El Partido Patriota (PP) buscará la continuidad en el Gobierno en las elecciones generales de 2015, lo que implicará que varios de los actuales funcionarios se involucren en la campaña política.
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Esta situación supone un dilema sobre la independencia de las funciones públicas y las actividades partidarias, así como del manejo de los recursos públicos en medio del gasto en el proselitismo.
Fuentes del PP aseguran que el abanderado oficialista para optar a la Presidencia es Alejandro Sinibaldi, actual ministro de Comunicaciones, aunque su confirmación depende de los trámites que aún debe realizar la agrupación política en el proceso de selección de candidatos.
Ante este panorama, el PP afronta el dilema de marcar una distancia entre las actividades partidistas y las oficiales, y separar los recursos de campaña del erario nacional, lo cual ya deja varias dudas en la sociedad civil.
Sinibaldi ha declarado a periodistas que se dedicará a las actividades partidarias durante su tiempo libre, lo cual ha sido respaldado por el mismo Pérez Molina, quien ha dicho que los ministros tienen permiso de participar en las actividades del partido fuera de sus funciones o durante fines de semana.
No obstante, la figura del Ministro se ha posicionado a través de una importante campaña de publicidad oficial pagada con fondos públicos, y a la vez ha participado en actos oficiales en los que no tiene competencia, como la condecoración de policías o la entrega de asistencia social, destacando como una figura política llamativa para el electorado.
Ante esa situación, surgen las dudas: ¿Cuál es el tiempo libre de un funcionario al que se refieren las autoridades? ¿El posicionamiento de figuras políticas con fondos públicos es aceptable?
En anteriores declaraciones, la vicepresidenta Roxana Baldetti indicó que su horario laboral terminaba a las 17 horas y posteriormente participaría en actividades del partido. Sin embargo, aun en su tiempo libre, cuando se alejan de sus compromisos de trabajo, los funcionarios gozan los privilegios propios de sus cargos y eso genera dudas sobre su visión de la campaña.
Un fin de semana reciente, funcionarios del Gobierno participaron en un acto del PP en un hotel ubicado en las afueras de la Ciudad y aunque aseguraron que estaban fuera de sus funciones, sí se observaron vehículos oficiales en el encuentro, así como guardias de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS).
ARGUMENTOS PATRIOTAS
El diputado Juan Alcázar, secretario de Comunicación del PP, indica que las actividades del partido se realizan los fines de semana y muchas veces fuera del horario de oficina. “El fin de semana (los funcionarios) pueden hacer lo que quieran y si eso es participar con el partido, no hay nada que lo impida”, indica.
El legislador asegura que durante los fines de semana los funcionarios disponen de su tiempo y por eso La Hora le cuestionó si además de dejar de lado sus obligaciones, también deberían apartarse de sus privilegios, como el uso de auto oficial o la seguridad pública, e incluso si consideró ético que cuenten todo el tiempo con el derecho del antejuicio.
El diputado del PP contestó que los funcionarios no deberían perder su derecho de antejuicio porque “son cosas distintas”, aunque no dio un argumento claro sobre por qué en su lógica de trabajo se dejan las obligaciones y se mantienen los privilegios.
En el caso específico de Sinibaldi, Alcázar dice que el ministro trabaja en horas de oficina y está a cargo de todo. Por otro lado, dice, los fines de semana se ha dedicado a viajar.
“Me sorprende cuando los medios de comunicación hablan que él está haciendo campaña; tiene dos años de viajar a ver e inaugurar obras, a hacer cuestiones que son competencia de su cartera y es lo que ha venido haciendo y seguirá haciendo”, señala. “Paralelo a eso, que él se pare a hablar en alguna tarima con sus correligionarios es distinto, porque voto no está pidiendo. Ni él ni nadie. No es momento todavía. Allí simplemente se está hablando con las bases y los correligionarios para decir que es lo que uno quiere hacer”, dice Alcázar.
Según el diputado ser funcionario público es como cualquier profesión, y cuando se está ejerciendo en horarios de oficina su trabajo es su responsabilidad. Al ser cuestionado sobre el horario de Baldetti, declaró que se trata de algo diferente, porque un vicepresidente o un presidente ostentan el cargo todo el tiempo.
Alcázar dice que “todo guatemalteco, todo empleado tiene derecho y trabaja en un horario, tiene descanso y en este caso ese tiempo de descanso lo utiliza para la campaña”. Además, refiere que “la simpatía no la gana el cargo, la gana la buena ejecución y el desempeño del cargo; una persona que no supo llevar sus responsabilidades, que lejos de dar buenos resultados lo que dio son problemas, ahí no gana ninguna simpatía aun así haga la publicidad que haga”.
ES DISTINTO
El diputado Aleksander Castillo, primer secretario del PP, indica que el tiempo libre de un funcionario se define una vez que no se comprometa a las instituciones. “En el caso de nosotros, los diputados, es distinto porque nuestro quehacer político son los siete días de la semana”.
En el caso de los ministros, secretarios o trabajadores no pueden participar en actividad política en horas de trabajo, pero bien pueden disponer de su tiempo los sábados o domingos, dice Castillo.
En cuanto al uso de los recursos del Estado para la promoción de un candidato, el legislador del bloque naranja indica que “se debe de cuidar de no usar recursos, no politizar los programas y básicamente no utilizar ningún recurso, desde un vehículo hasta una hoja de papel, para cualquier cosa del partido”.
Además indica que es un dilema el que los funcionarios usen sus cargos para posicionar imagen y empezar a ganar simpatía porque “no se puede utilizar un puesto para sacar un beneficio”. Sin embargo, considera que si se hace un buen papel en el cargo que se desempeña, ya sea en el Ejecutivo como el Legislativo, de alguna manera sirve para la imagen.
“No es utilizar el cargo para ganar votos, pero si uno hizo un buen papel en el cargo eso reditúa en la confianza de la población”, añade.
Castillo aclara que en estos momentos el PP está haciendo proselitismo y no campaña política; “creo que los partidos políticos desde el primer momento en que se gana una elección empiezan con el fortalecimiento de un partido, porque no se hace partido únicamente el año de las elecciones”, expone.
VIOLACIÓN A LA LEY
Por su parte Christians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, dice que los partidos políticos deberían permanecer en acción permanente para el fortalecimiento de la organización, sin embargo en Guatemala solo se activan en los periodos preelectorales y electorales.
El analista indica que los partidos políticos en sus actividades partidarias han mantenido una campaña de propaganda que está prohibida por la Ley Electoral y de Partidos Políticos: “Si bien es cierto en los últimos años los partidos se han mantenido activos, también han mantenido una propaganda que violenta la Ley”, aclara.
En el caso del partido oficial siempre la denuncia es que se utilizan la función pública y los recursos del Estado para posicionar a los rostros como candidatos, y según el analista, se trata de un abuso de los recursos estatales para posicionar los perfiles de sus candidatos.
Castillo indica que hay tres situaciones críticas sobre el proceso preelectoral. La primera es ¿De dónde salen los recursos y el costo de las campañas, no solo las que hace el oficialismo sino todos los partidos?
La segunda es que las campañas de propaganda no garantizan el fortalecimiento de los partidos, no logran institucionalizarlos y no logran democratizarlos, sino que únicamente mantienen la actividad para buscar votos.
Y en tercer lugar es que hay una ausencia total de un debate programático en las actividades de propaganda; “no se aborda ninguna de las problemáticas del país, no se aborda el tema de las principales preocupaciones y cómo se abordarán si llegaran al gobierno”, entonces la propaganda se está quedando en posicionar a “caudillos” señala Castillo.
ESTRATEGIA ELECTORAL
José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asies), señala que lo que se está viendo en la actividad política partidaria es una acción estratégica para fortalecer a los partidos de cara a las próximas elecciones.
Sanabria indica que el PP busca fortalecer elementos estratégicos, que en alguna medida contribuyen a que el partido tenga un buen desempeño en la contienda electoral.
Con respecto al uso de los recursos por parte del oficialismo, advierte que no se deben invertir para promocionar figuras, candidatos o partido alguno. “En ese sentido creo que aunque es necesario que el Gobierno cuente con una estrategia de comunicación, esta no debe estar respaldando o fortaleciendo la candidatura del posible candidato oficialista”, indica.
Según Sanabria dependerá de la agenda que el funcionario tenga para atender temas puntuales y más en un país donde las necesidades de la población requieren de una atención de los empleados públicos, entonces se tendrá que hacer una evaluación para saber en qué medida ellos pueden tener espacios para desarrollar la vida partidaria.
“Es un derecho constitucional que ellos tienen y el ejercicio de este no debe colisionar con las funciones que desempeñan en la administración pública, aunque es una línea muy tenue hay que hacer énfasis en este aspecto”, dice.
Ni Sinibaldi ni Baldetti contestaron a La Hora, para aclarar las dudas surgidas en torno a sus actividades políticas.
El artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece las prohibiciones durante cualquier proceso electoral:
* Usar los recursos y bienes del Estado para propaganda electoral.
* A los funcionarios y empleados públicos, dedicarse durante la jornada de trabajo a funciones o actividades de carácter político electoral, así como emplear su autoridad o influencia a favor o en perjuicio de determinado candidato u organización política.
* A los miembros del Ejército y de los cuerpos de seguridad del Estado o sus instituciones, participar en actos de carácter político o de propaganda electoral.
* A los empleados y funcionarios públicos, así como a los contratistas del Estado, informar, dar a conocer o inaugurar públicamente obras realizadas en cumplimiento de sus funciones y participar de cualquier forma en publicidad o propaganda de las actividades, gestión u obras realizadas.
Diputado Juan Alcázar
Secretario de Comunicación del PP