Representantes comunitarios y de organizaciones locales mostraron su preocupación por la pérdida forestal a nivel nacional en los últimos años, lo que ha mermado las oportunidades de desarrollo de los pueblos indígenas y de las familias campesinas; el Estado no ha dado respuestas contundentes a la temática, una muestra es el escaso presupuesto que destina a la conservación de los bosques y al combate de la deforestación.
El pasado viernes, concluyó la Asamblea General de la Asociación de Forestería Comunitaria Ut’z Che, que reunió a representantes de 36 comunidades de unos 10 departamentos, quienes organizan aproximadamente a 32 familias para cuidar, administrar y proteger 80 mil hectáreas de bosques comunales en Guatemala.
La actividad se llevó a cabo en la aldea Pacalaj, en Salamá, Baja Verapaz, una comunidad que se encuentra amenazada por disputas entre las familias propietarias de la finca, que alberga las zona de recarga hídrica más importante para el municipio, pues provee del vital líquido a la cabecera.
Durante tres días, las y los líderes comunitarios abordaron temáticas como los contenidos de la propuesta de Ley Pro bosque, las amenazas que representa la instalación de hidroeléctricas en zonas que proveen de alimento a las familias y las deudas agrarias con el Fondo de Tierras (FONTIERRA).
De acuerdo con datos recopilados por Ut’z Che, entre el 2006 y el 2010, Guatemala perdió 130 mil hectáreas de bosque anuales; el Estado invierte un poco menos del 1 por ciento de su erario en la protección de esas zonas, la más baja en Centroamérica; Costa Rica invierte el 5 por ciento.
Víctor López, Director Ejecutivo de Ut’z Che, dijo a Cerigua que uno de los aspectos más preocupantes es que las sociedades, particularmente las urbanas no reconocen los aportes que hacen las comunidades indígenas y campesinas en el ámbito de la protección de los bosques.
La mayoría de la población urbana desconoce la importante relación entre los bosques y las zonas de recarga hídrica; el agua que consumen las ciudades provienen de los bosques comunales y las poblaciones que viven en ellos enfrentan serias amenazas en su lucha por protegerlos, aseguró López.
La propuesta de Ley Pro bosque necesita fortalecer su aspecto social
El pasado 19 de febrero, fue entregada al Congreso de la República la propuesta de Ley Pro bosque, que pretende dar continuidad al Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) por 30 años más; recoge algunos puntos de vista de las comunidades y distintos sectores de la sociedad, pero su espíritu se centra en la comercialización de servicios madereros y no en la protección ni en la conservación, afirmó el directivo de Ut’z Che.
Otro de las debilidades de la iniciativa es que excluye a los bosques comunales de los beneficios económicos, que actualmente son favorecidos con el PINFOR; con la nueva propuesta, un solo beneficiario puede recibir hasta el 3 por ciento asignado anualmente, lo que alienta el acaparamiento, señala la memoria de la Asamblea General.
Las y los representantes comunitarios también mostraron su preocupación por las amenazas que representa la instalación de hidroeléctricas en sus localidades, particularmente la poca información que ofrecen las instituciones del Estado, la desinformación generada por las empresas y las coacciones de particulares para poder acceder a las tierras, destaca el documento.
Son muchas los riesgos que afectan los bosques y las comunidades que en ellos viven, entre ellos la tala ilegal, el avance de la frontera agrícola y la poca ayuda jurídica con la que cuentan las poblaciones para defender las propiedades, mientras que la sociedad guatemalteca no valora los beneficios que proveen los recursos forestales: aire, agua y alimento, señala una de las conclusiones de la Asamblea.