Sin mayores controversias quedó integrado el nuevo Tribunal Supremo Electoral que algunos ven como el administrador de los procesos electorales y rector de la actividad político-partidista en el país. Sin embargo, pienso que los magistrados recién electos deben entender que disponen de una herramienta que se ha demostrado ineficiente para fortalecer la institucionalidad democrática y que las iniciativas de reforma que surgen del Congreso son al gusto de los partidos políticos para preservar sus privilegios, por lo que les corresponde a ellos plantear una reforma que responda a las necesidades y el gusto de la sociedad guatemalteca.

La facultad de reformar la ley la tiene el Congreso de la República, pero ya sabemos que todo lo que se produzca en materia de legislación electoral entre los diputados servirá únicamente para consolidar los privilegios que actualmente tiene la dirigencia partidaria en ese monopolio del ejercicio democrático, al reservarse la exclusividad para postular candidatos sin necesidad de procedimientos democráticos internos en cada una de las agrupaciones. Por ello es que una iniciativa técnica, con sustento razonable y respaldo de los sectores de la sociedad, proveniente del Tribunal Supremo Electoral puede servir para que la ciudadanía ejerza una fuerte presión sobre los diputados para que legislen como debe ser. No debemos pasar por alto el efecto que tuvo la presión de los maestros sobre el pleno del Congreso para forzarlos a aprobar la ampliación presupuestaria y si eso pudo un gremio, la sociedad organizada y actuando con firmeza puede lograr mucho más.

No se puede pasar por alto que los magistrados fueron electos por los diputados y que eso significa que tuvieron que asumir compromisos con las organizaciones políticas que les dieron sus votos en el pleno del Congreso; de hecho, ya hay limitaciones que se derivan de las negociaciones que tuvieron que realizar para alcanzar la mayoría de votos que les permitiera ser electos. Sin embargo, es preciso entender que nuestro modelo político está agotado y que los partidos políticos y el Congreso, como expresión de la representación popular, encabezan la lista de las instituciones en crisis, por lo que es imperativo y urgente que se trate de adoptar un modelo político que permita el rescate institucional mediante instrumentos que promuevan la mayor participación ciudadana en vez de concentrar en los financistas de campañas todo el poder y la influencia.

Si nuestra democracia no logra pasar del ejercicio cuatrienal del sufragio a hacer del ejercicio de la ciudadanía una característica viva del modelo político, más temprano que tarde veremos que el colapso del sistema nos lleva a todos entre las patas. Y no es un simple eufemismo ni mucho menos una afirmación agorera. En otros países los movimientos sociales, frustrados por la ausencia de efectiva representación y por la forma en que se corrompe el ejercicio del poder, local y nacional, han dado paso a movimientos que hoy muchos guatemaltecos ven con espanto y preocupación. Pero esos mismos guatemaltecos que se asustan de lo que pasa en otras latitudes no ponen su barba en remojo y creen que este modelito va a funcionar eternamente para asegurarles que se sigan enriqueciendo de forma corrupta sin que nadie chiste, apuesta que empieza a verse ya riesgosa.