Entre el 1 de enero de 2013 y el 10 de marzo de 2014 diferentes instituciones cuantificaron 20 mil 991 denuncias por casos de homicidio, violación y extorsión. A criterio de la doctora en Leyes y especialista internacional en Justicia Restaurativa, Charito Calvachi-Mateyko, es necesario volcar la atención en las personas que sufrieron los efectos de la violencia y unificar esfuerzos para conseguir una sana restauración.

Las estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y de la Policía Nacional Civil (PNC) refieren que hasta el 10 de marzo de 2014 se reportaban mil 65 muertes violentas, mil 479 víctimas de violación y 585 denuncias de personas extorsionadas.

En tanto, el estudio de Observancia de la Fundación Myrna Mack, realizado en 2013 con datos oficiales, indicó que el Ministerio Público conoció 5 mil 479 casos de homicidios, 5 mil 849 de violaciones y 6 mil 535 de extorsión.

El sistema de justicia se concentra en perseguir a los responsables de los crímenes y buscar que sean condenados, como parte de su obligación en la lucha contra la impunidad, pero las víctimas se quedan en el olvido y poco se hace por ellas.

Por eso, a criterio de Calvachi-Mateyko, es necesario que las instituciones de Estado y la sociedad presten atención en el ser humano que sufrió los efectos de la violencia, lo escuchen y le ayuden a través de la justicia restaurativa, que en síntesis es el camino “hacia la paz”. (Lea la entrevista, “Necesitamos escuchar las voces de los que sufren”).

Esta propuesta no resta importancia a la justicia tradicional, pero sí la complementa a través de mecanismos de ayuda para los sobrevivientes de la violencia y sus familias.

“QUIERO QUE RECONOZCA”

Las denuncias y estadísticas que anualmente se elevan o disminuyen, sólo representan un cúmulo de crímenes que resquebrajan familias y sociedades. La recuperación de estos hechos lleva un proceso que sería más fácil sobrellevar si el Estado y las comunidades se involucraran, según expertos consultados.

La Hora realizó entrevistas a Patricio Plata, quien perdió a su esposa en el bus de las Rutas Quetzal que fue quemado por pandilleros en 2011, a *Lucía, una joven sobreviviente de la violencia sexual y a Ingrid Escobar, viuda de un piloto de bus que fue asesinado.

A los tres, fuertemente impactados por la violencia se les consultó sobre lo que algún día quisieran decirles a sus ofensores, pues nunca han tenido la oportunidad de hacerlo, pero, reconocen, sería una forma de liberarse de los sentimientos negativos que han acumulado por mucho tiempo.

Plata respondió que ha perdonado a quienes un día le arrebataron a su esposa, en aquel trágico incidente que también cobró la vida de ocho personas. Sin embargo, le gustaría que los pandilleros entendieran que “su crueldad” cambió la vida y la de sus hijos.

“Ellos son culpables porque ya están condenados, pero me gustaría decirles que su crueldad cambió mi vida y la de mis hijos. Se llevaron la armonía de mi corazón, mi fe, me quedé sin solvencia económica. Por ellos estoy empezando de nuevo y me siento bastante mal, ojalá entendieran un día el daño que me hicieron a mí y a muchas familias, que Dios los perdone”, indicó.

Cada herida emocional o física es distinta y no importa el tiempo que transcurra ésta puede seguir afectando toda la vida.

Según Lucía, originaria de San Andrés Semetabaj, Sololá, quien actualmente tiene 25 años y que fue abusada sexualmente por un familiar cuando tenía 10, explica que su mayor anhelo es que el hombre que la vejó reconozca lo que le hizo a ella y a sus hermanas menores.

“Yo ahora reclamaría el daño irreparable, sin pensar las consecuencias que a mi vida ha producido, lo físico pasó, pero el daño psicológico, emocional y sentimental ha sido difícil. Yo sólo quiero que reconozca lo que me hizo, fui rechazada por pedir justicia y por enfrentarlo y él nunca lo reconoció”, reitera la joven en la respuesta que prefirió emitir a través de un correo electrónico.

Según la entrevistada, su comunidad habría jugado un rol importante en su recuperación, si no callara y si no permitiera estos que actos sigan afectando a otras niñas.

“Mi comunidad podría ayudar mucho, simplemente no criticando mi lucha por salir adelante, ya que debido a este suceso tuve metas truncadas que estoy retomando, pero esto es difícil obviamente porque la comunidad prefiere no saber, no hablar del tema”, reiteró.

Por otro lado, Ingrid Escobar, quien aún teme a los asesinos de su esposo, Rogelio Chivalán, a quien le arrebataron el 3 de agosto de 2011 por no pagar la extorsión, dice que lo primero que cuestionaría a los asesinos es por qué lo mataron. Según ella, por esta pérdida su hijo mayor tuvo que desertar de sus estudios para trabajar como ayudante de bus, mientras su hija menor tiene comportamiento depresivo.

“Me gustaría tenerlos enfrente y preguntarles ¿por qué lo mataron?, ¿por qué tanto daño? sólo Dios perdonará algo así porque yo no. Quisiera gritarle que por su culpa mi hijo ya no pudo estudiar y mi nena siempre está llorando”, concluyó.

RECONOCIERON SU CULPA

El Estado y la sociedad juegan un rol importante en el camino por alcanzar la paz y restaurar heridas. Y aunque la sanación de una persona afectada no debería depender de su ofensor, la aceptación del dolor causado, podría incidir positivamente en el proceso de recuperación.

Édgar Camargo, director del Sistema Penitenciario (SP), explicó que desde el año pasado se impulsó un programa de justicia restaurativa, donde las iglesias católicas y evangélicas implementaron un plan piloto en la Granja Penal Canadá –donde están recluidos  mil 942 hombres– y en El Infiernito –que alberga a 279 privados de libertad–, en donde 250 reos pidieron perdón por sus actos.

“Estos programas los llevamos a cabo con Fraternidad Carcelaria, tanto Iglesia católica como evangélica, es un programa de justicia restaurativa que le llamamos Árbol Sicómoro y consiste en tener en frente a la víctima y victimario. Analizamos y seleccionamos a quiénes querían participar en estos proyectos, si tenemos a un privado de libertad que está por violación y está interesado en pedir perdón y recibir perdón, tenemos víctimas en la calle que coordinamos con las iglesias para que trabajen con esas personas o con familiares cercanos, les damos ocho sesiones de terapia con anticipación”, dijo.

Según el funcionario, con esto se pretende rehabilitar a los privados de libertad e incidir en el cambio de actitud.

“Hicimos dos planes pilotos en la Granja Canadá y otro que comenzamos en Alta Seguridad Escuintla –El Infiernito–. Hemos tenido alrededor de 250 privados de libertad e igual número de víctimas de violación, homicidio, robo y secuestro”, explicó.

Actualmente hay 17 mil 224 personas privadas de libertad en los 22 centros carcelarios, de los cuales 15 mil 677 son hombres y 1 mil 547 mujeres, lo que a criterio de Camargo, es un reto, pues admite, que no es posible aplicar este trabajo con todos los detenidos.

Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, opina que las acciones para erradicar el daño a las víctimas de la violencia se enfoca más en una respuesta reactiva, que no siempre permite alcanzar estabilidad emocional en las personas.

“Cuando hay víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos, la víctima y la sociedad estamos esperando que el sistema de justicia repare en algún sentido los efectos que tuvo la víctima por esos delitos, pero cuando hay un daño derivado de un delito hay una serie de aspectos que se ven afectados y eso normalmente en un sistema de justicia tradicional no se considera porque se asume que la reparación tiene que ver con que el hechor del delito vaya a la cárcel, esto repara en algún sentido a la víctima, pero no lo repara en general, es un sistema más reactivo, más que el objetivo sea reparar el daño por el delito a la víctima”, explica.