Mientras se discuten los métodos adecuados para realizar los análisis de alerta temprana sobre conflictividad social, fuimos testigos de una marcha pacífica de organizaciones campesinas en las que manifestaron su oposición al Proyecto Eléctrico Territorial (PET) y demandaron la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural.

Miles de personas llegaron a la Plaza Central a pedir que la Corte de Constitucionalidad, tan famosa por sus interpretaciones de la misma Constitución, escuche los argumentos en contra de dicho proyecto energético.  Uno de los puntos fundamentales es la cesión territorial que los propietarios están obligados a hacer para la colocación de la infraestructura de transmisión.

Inmediatamente, funcionarios del gobierno salieron al paso para comentar que el problema real es el robo de la energía en algunas regiones del país y que esto tiene un costo altísimo para el subsector eléctrico.  Sinceramente, debe ser un tema de discusión profunda pero, en este caso, no es lo que está sobre el tapete.  Tanto Mauricio López Bonilla desde Gobernación como Erick Archila en Energía, se apresuran a querer involucrar directamente a los ponentes de un planteamiento de oposición dentro de un problema de criminalidad que no tiene nada que ver con la actividad de ayer.

Es claro que el pago de los servicios tiene que ser garantizado, pero también debería ser claro que las entidades del gobierno no juegan su papel regulador de la prestación de servicios y han dejado por tradición que los abusos y excesos de las empresas hayan llegado a generar el nivel de polarización que se tiene en el occidente del país contra las distribuidoras del servicio eléctrico.

Se ha establecido una comisión para la identificación de conflictos que es integrada por los miembros del CACIF y dos funcionarios de gobierno.  El primero, el Secretario General que, creemos, jugará el papel de “oídos del Presidente” y, el segundo, el ministro López Bonilla. Nuestra pregunta es dónde está el interés conciliador o de prevención en esta comisión, porque pareciera que la intención es facilitar la criminalización de cualquier protesta, pedido, solicitud o acción que no cuadre con lo que entre funcionarios y sector privado se pongan de acuerdo.

¿Qué dirían los miembros de la comisión si les aparece una empresa marcando los terrenos de sus casas porque llegarán, por las buenas o las malas, a instalarles una torre de transmisión eléctrica? ¿Será que saldrían a aplaudir el desarrollo del país a costa de ceder sus jardines? El Presidente, con su experiencia militar, sabe que un sistema de alerta debe ser para desactivar los riesgos de ingobernabilidad. Posiblemente, todo el problema está en el nombre, porque más pareciera que la mesa buscará, basado en lo que han dicho siempre desde el sector privado, criminalizar más las protestas sociales que reducir los conflictos.

Minutero:
Muy masiva concurrencia
en la marcha campesina;
un reclamo con paciencia
sin armar la tremolina