De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos correspondiente al segundo semestre del año 2013, ENEI-2-2013, el desempleo abierto en Guatemala descendió a 3 por ciento el año pasado.
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La tasa de desempleo abierto reflejó una leve caída de 3.2 a 3 por ciento en el año 2013, según los resultados presentados en una rueda de prensa, de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos realizada en el segundo semestre del año pasado por el Instituto Nacional de Estadística.
De acuerdo a la ENEI-2-2013, en el primer semestre del año pasado, 188 mil 683 personas estaban desempleadas en Guatemala, mientras a finales de 2013 la cifra se redujo a 179 mil 243 personas.
Asimismo, el INE dio a conocer que actualmente 9 millones 894 mil guatemaltecos se encuentran en edad mínima para trabajar, sin embargo la Población Económicamente Activa (PEA) la conforman 5 millones 990 mil personas en el país.
Además de los casi seis millones de guatemaltecos que integran la PEA, se calcula que solo el 20% tiene vinculación al Seguro Social.
La encuesta realizada por el INE también señala que el promedio del ingreso laboral ronda por mil 893 quetzales, por debajo del salario mínimo actual de Q2 mil 530 para el sector agrícola y no agrícola.
Al respecto, Hugo Maùl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, opinó que existe un problema “grave” de falta de empleo formal adecuadamente remunerado y con cobertura de Seguro Social en el país, con mucho mayor énfasis y crisis en el interior de la República.
“Otro mensaje que se envía es que la legislación y regulación laboral es imposible hacerla cumplir porque la mayor parte del empleo está siendo generado en empresas familiares y de pequeña escala. La situación es dura y complicada”, agregó el del CIEN.
En tanto, Rubén Narciso, gerente general del INE, se limitó a decir que la intención de la institución es generar datos disponibles a los usuarios para que puedan hacer un uso potencial de los resultados para “un diagnostico real de un fenómeno social” y así monitorear si las acciones gubernamentales que se están implementando en materia laboral están siendo o no efectivas.