(*) Ciudad de Guatemala. Poco antes de su asesinato, Manuel Colom Argueta dio una larga entrevista a un corresponsal de Latin American Political Report (LAPR), de visita en Guatemala. Por el significado de su análisis del actual escenario político de Guatemala, la publicamos aquí in extenso:

La clase en el poder, el cual comparte con el ejército, no es homogénea en sus intereses y puede ser dividida en un número de grupos influyentes dentro de los cuales uno de los más poderosos es el sector comercial. Este grupo, que posee fuertes vínculos con el general Ricardo Peralta Méndez, es particularmente agresivo en la forma en que usa su influencia y provee mucho del financiamiento para la actual represión. Bastante favorecido por las políticas del presente gobierno, este sector fue el autor del asesinato de Alberto Fuentes Mohr (LAPR XIII, 5).

Igualmente fuerte es el sector agroexportador al cual pertenecen Raúl García Granados, organizador de la Mano Blanca en 1966, y Jorge García Granados, líder del Partido Revolucionario y el poder detrás del trono del presidente Romeo Lucas García. Dentro de este sector podemos distinguir entre los millonarios emergentes del dinámico negocio del algodón y la anacrónica derecha conservadora de los caficultores.

Existe también el tradicional sector industrial monopolista, del cual el coronel Enrique Peralta Azurdia es la cabeza visible. Este sector se encuentra ahora en conflicto con el gobierno, como el caso de Cementos Progreso lo muestra (Briefcase LAPR VI, 48 & VII, 7).  No es un caso de rivalidad entre hombres de negocios sino de golpes entre mafias rivales.

Durante las administraciones de Arana y Laugerud, el sector bancario ha sido crecientemente penetrado por el capital extranjero.  No obstante, el sector financiero guatemalteco es extremadamente fuerte y se esconde detrás de los aparentes detentores del poder. Su hegemonía le permite decidir la política económica para el gobierno pero, debido a sus conexiones internacionales, sus intereses están siempre subordinados a los intereses de la inversión extranjera.

 Cada nuevo gobierno es elegido por la jerarquía militar y por la oligarquía quienes negocian sobre el candidato presidencial. Es muy cómodo tener un presidente disponible que puede ser comerciado cada cuatro años “democráticamente electo”.  Esto evita la mancha de una dictadura personal. Una característica distintiva del presente gobierno es que éste ya no tiene el poder para arbitrar en los conflictos interoligárquicos. La corrupción es la regla y el ejército participa en pactos de negocios de envergadura.

La actual estrategia de poder es selectiva. Intenta destruir toda resistencia popular organizada, la cual ha crecido contantemente desde 1963. Si se mira hacia atrás, se verá que cada asesinato individual es el de una persona clave. No se trata de personas de la misma orientación ideológica sino simplemente de la gente que, en cada sector o movimiento, ha tenido la capacidad de organizar al pueblo alrededor de una causa.

Mucha de la culpa por la actual violencia puede colocarse a la puerta del ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, miembro del Partido Institucional Democrático (PID). Por supuesto al jefe de policía, coronel Chupina Barahona, ha estado involucrado, pero el poder y el papel del general David Cancinos Barrios deben ser particularmente señalados (Jefe del Estado Mayor del Ejército y cabeza del servicio de inteligencia G2).

Hay otra razón para la represión: la guerra civil en Nicaragua. El conflicto de las tarifas de buses de septiembre (LAER VI 39) dio al gobierno la excusa que necesita para actuar. El gobierno militar de la región adoptó un plan de acción articulado. Más gente está muriendo aquí que en Nicaragua, pero nadie sabe que existe una guerra en contra de la población.  Estimamos que en los últimos tres meses ha habido más de 2 mil asesinatos. Muchos fueron delincuentes comunes, víctimas de la policía, pero también están aquellos asesinatos bajo contrato como resultado de las disputas interoligárquicas y las víctimas de la estrategia gubernamental de represión selectiva.

Es interesante notar, sin embargo que, mientras existen luchas internas en la clase gobernante, el ejército no asesina dentro de sus filas. El Instituto de Previsión Militar (IPM) es el medio del ejército de asegurarse lealtad dentro de sus rangos y filas.  El ejército es el partido político número uno en este país.

Podemos ver cómo periódicamente se toma la decisión de aminorar o debilitar (pero nunca de disolver) las fuerzas paramilitares.  Hay períodos de cierto respeto o tolerancia por los derechos humanos.  Por ejemplo, un año antes de las elecciones siempre hay un período de sonrisas y promesas acerca del futuro.

Mario Sandoval Alarcón, (líder del MLN) es un bufón extraído de la edad media. El ejército lo utiliza bastante, pero él también sabe cómo usar al ejército.  Su disputa con el PID es sobre cómo el poder debe ser compartido, no sobre enunciados ideológicos. Sabe cómo chantajear al ejército. Está dispuesto a aceptar la culpa por muchos de los crímenes cometidos por el ejército y exige su parte de poder a cambio.  Ha sido hábil al involucrar a oficiales del ejército en sus negocios. Desea polarizar la lucha política para hacerse a sí mismo y a su movimiento indispensable como “bastiones contra el comunismo”.

Jorge Skiner Klee es el gran desnacionalizador de nuestros recursos naturales. Es un abogado que ha delineado cada ley antipatriótica de este país. Fue abogado de la United Fruit Company, terminó de delinear la Constitución de 1956, es el autor de leyes que han destruido la reforma agraria y de las que han entregado al petróleo a los intereses extranjeros. Es, también, profesor en la escuela de estudios militares. Lo conozco bien, lo conozco en detalle, y ésta es la razón por la que me odia.

El gobierno está tratando de darse a sí mismo un disfraz democrático, que es por lo que está reconociendo mi partido (el FUR). Pero, a cambio, puede querer mi cabeza.

* FUENTE: Latin American Political Report (LAPR), 6 abril 1979, volumen  XIII, número 14.