Agentes de miles de agencias del orden público están utilizando pequeñas cámaras de video para grabar su interacción con la gente, pero en muchos casos los dispositivos entran en uso más rápido que la capacidad de las entidades para regular su uso.
A algunos agentes les preocupa que la tecnología pueda usarse para arruinar sus carreras si, por ejemplo, queda registrado un comentario equivocado sobre un superior.
La mayoría de los jefes de las agencias del orden público y defensores de los derechos civiles creen que las cámaras ayudan a los agentes porque pueden grabar incidentes en una época en que los ciudadanos armados con teléfonos celulares graban muchas de esas interacciones.
Sin embargo, dicen que la falta de normas claras podría minar el objetivo de una mayor rendición de cuentas de los agentes y al mismo tiempo poner en peligro la privacidad tanto de la ciudadanía como de los agentes.
«Es un nuevo mundo desafiante al que estamos ingresando, en el que tanto los ciudadanos como los policías nos grabamos mutuamente», dijo Chuck Wexler, director ejecutivo del Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía, una organización sin fines de lucro de investigación y políticas policiales.
El Departamento de Justicia federal ha pedido ayuda al grupo de Wexler en el desarrollo de normas para el uso de las cámaras, desde indicar cuándo deben activarse hasta cómo pueden proteger la privacidad de los que inadvertidamente son grabados en video.
Dado que la tecnología es cada vez más asequible y confiable, el uso de las cámaras portátiles ha aumentado en los últimos cinco años. Ahora agentes en uno de cada seis departamentos patrulla con una en el pecho, la solapa o en los lentes, según Scott Greenwood, asesor jurídico de la ACLU, organización estadounidense de defensa de los derechos civiles y experto en las cámaras.
Sin normas claras, dicen los expertos, los departamentos podrían perder la confianza de la gente. Los ciudadanos necesitan saber que las cámaras no sólo se activan en situaciones que favorezcan a los agentes.
Sin embargo, hay ciertos momentos, como durante una entrevista a una víctima de agresión sexual o el diálogo con un informante confidencial, en los que grabar sería delicado o incluso podría hacer peligrar un caso, agregó Mike Rains, abogado de la zona metropolitana de Los Angeles cuyo bufete representa con frecuencia a agentes y ha trabajado con los departamentos sobre las normas de uso de las cámaras.