En enero pasado La Hora publicó un reportaje sobre obreros chinos que fueron atacados por personal de seguridad privada de la empresa Jaguar Energy Guatemala (JEG), que construye una planta eléctrica de carbón, en Masagua. Eran trabajadores de la firma China Machine New Energy, subcontratada para construir la planta, y con la cual hay conflictos legales todavía no resueltos.
Derivado de artículos que divulgué en defensa de los derechos humanos de los obreros asiáticos, un lector me sugirió visitar sitios cibernéticos porque JEG contrató o contratará a la empresa SNC Lavalin, de Canadá, para proseguir con la ejecución de la obra que generará 300 megavatios de energía eléctrica.
Según el blog de Foreing Corrupt Practices Act (http://www.fcpablog.com/blog/2013/4/18/ten-year-world-bank-debarment-for-snc-lavalin.html), el Banco Mundial no financiaría, durante diez años, proyectos de Lavalin, por presuntos actos de soborno cometidos en Camboya, Libia y Argelia; mientras Global Exchange, “Organización internacional de derechos humanos dedicada a promover la justicia social, económica y ambiental en el mundo”, incluye a Lavalin entre “las diez corporaciones criminales más buscadas” (“Top 10 Corporate Criminals List”), y señala el supuesto financiamiento ilegal de esa firma a los partidos canadienses Liberal de Quebec y Quebecois (http://www.globalexchange.org/corporateHRviolators).
La televisora CBC News, en su reportaje “Una breve historia de SNC Lavalin” revela que esta empresa presuntamente asignó US $56 millones en “pagos misteriosos” en Bangladesh y Libia; se le vinculó con un consultor canadiense que habría estado preso en México, acusado de ser el autor intelectual de un plan para que familiares de Gadhafi ingresaran ilegalmente a ese país; y que Riad Ben Aïsa, exfuncionario de la firma fue arrestado en Suiza, sindicado de fraude y lavado de dinero (http://www.cbc.ca/news/business/a-brief-history-of-snc-lavalin-1.1154986).
No me constan ni me fío de esas informaciones, pero dadas las confesiones de Portillo, por qué la JEG habría elegido a una compañía de dudosa reputación; y de ahí que es pertinente que Energuate, que le comprará 200 megavatios de energía a JEG para beneficiar a hogares pobres y que debe aprobar la subcontratación de Lavalin, investigue este asunto, lo mismo que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, porque si se confirman los señalamientos, JEG y Energuate, y el Gobierno mismo, podrían tener problemas.
(Romualdol Tishudo pregunta: -¿Para qué correr riesgos innecesarios?)