En reiteradas ocasiones he expresado preocupación por la creciente y múltiple conflictividad social prevaleciente en el país, misma que aparenta no tener fin en el corto o mediano plazo y que parece no llamar la atención de los gobernantes que le dan la espalda al clamor de las poblaciones, al interés social y al reclamo de sectores que piden atender con responsabilidad sus demandas e intereses.

El informe circunstanciado 2013 de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) sobre la situación de estos derechos en Guatemala, revela el mapa de conflictividad nacional y destaca los focos de mayor tensión, señalando como origen de los mismos, las actividades de empresas transnacionales dedicadas a la exploración,  extracción y explotación de metales preciosos, níquel, minerales, petróleo y gas, también sostiene que proyectos hidroeléctricos o de transporte en construcción, son motivos que alteran la paz, armonía y tranquilidad debido a que favorecen, promueven, extienden y encienden los focos del conflicto social. Nada nuevo.

El informe añade que esta conflictividad genera síntomas de ingobernabilidad. La información disponible en el mapa, muestra la existencia hasta este momento de no menos de 57 focos de conflicto, localizados en cuatro departamentos de la República, siendo estos Guatemala, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz. En 2013 las regalías de las mineras, ¡bajaron! con respecto al 2012.

Según PDH, son cuatro las causas que originan los conflictos: 1. La falta de información por parte de las comunidades. 2. Falta de reconocimiento a las consultas populares. 3. Ausencia de diálogo que atienda los efectos que provocan los proyectos. 4. Falta de percepción sobre los beneficios que representan los proyectos cuestionados. Al respecto, el Comisionado Presidencial del Sistema Nacional de Diálogo, reconoció que hay coincidencia en varios de los puntos conflictivos y que el tema de las consultas “es difícil” porque el país no cuenta con ese mecanismo.

El informe reconoce que los escasos espacios de interlocución institucionales, la estigmatización, el rechazo a las demandas sociales y la criminalización de las protestas, son detonantes que disparan el clima de confrontación y aumentan el conflicto.

No se dice nada de otros conflictos relacionados con asuntos políticos, étnicos, territoriales y sobre todo agrarios. Por mi quehacer de defensor de derechos humanos, hace tiempo ofrezco acompañamiento a comunidades campesinas e indígenas de las Verapaces que enfrentan conflictos agrarios, demandan acceso a la tierra o la devolución de territorios que el ejército les despojó, por ejemplo, la comunidad de Chocoyoguito en Cobán, Alta Verapaz, tiene años de reclamar la devolución de sus tierras que les arrebataron en 1968. Para mediar en este asunto y buscar solución al mismo, reiteradas veces he solicitado audiencia con el ingeniero Axel López, Secretario de Asuntos Agrarios SAA, sin resultado, hay desinterés y artimañas para soslayar la atención de este caso particular.

Esa indiferencia de algunos servidores públicos permite que los conflictos se agraven, prolongando ad perpetum el quiebre de la paz y la armonía social, esto impide cultivar la cultura de paz.

P.S. Felicito a la jueza Yazmín Barrios Aguilar por recibir el premio internacional “Mujeres Valientes 2014”, otorgado por el Departamento de Estado estadounidense en reconocimiento al valor y liderazgo a favor de la paz, la justicia y los derechos humanos. 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Saludo la lucha tenaz de las guatemaltecas por la equidad y pleno reconocimiento de derechos y libertades.