Analistas cuestionaron la intención del Ejecutivo por formalizar a los guatemaltecos que se encuentran en la economía informal del país, por considerar que va en detrimento de los ingresos de estas personas y que el mismo no garantiza un servicio de calidad en el Seguro Social.
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La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) y otros expertos debatieron la propuesta surgida en el reciente Gabinete Económico, donde la vicepresidenta Roxana Baldetti anunció la implementación del “monotributo” para quienes trabajan en la informalidad en el país.
El analista Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, señaló que hablar de la necesidad de crear un impuesto específico para el sector informal resulta contraproducente si se toma en cuenta que muchas de estas personas no cuentan con un ingreso monetario fijo y que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se convirtió en los últimos tiempos en una entidad burocrática que no presta un servicio de calidad a la población.
“Si las contribuciones son muy bajas seguramente el Seguro Social operaría con pérdidas para atender a las personas y por otro lado hay que considerar que muchos de los servicios que ofrece el Seguro Social no son de calidad. Cobrarles un impuesto a estas personas no tiene ningún sentido. Por el contrario, están mucho mejor ahora en vez de insertarlos a un sistema disfuncional y costoso”, opinó Maúl.
En ese entonces, la vicemandataria propuso diseñar una estrategia para que los dependientes de la economía informal en Guatemala, tuvieran un impuesto único a cambio de prestaciones de salud, seguro social y un mejor acceso a créditos. Según fuentes oficiales, el tributo podría ser de Q150 mensualmente y contribuiría a la vez, a ampliar la base tributaria.
Por su parte, Luis Linares, secretario ejecutivo de Asies, coincidió en que el planteamiento no es viable, pues en lugar de destacar la contribución y el papel de estos trabajadores, se les castiga con un desembolso fuerte que no compensa los supuestos beneficios a esta población.
“Las políticas públicas más bien deben estar orientadas a resolver los problemas que tienen estas personas. Se deben buscar soluciones que garanticen realmente el bienestar para los trabajadores informales. Además, les falta determinar el sistema de cobro, que debería ser fácil, el monto y la periodicidad”, expresó el investigador.
La última Encuesta de Empleo e Ingreso del Instituto Nacional de Estadística en 2012, reveló que en Guatemala existen nueve millones de personas en edad de laborar, de ellos seis millones pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA) y el resto está situado en actividades en mercados, talleres artesanales, locales comerciales y negocios ambulantes.