El expresidente, Alfonso Portillo, se declaró culpable ayer con una contundente frase ante el juez en la que, más que sentenciarse él, ha sentenciado las prácticas sucias de un país que ha mantenido su estatus ante la comunidad internacional a base de chantajes y compra de voluntades.

¿Cree alguien, acaso, que es Alfonso Portillo el primero y el último de los presidentes que durante su mandato cometió, como lo califica él, el delito de haber aceptado los fondos con los que le compraron la voluntad para que mantuviéramos el reconocimiento a Taiwán?
 
Estamos ante un caso que es paradigmático porque por primera vez un expresidente guatemalteco ha aceptado su culpabilidad ante una instancia judicial y, en este caso, en la nación más poderosa para nosotros.  Alfonso Portillo entendió que era mejor aceptar lo sucedido antes que seguir en ese limbo legal que le mantiene dentro de una prisión a la que, al menos, debería de  someter a muchos exmandatarios y exfuncionarios más que han sido tan culpables como él en las decisiones que, por error o ambición, han tomado en sus períodos de ejercicio.
 
Es culpable, pero hablando de ese Taiwán, también está a punto de hundir a un expresidente en El Salvador porque ha sido víctima de la ambición.  Tampoco es Francisco Flores el primero ni el último político extranjero que se haya sometido al soborno y compra de voluntades que con maestría hacen los taiwaneses.
 
Pero no solo es Taiwán. ¿Cuándo seremos tan dichosos que tendremos esta misma situación en nuestros tribunales de justicia para que un presidente, un cuentadante o un alto funcionario tengan que aceptar su delito sobre la tentación que el dinero le presenta en la asignación de contratos de infraestructura, concesiones petroleras, energéticas o compra de medicinas?
 
Seguro que Portillo quiso aprovechar que una declaración como esta le podrá significar menos tiempo en prisión.  Pero no podemos olvidar que ha sido el único que ha enfrentado la justicia cuando es para todos claro que el ejercicio del poder en Guatemala es una fábrica de millonarios con el selectivo y oscuro manejo de los fondos públicos.
 
Portillo, sujeto de investigación de la CICIG, deberá recibir una condena de la que habrá cumplido ya buena parte.  ¿Qué tanto es impunidad cuando la justicia no logra ser universal?  ¿No será que un trabajo tan eficiente como el que sucedió en este caso, debería ser aplicado a las otras administraciones? Es culpable Portillo, pero es más culpable Taiwán y los otros que salen sin sentencia y con la sonrisa sinvergüenza de haber sido corruptos sin ser castigados.

Minutero:
 Los taiwaneses y su soborno
 han sido algo permanente;
 no ha habido Presidente
 que no haya estado en su entorno