Los diputados se resisten a hacer pública la información sobre sus salarios e ingresos, pese a que el Congreso mismo aprobó una Ley que obliga a transparentar la información sobre el ejercicio público. De esa forma, los legisladores no solo violan una importante normativa, sino que también siembran dudas sobre sus actuaciones, caracterizadas por la opacidad y falta de publicidad.

En el 2008 la mayoría de diputados aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, con la finalidad de definir los principios, objetivos, procedimientos y demás aspectos necesarios para dar seguridad y certeza a los ciudadanos que necesitaban hacer efectivo su derecho al acceso a la información.

Sin embargo, desde entonces, los mismos diputados se han resistido a cumplir con uno de los preceptos fundamentales que se establecieron en el Congreso con la aprobación de la Ley, que indica la obligatoriedad de hacer públicos los salarios y demás ingresos de los funcionarios.

Como ya había ocurrido antes, la Unidad de Acceso a la Información del Organismo Legislativo –responsable de cumplir con la Ley– se negó a entregar información a La Hora sobre los salarios, dietas y otros beneficios de los diputados, pese a que esos datos ya deberían estar colgados en el portal web del Congreso, como lo establece la normativa sobre los informes “de oficio”.

Se insistió con los ingresos de los principales directivos del Organismo Legislativo, pero tampoco hubo una respuesta favorable. No se cuenta con el detalle de los salarios de los funcionarios de Junta  Directiva del Legislativo debido a que los congresistas “no son funcionarios públicos sino dignatarios de la nación”, argumentó Dolores Zeledón, coordinadora de información de la Unidad.

No obstante, los legisladores, al igual que los mandatarios, tienen la responsabilidad de orden ético y moral de declarar sus ingresos, ya que son los máximos representantes de la sociedad guatemalteca y además ocupan un lugar escogido por el pueblo mediante el voto.

De esa forma, estos “dignatarios de la nación” violan sus propias leyes y, al mismo tiempo, siembran dudas sobre sus actuaciones, que en repetidas ocasiones son criticadas por la opacidad.

DERECHOS VIOLADOS

Pese a que el acceso a información pública es un derecho reconocido internacionalmente como un pilar de las democracias, en Guatemala pasa desapercibido en muchas instituciones y el Congreso de la República forma parte de las instituciones que cierran las puertas a la transparencia y la auditoría social.

Durante el 2013, la Comisión Legislativa de Probidad, presidida por el diputado Amílcar Pop, del Movimiento Winaq, trabajó para publicitar información del Ejecutivo y otras instituciones del Estado que permanecía oculta, incluyendo el Congreso de la República.

Pop indica que al momento de recopilar información se encontraron con que varias entidades incumplían con la Ley de Libre Acceso a la Información, incluyendo a la Junta Directiva del Congreso, que en ese momento fue presidida por el diputado Pedro Muadi, del Partido Patriota (PP).

La Comisión de Probidad logró que se incluyera en los distintos portales de las entidades información que sea de fácil acceso para la sociedad civil. Sin embargo, el Congreso sigue sin publicar en su portal electrónico el salario que devenga cada uno de los diputados.

CON DISCRECIÓN

Debido a los obstáculos interpuestos por la Unidad de Acceso a la Información del Legislativo, se procedió a consultar directamente a los diputados sobre sus ingresos, luego de que participaran en una sesión plenaria, aunque varios esquivaron las preguntas y otros no respondieron a los llamados de La Hora.

Y ante la ausencia de un impedimento para los diputados, también se les cuestionó sobre las actividades privadas que les generan ingresos, pues no está de más fiscalizar que sus empresas no se beneficien particularmente por su lugar en el Congreso.

Carlos López, de la agrupación TODOS, no especificó sus ingresos como diputado y empresario, pero indica que además de legislar funge como abogado en su oficina profesional y admite tener otros negocios familiares.

López señala que el sueldo como diputado es ajustado debido a que reside en un departamento y por el ejercicio en el Legislativo tuvo que mudarse a la Ciudad, lo cual incrementó considerablemente sus gastos.

El jefe de la bancada Libertad Democrática Renovada (LIDER), Roberto Villate, tampoco habló sobre sus ingresos y señaló que aparte de ser diputado se dedica a la docencia, pero advirtió no tener ninguna empresa que le genere un ingreso extra.

Pop no dio razón sobre su salario y explicó que antes de llegar a ser diputado al Congreso fungía como abogado y compartía un bufete con otros colegas, incluidas personas cercanas a su familia.

El diputado agregó que sigue dando asesoría en el bufete y aclara que esa actividad no es estable; además se dedica a la producción de cardamomo en Alta Verapaz, como una herencia que delegaron sus padres.

A pesar de que la unidad de información pública del Palacio Legislativo negó los datos sobre los ingresos de la Junta Directiva, el tercer vicepresidente, Manuel Barquín, indicó que su salario nominal es de Q9 mil 500 y se complementa con las dietas de sesiones que al final suman Q29 mil.

Sin embargo, este salario está sujeto a los mismos descuentos que los demás diputados y mensualmente Barquín redondea ingresos de Q27 mil 500.

El tercer vicepresidente reconoció tener un bufete corporativo y aunque ya no litiga, dijo que presta asesoría especialmente en resolución de conflictos. El ingreso mensual de Barquín por su bufete es de un aproximado de Q25 mil.

LAMENTABLE

Renzo Rosal, politólogo de la Universidad Rafael Landívar (URL), considera lamentable que se oculte información en el Organismo Legislativo, porque se presta a sospechas, dado que la Junta Directiva de ese órgano nominalmente tiene más salario y un conjunto de beneficios que no quedan claros si no se transparenta el uso de los recursos.

El experto señala que este tipo de restricciones deberían de evitarse, especialmente porque el periodo en el Legislativo apenas va a la mitad de su camino y los legisladores no han dado señales de transparencia a la ciudadanía.

Los vicepresidentes y secretarios de Junta Directiva tienen acceso a la caja chica y podrían verse involucrados de manera directa o indirecta en escándalos si la Unidad de Acceso a la Información no da a conocer el manejo de fondos, lo que tendría como consecuencia una tacha en la labor que realizan.

Además, Rosal enfatiza en que los diputados deben declarar los ingresos que tienen con empresas o negocios, estos aunque sean de orden privado. “Si se cuestionan es por el rol de ser funcionarios públicos. Por tanto, vale la pena que hagan público sus ingresos”, indica.

EL CÁLCULO

La única información disponible en el Congreso se refiere a salarios promedio, e indica que un diputado no importando a qué bancada pertenezca, devenga un sueldo de Q29 mil 150 mensuales, en los que se incluye Q9 mil 550 de salario base; Q9 mil 600 por dietas plenarias en caso de que cumpla con la asistencia; Q5 mil por gastos de representación y otros Q5 mil por dietas de comisiones de trabajo.

Según datos de Guatemala Visible, si se divide el sueldo de un diputado por 30 días, los congresistas ganan Q971.66 diarios.

Sin embargo, varios diputados de distintos bloques coinciden en que el salario mensual equivalente a Q29 mil 150 no es pagado por completo, debido a que la administración del Congreso de la República debita los cobros del seguro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), montepío, Impuesto Sobre la Renta (ISR) y teléfonos celulares, entre otros rubros, lo que minimiza el sueldo a un aproximado de Q24 mil 500 mensuales.

Por otro lado, el salario del presidente del Congreso equivale al monto de Q49 mil 150 mensuales que incluye Q9 mil 550 de sueldo base; Q9 mil 600 por sesiones plenarias; Q5 mil por dietas por comisiones de trabajo; Q5 mil equivalentes a gastos de representación; y Q20 mil por gastos de representación de Junta Directiva.

En el caso de los jefes de bloque además de los Q29 mil 500 tienen un bono adicional de Q1 mil por sesión de jefes de la agrupación.

En cuanto a las cajas chicas, el monto dependerá del número de diputados que tenga cada bloque; por ejemplo un bloque con dos diputados tiene una caja chica de Q3 mil, de los cuales Q1 mil es por bloque y Q1 mil por cada diputado.

Por ejemplo, un bloque que tenga 57 diputados, como el caso del Partido Patriota, tendrá una caja de Q59 mil mensuales. Los bloques tienen derecho a 12 cajas chicas durante el año.

ASISTENCIA EN EL PLENO

Según el artículo 62 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo en el tema de la asistencia a sesiones los diputados están obligados a asistir a todas las sesiones que celebre el Pleno del Congreso y a las que celebren las comisiones ordinarias y extraordinarias a que pertenezcan, así como a cumplir con cualesquiera otras labores que le encomiende el Pleno del Congreso de la República.

En caso a la inasistencia a sesión plenaria por parte de los congresistas, dará lugar a un descuento del 70% al 100% del emolumento diario.

La inasistencia a sesión de Comisión, dará lugar a un descuento equivalente del 30% al 100% del emolumento diario.

Sin embargo, no serán aplicables los descuentos mencionados, cuando medie excusa o licencia conforme a lo que establece la ley, o cuando el diputado asista otra sesión de otra comisión que se realice simultáneamente, indica el artículo 66 de Ley Orgánica.

Rosal, indica “toda la vida” los presidentes y funcionarios han mencionado que se le descontará las veces que falten a las sesiones del sueldo pero al final no lo hacen y resultan pagándoles todo.

“Hay un proceso de contubernio entre diputados que aunque puedan tener diferencias políticas cierran filas y todos terminan tapándose con la misma chamarra”, enfatizó Rosal.