Dentro de las investigaciones derivadas por la contratación de obra sin respaldo presupuestario en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el Ministerio Público (MP) solicitó auditorías en alrededor de 1 mil 200 empresas privadas.
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Esta semana la Fiscalía contra la Corrupción envió un memorial a la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN), en el que pide formalmente que se realicen auditorías de gabinete y de campo en aproximadamente 1 mil 200 empresas para establecer el uso del gasto público.
Esto de acuerdo a un listado que en agosto del 2013 la cartera de Comunicaciones envió al MP, informando sobre los proyectos realizados que están pendientes de pago del periodo 2005-2010.
En el mismo listado el CIV señaló que en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), figura una deuda Q1,324 millones 358 mil 027.34, por servicios contratados entre los años 2007 al 2010.
Según el MP, los hallazgos que la Contraloría pudiera encontrar en la indagación a las mal de mil empresas tendrán que ser denunciados para que el órgano investigador inicie las pesquisas correspondientes.
De acuerdo con la información, la Fiscalía ya había tratado el tema en mesas de trabajo con la Contraloría, por lo que el MP consideró que las conversaciones eran suficientes para que ese ente iniciara las auditorías de oficio. Es por eso que la solicitud formal se realizó hasta esta semana.
RESULTADOS TARDARÁN
Al ser consultada, Aura Marina López, jefa de la Fiscalía contra la Corrupción, indicó que según su experiencia en estos casos, la respuesta de la Contraloría podría tardar entre ocho meses y un año.
En anteriores declaraciones rendidas durante una citación en el Congreso, Elizabeth Pacajá, directora de Auditoría Departamental de la CGCN, dijo que para llevar a cabo una auditoría forense de la deuda flotante se necesitan alrededor de 300 auditores, personal con el que actualmente no cuentan.
En tanto, actualmente el MP continúa con las investigaciones para determinar si los exministros y otros exfuncionarios vinculados al caso incurrieron en el delito de incumplimiento de deberes. Como parte de las indagaciones por el caso, la Fiscalía ya tomó la declaración las personas vinculadas a la denuncia.
Las pesquisas derivaron de la denuncia que interpuso la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) el 25 de noviembre del 2011, por no haber documentado los compromisos de pago sobre los contratos adquiridos entre los años 2007 y 2010. En ella fueron denunciados los exministros de la cartera de Comunicaciones: Manuel Eduardo Castillo Arroyo, Francisco José Unda Toriello, Luis Alfredo Alejos Olivero, Guillermo Andrés Castillo Ruiz y Jesús Insua Ramazzini. Además la Contraloría señaló a exviceministros de dicha cartera y a exdirectores de la Unidad Ejecutora de Covial.