Guatemala pareciera ir contracorriente en el tema de las drogas con la búsqueda de nuevas rutas contra el narcotráfico, pero en realidad el país no es innovador ni tampoco pionero en esta materia. Por el contrario, se repiten una y otra vez los errores en la política de narcóticos, mientras que otros países ya implementan proyectos para contrarrestar el problema, sin necesidad de causar polémica.

En términos prácticos, nada ha cambiado desde que el presidente Otto Pérez Molina anunció en febrero de 2012, que propondría la despenalización de las drogas para combatir el narcotráfico.

No hay una propuesta de despenalización, continúa la captura de pequeños consumidores y productores de drogas, no hay nuevos planes de educación y salud para adictos, y se considera la captura de capos como un éxito.

El Presidente solo habla de dialogar y buscar nuevas rutas para el narcotráfico, pero las cosas parecen seguir igual.

Otros países, que no ganaron protagonismo con el tema, en cambio, sí han hecho reformas en materia de drogas, con las que cambian la perspectiva de atención al problema, ayudando a los adictos y evitando superpoblar sus cárceles con pequeños consumidores, sin desatender el problema del tráfico a gran escala.

En Argentina, por ejemplo, no se persigue la tenencia de drogas para el consumo, porque se considera una acción privada inofensiva y se busca evitar llenar las cárceles de personas simplemente porque fuman mariguana.

Por otro lado, en la Ciudad de México recientemente aprobaron una legislatura para la venta libre de mariguana, mientras que Uruguay despenalizó el consumo y tratará el tema con un enfoque de salud.

INTERESES POLÍTICOS

David Martínez-Amador, investigador social miembro de la red CRIMINOVA-CRIMIMEX (México) indica que Guatemala ha quedado rezagada en el tema de las drogas porque se ha convertido simplemente en agenda política, pero no en una política pública de salud. “Donde están los intereses reales, ahí se mueven a todo vapor los engranajes del Estado.  El tema se politiza y sirve como válvula de escape”.

Además considera que el país no ha adoptado programas de educación sobre las drogas, porque no se ha realizado un censo para lograr tener una herramienta fundamental que permita luego determinar los niveles reales del mercado de consumo local.

“En esencia, el tema sirve para posicionar a Guatemala en los foros internacionales, pero los mecanismos internos, los engranajes políticos de adentro no se mueven en dicha dirección”.

El investigador señala que Guatemala ha lanzado el tema de la despenalización sin tener una técnica concreta sobre las drogas, porque son puras y simples políticas; pero en realidad, hay ya suficiente evidencia técnica y científica para tomar acciones.

El problema es que la evidencia llevaría a cualquier gobierno al momento crítico de la toma de decisión: Si opta en contra de la regulación, entonces ¿cuál fue el sentido de los foros internacionales? Y si se opta a favor de grados controlados de marcos de regulación para el consumo recreativo ¿qué instrumentos de Estado se usarán? ¿Hay presupuesto? ¿Se podrá mantener el control del Estado? “Este dilema es muy complejo para el Estado guatemalteco”, dice Martínez-Amador.

UNA VISIÓN HACIA LA SALUD

Iduvina Hernández, directora de Seguridad en Democracia (Sedem), dice que inicialmente se ha planteado la necesidad de políticas alternativas en materia de drogas, y aunque desde el punto de vista del discurso no hay un rezago evidente, en la práctica la postura gubernamental no se refleja en los hechos.

En la medida en que el enfoque y la aproximación a políticas en la materia tengan como único eje la visión de seguridad, en esa medida las políticas seguirán reflejando un rezago, e incluso la mal llamada ‘mano dura’ que solo contribuye a incrementar la violencia, dice Hernández.

Según la analista, Guatemala no ha adoptado programas de educación porque se han enfocado en la seguridad y todo su accionar ha sido el fortalecimiento del Ejército.

“Es toda una visión del limitadísimo pensamiento de las autoridades al respecto, por lo tanto cuando no se asume el aspecto de la salud, en esa medida no se habla de educación, apoyo y acompañamiento de las personas que son adictas, sino que hay una lógica de persecución y de penalización”, asegura.

Hernández indica que esa persecución y penalización representa fortalecer la visión de seguridad, abrir la puerta para la incorporación de las fuerzas armadas en el tema de la seguridad y mantener los mecanismos que también generan corrupción a ese nivel.

Ahora bien, al no tener sistemas de educación se saturan las cárceles de quienes consumen drogas, y a criterio de la activista, esto sucede porque se ve la problemática solamente en el aspecto de seguridad pública, y se desatiende en otros factores, porque no se les reduce el mercado al ambiente de comercialización del producto.

Además indica que la tarea asignada a otro aparato, refiriéndose a la instalación de la Comisión Nacional para la Reforma de Políticas de las Drogas, es algo que perfectamente podría haber hecho el Consejo Asesor de Seguridad, una instancia de los Acuerdos de Paz que este Gobierno suprimió.

“Puede ser que esta comisión arribe a conclusiones que ya se han planteado, porque no sería la primera vez que se le dijera al Gobierno que debe modificar su enfoque y debe enfocarse desde la perspectiva de la salud, pero es algo que no se puede anticipar”, dice Hernández.

EL GOBIERNO

Según Fernando Carrera, ministro de Relaciones Exteriores, el Gobierno propone un debate sobre la política global del tema de las drogas. “Nosotros somos un país de tránsito, lo cual quiere decir que el problema de las drogas nos afecta principalmente por el tráfico”, indica.

No obstante, según Carrera, es necesario mantener el debate sobre la salud porque “son malas y terribles, y hay que hacer campañas para que las personas no consuman drogas”, pero regularlas es una manera de controlarlas, y explica que “no solo prohibiendo se controlan los productos”.

El principal problema de Guatemala es el tránsito de los narcóticos, y por eso se mantiene el “prohibicionismo”, pero los resultados de la política global hacen necesario un debate.

Otros países como Brasil, Argentina o Uruguay son mercados muy importantes para el consumo. “El consumo de cocaína en Brasil es enorme, de hecho después de Estados Unidos es el principal mercado de consumo en el mundo; entonces ellos se tienen que enfrentar al problema de la regulación del consumo y actúan sobre la fase del consumo como elemento central, pero no ven el problema global de la droga”.

Es por eso que el énfasis de Guatemala está en el problema global y el énfasis de Brasil y Argentina está en el problema doméstico, y lo mismo pasa con Uruguay el cual tiene un problema sobre el consumo.

Según Carrera existen programas de educación para tratar el tema de drogas, pero lo que ha sucedido es que “nunca se ha tenido un problema tan grande de drogas como consumo para meditar un debate total y global sobre este tema, sin embargo los programas existen; estoy de acuerdo con que el país debe tomar decisiones más firmes en cuanto a la prevención del consumo y el tratamiento de los adictos”.

El funcionario acepta que Guatemala tiene un enorme déficit en la atención al problema de las drogas, por lo que es necesario tomar medidas que la Comisión Nacional para la Reforma a las Políticas de Drogas tendrá que recomendar.