Tiene razón el comisionado Iván Velásquez, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, al decir que si las próximas autoridades del Ministerio Público obstaculizan el trabajo de la CICIG, él lo expondría públicamente porque en condiciones así no podría continuar con su trabajo al carecer de los elementos para librar la lucha contra el fenómeno de la impunidad en nuestro país.

En el fondo, esa declaración resume el enorme significado de lo que está en juego ahora que, por una decisión de la Corte de Constitucionalidad, deberá procederse a elegir nuevo Fiscal General sin que la doctora Claudia Paz y Paz pudiera cumplir con el período que constitucionalmente se establece de cuatro años.

Y es que el monopolio de la acción penal en Guatemala corresponde al Ministerio Público y por lo tanto lo que se está decidiendo es demasiado en términos de poder revertir la tradición de impunidad en nuestro país. Es evidente que ha habido avances, muy limitados desde la perspectiva de lo que hay todavía por hacer, pero la selección del nuevo Fiscal General puede permitir nuevos avances y consolidar los logros, pero también puede marcar un rotundo retroceso para aniquilarlos radicalmente.

La impunidad sigue siendo el principal problema que enfrentamos como sociedad, puesto que no sólo se debe entender que la falta de castigo alienta la violencia y la inseguridad, sino que asegura que la corrupción siga floreciendo como principal actividad alrededor de la gestión pública. La certeza de que los delincuentes se pueden librar del castigo no se refleja únicamente en el motorista que ha sido detenido seis veces por robar a mano armada y que en pocos días, seguramente, volverá a la calle para continuar con sus tropelías, sino que también permitirá que los funcionarios y sus socios del sector privado, sigan alzándose con los recursos públicos en una ostentosa forma de enriquecimiento ilícito que ha caracterizado el desempeño de la función pública en el país durante los gobiernos de esta “apertura democrática” iniciada en 1985.

Sin el concurso de un Ministerio Público y una Fiscalía General decididamente comprometida en la lucha contra la impunidad, ni la CICIG ni nadie que quiera combatir ese terrible flagelo tendrán nada que hacer porque al final de cuentas corresponde legalmente al MP el monopolio de la acción penal y se depende de la determinación de esa institución para que pueda avanzar la lucha por la justicia. No bastaría tener buenos jueces, ni bastaría tener buenos policías e investigadores, si se carece de un Ministerio Público comprometido y responsable. No basta tener una sociedad hambrienta de justicia y grupos empeñados en denunciar la impunidad si tenemos un Fiscal General que se hace de la vista gorda o, peor aún, que responde a los intereses de esos grupos de poder oculto que han cooptado y prostituido la institucionalidad de Guatemala.

Algunos piensan que elegir un Presidente puede ser la decisión más importante del ciudadano, pero vigilar la elección de un Fiscal General puede ser su mayor responsabilidad porque es la pieza clave para el fortalecimiento de un Estado de Derecho que obligue tanto a los ciudadanos como a sus autoridades y que asegure el pleno imperio de la ley y el respeto de los derechos.