Yo no soy un fanático de la función de la Contraloría de Cuentas porque estoy convencido que en los casos de verdadera y gran corrupción se hacen de la vista gorda, pero la Constitución Política de la República es clara al asignarle la función de fiscalizar el manejo de todos los fondos que manejan las entidades públicas, sean privativos o no, al extremo de que hasta las colectas públicas tienen que ser objeto de la auditoría establecida constitucionalmente.

Por ello es inaudito e inexplicable que una abogada como la licenciada Anabella de León que, además, ha denunciado actos de corrupción y criticado desde el Congreso a funcionarios públicos de todo tipo, se resista a que la Contraloría, con todo y su inutilidad manifiesta, pueda auditar las cuentas del Registro General de la Propiedad, entidad que está bajo su responsabilidad actualmente.

El mismo Presidente de la República ha dicho que el Registro tiene que ser fiscalizado y la Registradora se está poniendo en un plano en el que no le va a quedar otra a Pérez Molina que decirle que se vaya a su casa. Es el Presidente quien nombra al Registrador General de la Propiedad, uno de los puestos más apetecidos de todo el sector público porque lícitamente se pueden obtener ingresos realmente extraordinarios, y si el titular del despacho muestra tal nivel de empecinamiento y falta de respeto a la norma constitucional, terminará obligando al mandatario a firmar su destitución.

Aquí no es cuestión de si alguien quiere o no quiere que le auditen las cuentas. Las personas que acuden al registro pagan conforme a un arancel que está legalmente aprobado y no pueden evitarse el pago. Que el dinero no entre al fondo común del Estado es otra cosa, pero se trata de fondos públicos porque el origen del dinero es resultado de una disposición legal que obliga a los propietarios a registrar sus bienes inmuebles y en algunos casos sus bienes muebles.

Seguramente la licenciada de León pretende que no se conozca el monto de lo que maneja el registro, lo cual es un error porque en Guatemala todo mundo sabe que es un privilegio especial ocupar el cargo por lo que se devenga. Mi abuelo fue dos veces Registrador de la Propiedad Inmueble y yo recuerdo que en la segunda ocasión, en los años setenta, decidió que él y el Registrador sustituto compartirían por partes iguales los ingresos. No sé si esa práctica la ha tenido algún otro Registrador, pero sí puedo decir que con todo y que compartía, los emolumentos eran significativos.

No hay entidad del Estado que no esté sujeta a fiscalización de la Contraloría de Cuentas y el Registro General de la Propiedad no es excepción de ninguna manera. El capricho de la licenciada de León es inexplicable porque ella ha sido inquisidora del manejo de las entidades públicas y lo ha hecho con propiedad y firmeza. Ahora, cuando a ella le toca rendir cuentas, quiere quitarse ese tipo de fiscalización y su actitud es merecedora de repudio.

Repito que no creo que la Contraloría sirva para contener la corrupción y por ello insisto en que la reforma a su ley tiene que ir más allá de un cambio cosmético porque hay que establecer también severas sanciones a los funcionarios de la Contraloría que no cumplan con su deber y a los que emitan finiquitos fatuos como los que abundan en nuestro medio. Y para ello hay una base constitucional, que es precisamente la que veo vulnerada con la actitud que está tomando la licenciada Anabella de León quien, de persistir en su terquedad, tendrá que ser destituida del cargo.