Los contratistas y proveedores del Estado explican de manera muy peculiar la forma en que aplican precios exagerados a las obras o a los bienes que venden al sector público, justificando que tienen que hacerlo así porque cuesta mucho que les paguen. No dicen, por supuesto, que tienen que pagar mordida para que les adjudiquen y luego tienen que pagar otra mordida para que les paguen el monto del contrato, prácticas que se han convertido en usuales en la negociación que se hace cada vez que el cliente es ese vilipendiado Estado que se ordeña a diestra y siniestra.

La Contraloría de Cuentas no se toma nunca la molestia de hacer averiguaciones sobre cuánto cuesta un metro cuadrado de construcción en el mercado entre particulares ni, mucho menos, cómo es posible que las farmacias puedan vender medicinas a precios escandalosamente inferiores a lo que le cuestan los mismos fármacos al Ministerio de Salud, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o al mismo Ejército que también participa en esas compras. Bastaría una rápida comparación para demostrar el sobreprecio y castigar no sólo al funcionario sinvergüenza que los acepta, sino también al empresario que se aprovecha aumentando sus utilidades gracias a la corrupción que es la práctica generalizada para hacer negocios con el Estado.

Sucede que al trámite burocrático ordinario, engorroso de por sí, funcionarios con mucha visión de negocio le fueron metiendo otros ingredientes para retener el pago de los contratistas y proveedores, asegurando de esa forma un doble negocio. Hubo épocas en que los viceministros de Salud y de Finanzas operaban fuera de jornada laboral en una casita de la zona 9, a inmediaciones del Parque de la Industria, donde tenían los listados de los pagos pendientes y desde allí se comunicaban con los acreedores para negociar la calendarización a cambio de la mordida correspondiente. Mientras menos estuviera dispuesto a dar el proveedor, más tiempo tendría que esperar para que le dieran fecha para liquidar la orden de compra y pago.

Y lo que empezó siendo una largueza de un par de funcionarios que operaban bajo la estricta supervisión de sus superiores, porque el dinero se repartía equitativamente hasta la parte más alta de la escala, se institucionalizó al punto de que entonces el proveedor ya contempla en su oferta lo que tendrá que gastar en cada etapa del negocio para sobornar a los funcionarios que deciden la compra y a quienes tienen la potestad de decidir cuándo y cómo se hacen los pagos correspondientes.

No estoy relatando algo novedoso ni que sea noticia; es algo que sabemos no sólo los periodistas sino que cualquier contratista o proveedor del Estado lo experimenta sin que le cause mayor problema porque al sobreprecio para pagar la mordida se le puede agregar un margen mayor de utilidad que ya no se nota en medio de todo lo que le suben a los productos y servicios. Se trata simplemente de una práctica absolutamente generalizada en la administración pública que, repito, cuenta con la más absoluta complacencia de los contratistas porque así, de esa manera, todos ganan millonadas a costillas del hambre y la miseria de la gente que, para variar, si los ve, ni se acuerda.