Con la entrada en vigencia del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación correspondiente al año pasado, se garantiza de nuevo el conflicto entre las empresas de transporte por la repartición de un subsidio que nunca se ve reflejado en mejoras a la calidad y la seguridad del servicio que utilizan millones de guatemaltecos diariamente.

La asignación de Q350 millones por concepto de subsidio para el transporte urbano del 2013 también está vigente este año y, una vez más, la asignación llegará a manos de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), lo que augura más conflictos en torno a la distribución de los recursos.

La Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua) espera que AEAU entregue los recursos que les corresponden como empresarios del transporte, pero según Álvaro Folgar, presidente de esa asociación, si este año persisten los problemas de distribución del subsidio se enfocarán en acciones “legales”, ya que las medidas de hecho han sido muy mal recibidas de parte de la Municipalidad de Guatemala, que ya ha amenazado con la remoción de las concesiones para este grupo de buses rojos.  Aun así, las medidas de hecho no han sido descartadas, dice.

El objetivo de estas acciones es evitar que el subsidio sea entregado a AEAU ya que esta entidad no lo ha distribuido, pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un fallo en donde manda a la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) a comprobar que los recursos sean proporcionados a todas las asociaciones de transporte urbano público.

Pero los usuarios, a quienes debería beneficiar ese subsidio, se quedan al margen de las discusiones y tienen que conformarse con un sistema de transporte público manejado por empresas privadas que solo garantiza incomodidad, impuntualidad,  riesgo de accidentes y una muy cuestionada situación de inseguridad.

De acuerdo con un sondeo realizado en redes sociales, entre las quejas más frecuentes de los usuarios se encuentran el alza al pasaje en horas de la tarde y noche, el exceso de velocidad e imprudencia de algunos pilotos, el irrespeto a las paradas, además del rudo trato hacia los pasajeros.

 “Los buses rojos parecen ser un mal necesario, porque no sirven; los pilotos y ayudantes brindan un servicio pésimo, pero la mayoría de guatemaltecos los necesitamos para trasladarnos a nuestros trabajos, centros de estudio y otros destinos”, dijo uno de los entrevistados.

Pareciera ser que la situación del transporte no mejorará solo con un aumento al presupuesto, pues también se necesita de implementar procesos de transparencia para que los fondos no sean malversados, concluyeron los consultados.

Por otro lado, los buses “azules”, como llaman al Transurbano, son vistos por el entrevistado como un lavado de cara para un servicio mal prestado, que ahora no respeta las paradas. “Los pilotos son malos y las unidades lucen deterioradas”, dice el usuario.

EL CONFLICTO

Al 31 de diciembre del 2013 se estimaba que el adeudo de tres años para Asopagua se elevaba a Q53 millones, los cuales la AEAU tendría que haber empezado a pagar a partir  de la CC, pero  aun así Folgar dice: “No. A nosotros no nos han entregado ningún centavo; siguen reteniendo y apropiándose de los recursos la AEAU”.

Al respecto Luis Gómez, presidente de la AEAU, evitó hacer declaraciones alegando que entre ambas asociaciones no existe ninguna pugna, aunque más adelante dijo que al Estado le corresponde solucionar los problemas que se den dentro de las asociaciones.

Asimismo dijo que Asopagua forma parte de su misma flota, aunque según se pudo observar, su nombre no aparece en el listado de asociaciones de la página de internet de la asociación mencionada.

http://www.aeau.org.gt/?q=content/empresas-asociadas

 “El costo de mantener un sistema obsoleto es más alto de lo que podría significar el aporte económico”, opina  Edgar Guerra, Defensor del usuario del Transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

En la ciudad capital se encuentran registradas 2 mil 926 unidades de transporte público urbano, de las cuales 455 pertenecen a la flota del Transurbano. Las restantes 2 mil 471 pertenecen a 1 mil 325 diferentes empresarios.

CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO

De acuerdo con Guerra, la falta de control efectivo por parte de las autoridades, la asignación de recursos públicos mal distribuidos y los mecanismos de repartición poco transparentes que se manejan se han traducido en una pugna interna entre transportistas, lo que ha perjudicado a los 2 millones 200 mil usuarios que hacen parte del transporte colectivo.

“Lamentablemente estos recursos no llegan a los guatemaltecos, ni siquiera se traducen en una obligación del Estado en donde presten una relación de respeto hacia los usuarios”, dice. Por lo que se hace necesario cambiar las reglas del juego, mediante la despolitización del negocio que representa el transporte en Guatemala, según Folgar.

Entonces, considera que se hace necesario que el Estado cambie la forma en que entrega este subsidio a los medios de transporte, una opción sería la utilización de un sistema de control que garantice que los buses presten el servicio.

Además se ha propuesto la implementación del sistema prepago, que según Guerra, no hará falta comprar nuevos buses ya que el sistema se puede incorporar a las camionetas rojas, tal y como lo utiliza el Transurbano y Transmetro.

Por otro lado, la reubicación inmediata de los ayudantes que “no ayudan sino más bien perjudican”, de acuerdo con denuncias de las personas, además de ya no entregar el subsidio directamente a los transportistas sino dárselo a los usuarios a través de una tarjeta (como la de Siga), la cual tendría fondos para una cierta cantidad de viajes.  “Ahora con la tecnología ese sistema estaría mucho más fácil a través del sistema prepago”.

Igualmente, se busca incluir que los buses cuenten con GPS para regular el funcionamiento, y los itinerarios de trabajo de las unidades.

Al momento, Q270 millones se han invertido para instalar a los buses el sistema prepago, que haría las condiciones de transporte más justas, pero solo un 14 por ciento de los autobuses lo tiene y  son las unidades de Transmetro y Transurbano, el último perteneciente a la AEAU, situación que deja ver la profundidad de las desigualdades que estas flotas manejan.

CALIDAD DEL SERVICIO: UN DILEMA

Como se mencionó antes, una de las problemáticas para los usuarios es la calidad del servicio de transporte urbano, ya que es frecuente que los pilotos o sus ayudantes, especialmente en los buses rojos, maltraten a los usuarios, además de conducir a altas velocidades que han hecho a tambalear a más de uno de sus lugares.

El caso más reciente del mal servicio que ofrece el transporte público es el choque de un bus de la ruta 110, en el municipio de Santa Catarina Pinula, que dejó a dos mujeres fallecidas y a 35 personas heridas al chocar contra el mercado de dicho municipio.

Por otro lado, Folgar indica que “la culpa de que el piloto trate mal al usuario y de que abuse y haga lo que se le da la gana, no es del transportista. Es de las autoridades municipales”.

Y es que las sanciones por las infracciones cometidas no se cobran al piloto sino al bus, por ende al propietario del bus, por lo que los pilotos de transporte urbano se han sentido desligados del compromiso de ofrecer un servicio de calidad toda vez que sobre ellos no recae ningún cobro. “En estas circunstancia nadie quiere invertir… porque es un negocio que no es rentable”, indica.

El transporte público también se ha caracterizado por sufrir las constantes extorsiones de pandillas, por lo que Asopagua estima que una fracción del presupuesto se destina al pago de estas exacciones.

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

Las personas de la tercera edad son unos de los sectores más perjudicados al intentar utilizar el transporte público, no solo por el maltrato del que son objeto sino por la limitación de su condición física; en repetidas ocasiones han sido evadidas o expulsadas de los buses si presentan su tarjeta de transporte colectivo gratuito.

De 21 a 31 millones de quetzales han sido dados anualmente para que las personas de este grupo puedan recibir el servicio sin discriminación, pero esto no siempre se cumple.

Por ello, este año se realizará un estudio a favor del adulto mayor, llamado “El Pasajero Misterioso”, en el que se harán mediciones a los autobuses para verificar a cuántos adultos mayores o personas con discapacidad dejan los pilotos subirse al bus.

El sistema prepago juega un papel importante en la no discriminación de este grupo, pues mediante el uso de la tarjeta los pilotos no podrán elegir quién sube y quién no a bordo.

EL FUTURO

Ante la duda de por qué los dueños de los buses no se han preocupado por sacar de circulación o renovar a algunos buses que ya tienen más de 20 años de uso, el defensor de la PDH explica que los dueños de los buses piensan que “renovar atrae pérdidas para el empresario”, con lo que el experto opina que eso no es cierto ya que todo negocio que genera pérdidas no se continua o lleva a cabo.

Pero la descomposición del servicio no solo se refleja en esto, dado que los aumentos de las tarifas en horas de la tarde y noche, incluso en fines de semana, ha llevado a los propietarios de los buses a exigir a los pilotos una cuota diaria de 250 a 350 quetzales, sin pedir cuentas del dinero sobrante que queda en manos del piloto y su ayudante, que pueden ser más de dos en ocasiones.

Un aumento en el subsidio que se da al transporte público, correctamente orientado,  significaría no seguir “tirando el dinero de los guatemaltecos”, dice Guerra, pues en los últimos años los aumentos a la contribución no han representado mejoras al servicio sino que solo degradación, lo que hace a muchos preguntarse sobre el  verdadero destino de estos fondos.

Por otro lado, un mayor presupuesto para transporte podría ayudar a realizar un estudio en donde se analicen las opciones de tecnología para medir la rentabilidad o pérdida de proyectos de este tipo que puedan mejorar la experiencia del usuario en el transporte.

Una de las opciones que Guerra aporta para mejorar el servicio es que se conforme una empresa municipal de transporte, con el fin de que se administren justamente los recursos que actualmente son dados a las asociaciones.