El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habría sido víctima de interceptaciones ilegales, según reveló hoy una investigación del diario El Tiempo.
Según el periódico, agencias de seguridad iniciaron hace algunos días la búsqueda de los responsables de haber espiado la cuenta de correo personal del mandatario colombiano.
Citando a «altas fuentes oficiales», El Tiempo sostuvo que los mensajes «no son sobre temas de gobierno, sino que se trata de dos comunicaciones personales de Santos».
Uno de ellos tiene que ver con «un posible negocio de obras de arte, que finalmente no se concretó» y otro con «giros de dinero hechos por el mandatario para cubrir la matrícula de su hija que estudia en una universidad del exterior».
De acuerdo con la investigación, en la Casa de Nariño se han «extremado los protocolos de seguridad del jefe de Estado y de otros altos funcionarios de su gobierno» para evitar nuevas interceptaciones.
La denuncia de El Tiempo se suma a la hecha por la revista Semana a principios de este mes, cuando se desató una controversia después de revelarse que al menos tres miembros del equipo negociador del gobierno en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron espiados por militares.
«Semana» indicó que la interceptación de correos electrónicos fue hecha por la unidad de inteligencia militar que funcionaba en un restaurante y un centro de informática que funcionaban en un sector comercial de la capital colombiana.
Santos dijo inicialmente que el espionaje puede obedecer a maniobras de «fuerzas oscuras» que supuestamente pretenden sabotear las negociaciones entre su gobierno y las FARC.
Sin embargo, matizó sus palabras cuando el Ejército le confirmó que desde esa unidad sí se realizaban tareas encubiertas, aunque sin efectuar un espionaje ilegal.
Aunque aún no se confirmó si los negociadores, además de varios periodistas internacionales que cubren las conversaciones en Cuba y algunos líderes de izquierda en Colombia fueron espiados o no, el gobierno tomó las primeras decisiones sobre el caso.
Los principales jefes de la inteligencia militar, los generales Mauricio Zúñiga y Jorge Zuluaga, fueron relevados de sus cargos, mientras que la investigación quedó en manos de la Fiscalía General.