición más flexible al considerarla como la situación que enfrenta una persona que está en pobreza extrema y además tiene carencias alimentarias.

El mismo organismo responsable de medir el éxito de la cruzada reconoce que al menos durante otro año no habrá manera de saber con precisión si la estrategia ha cambiado la situación de los siete millones de mexicanos que el gobierno dice padecen hambre en un país que, al mismo tiempo, tiene las tasas más altas de obesidad del mundo.

«Nuestra labor será medir en campo para verificar que eso sea cierto», dijo a la AP Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dijo que en este momento aún «es muy difícil que haya resultados» y por eso su oficina prepara, junto con el Instituto Nacional de Estadística, un primer acopio de información en el campo en el segundo semestre de 2014 y cuyos resultados se conocerán hasta 2015.

Pero esa realidad no ha impedido que las autoridades hablen de éxitos.

«A un año de distancia resulta muy alentador ver y apreciar avances, que de esos siete millones… tres millones de mexicanos hoy en día, a un año, tienen asegurada una mejor alimentación», dijo Peña Nieto a finales de enero.

Para algunos observadores las afirmaciones del gobierno sobre el éxito de la cruzada se sustentan simplemente en la matriculación continua de mexicanos en programas sociales iniciados con gobiernos anteriores.

Críticos también señalan al gobierno de hablar de logros sin que haya manera de probarlo en este momento, en un reflejo de su preferencia por la forma más que por la sustancia.

«Me parece que hay éxito en el plano de procesar legislativamente algunas reformas controvertidas, pero pues todavía no hay resultados», dijo a la AP Edna Jaime, directora del centro de análisis de políticas públicas ‘México Evalúa’, en referencia a una serie de medidas legales impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso que no se han traducido en cambios dramáticos en el país. «Este paquete de reformas no logra cambiar nuestra perspectiva y tampoco la realidad está dando muestras de que vamos mejor».

El gobierno ha dicho que Guerrero ha sido el primer estado donde se abrieron las cocinas comunitarias para ayudar a recuperarse luego del daño causado por el paso de la tormenta Manuel en 2013. Los comedores, se supone, deben abrir de lunes a viernes y ofrecer gratis desayuno y comida.

En una mañana reciente en Cochoapa El Grande, la AP constató que el almuerzo no se preparó y que nadie se presentó durante todo el día a reclamar su ración. Otro comedor, en el pueblo cercano de San Miguel Amoltepec, estaba cerrado.

Omar Garfias, secretario técnico de la llamada Comisión Intersecretarial de la Cruzada contra el Hambre, dijo a la AP no saber los motivos por los que esos dos comedores no estaban en operación pero dijo que problemas específicos con dos comedores no deben llevar a creer que el proyecto en su conjunto no funciona.

«Claro que tenemos que eventualmente identificar qué problemas tenemos y cómo irlo mejorando, pero eso no descalifica la herramienta», dijo.

La Secretaría de Desarrollo Social ha señalado que se han instalado al menos 500 comedores a los cuales pueden asistir niños, mujeres embarazadas y mayores de 65 años. Asegura que ahí se ofrecen 120.000 raciones de alimento a diario.

También ha dicho que se instalaron dos cocinas en el puerto de Acapulco. Pero en una visita reciente, la AP sólo encontró uno de los lugares donde se suponía que debía estar un comedor pero no estaba aún en operación.

Florentino Vázquez López, un campesino de 44 años, dijo que a veces manda a algunos de sus seis hijos al comedor de Cochoapa, donde deben dar una cuota de entre dos y tres pesos por persona o, si no tienen dinero, al menos llevar leña.

En San Miguel Amoltepec, a unos 20 minutos en un camino no pavimentado desde Cochoapa, algunos residentes dijeron que también deben dar una cuota similar en efectivo o llevar leña. Unos comentaron que el comedor había cerrado dos días antes porque se agotó la comida.

Gran parte de la comida que se usa en esas cocinas son enlatadas y enviadas desde las principales ciudades, algo que para expertos y observadores impide la promoción del desarrollo de la agricultura local que permita a los propios habitantes a salir de la pobreza.

Para Xaviera Cabada, coordinadora de la campaña de Salud Alimentaria de la asociación civil El Poder del Consumidor, los programas de combate a la pobreza en México han sido tradicional un «modelo asistencialista (que) de alguna forma perpetua ciclos de pobreza» en los lugares que se aplica.

«La cuestión es que los programas deben de ir inclinados no sólo a una cuestión asistencialista, sino que se realice de una forma participativa, donde la comunidad busque sus propias soluciones y tú como gobierno funciones como facilitador», dijo.

Garfias cree que el hecho de que la AP haya visto esos comedores sin funcionar en un recorrido es un reflejo de que no se trata de un modelo impuesto o que sólo busque dar una imagen distorsionada.

«Si fuera una imposición institucional, entonces siempre encontrarías aunque sea un empleado que estuviera acostado con la comida hecha y diciendo ‘no llegó nadie»’, comentó el funcionario.