Las cárceles públicas –de la Policía Nacional Civil (PNC)– albergan a 1 mil 545 personas, de ellas 1 mil 361 se encuentran en condición preventiva y 184 en cumplimiento de condena. El Ministerio de Gobernación (Mingob) anunció que próximamente será el Sistema Penitenciario (SP), quien custodie a estas personas.

Información oficial indica que en prisión preventiva están recluidos 1 mil 333 hombres y 28 mujeres, en tanto, en situación de condena hay 176 hombres y 8 mujeres.

Estas personas están recluidas en 14 comisarías de los departamentos de Jutiapa, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán y Baja Verapaz; según se sabe en esos recintos hay mezcla de población masculina con femenina.

Los detenidos son custodiados por 227 integrantes de la PNC, quienes también se encargan del resguardo y traslado, cuando así se requiere.

Información documental refiere que persisten actos de corrupción en estos centros, el propio ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo en una ocasión a La Hora, que estos lugares se han convertido en “focos de corrupción” para la PNC.

Entre los hechos suscitados se registran fugas de reos cuando eran trasladados, así como agresiones sexuales y físicas.

EN PROCESO DE CAMBIO

Edi Juárez, viceministro de Seguridad, dijo hace algunas semanas, en conferencia de prensa, que trabajan para que las personas detenidas en cárceles públicas sean custodiadas por Presidios, aunque no especificó cuándo podría realizarse esa transición.

El entrevistado explicó que inicialmente esos centros fueron creados para que las personas permanecieran custodiadas de forma preventiva por 6 horas, sin embargo, por órdenes de jueces se convirtieron hasta en cárceles de cumplimiento de condena.

“Estamos en revisión con el SP para trasladar esa responsabilidad, actualmente la PNC realiza esas atribuciones”, destacó.

¿OPORTUNO O CONTRAPRODUCENTE?

Gary Estrada, coordinador del Programa de Personas Privadas de Libertad y Derechos Humanos, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), indicó que es necesario que el anuncio emitido por la Cartera del Interior se realice, pues es “ilegal”, recluir a estas personas en sedes policiales.

“Constitucionalmente es ilegal porque son cárceles que no deben existir desde la creación de la Constitución Política de la República, en tal sentido a pesar de los vaivenes, es el SP quien tiene esa obligación”, indicó el profesional.

A criterio de Estrada, si el anuncio del Mingob se convierte en realidad, es evidente que habrá hacinamiento en las prisiones, por ello es imprescindible dotar a la institución con los recursos económicos necesarios, en tanto los jueces deben considerar otras alternativas antes de enviar a prisión preventiva a las personas.