No pasa un día sin que falten en los medios de comunicación las denuncias porque una entidad pública sobrepagó determinado producto o servicio o que amañadamente está en vías de hacerlo. Tampoco extraña la reiterada respuesta de “lo vamos a investigar” de los encargados de velar porque cosas como estas no ocurran. Una diputada acaba de denunciar la compra de una vacuna para evitar el cáncer de cérvix al precio de Q918 la dosis, cuando el mismo producto lo está cotizando la Organización Panamericana de la Salud a un costo aproximado de Q110, aun teniendo el mismo nombre comercial.

Esto mismo viene ocurriendo en nuestro país sin ninguna variación desde hace muchos años. Siempre las mismas denuncias. Siempre las mismas respuestas. Mientras que sea cual fuere el orden o giro de operaciones de una entidad estatal, la corrupción sigue igual, pasando encima de la ley de compras y contrataciones a su sabor y antojo, importándoles un comino el mentado Portal de “Guatecompras”.

De ahí que cuando tanto se habla de exigir a los nuevos funcionarios pruebas de su honorabilidad comprobada antes de ocupar un cargo público la población mejor se ríe, pero lo que en verdad causa es llanto, no tanto por los fondos públicos que los deshonestos se embolsan, sino porque los funcionarios de turno siguen creyendo que el pueblo en general es un baboso que todo lo que le digan se lo cree. La risa entonces es de rabia. Esa mezcla de dolor y enojo se origina porque los sinvergüenzas tienen más poder y capacidad de maniobra en Guatemala que aquellos que cometieron el gran pecado de haber seguido toda su vida los buenos valores y principios que sus antecesores le inculcaron.

Lo peor de todo, es comprobar que la desfachatez es contagiosa. De un tiempo a esta parte, hemos escuchado a gente del interior que viene a la ciudad capital a exigirle al presidente Pérez Molina que nacionalice la energía eléctrica para que la población pueda disfrutar de precios mucho más asequibles del kilovatio/hora de la misma. Lo que seguramente no les han dicho es que si lo manejara el Estado entonces lo que hoy está pagando o mejor dicho, queriendo evadir, sería el doble o triple de caro pues seguramente los insumos que adquirirían funcionarios de la misma estirpe serían mucho más costosos. Claro, nada se pierde con pedir pero ¿Qué clase de honorabilidad tienen los demandantes cuando lo que han estado haciendo es robarse el fluido eléctrico e incluso, incitar a que otros lo hagan a cambio de recibir dinero por cometer dicha fechoría?