En los últimos años los conflictos y demandas de diferentes sectores de la sociedad se han agudizado ante la falta de respuesta y consensos con el Gobierno, lo cual ha desencadenado una serie de protestas sociales que van desde la manifestación pacífica hasta el bloqueo de carreteras a nivel nacional, aunque la esencia de esencia ahora está siendo cuestionada.

Temas relacionados con la exploración y explotación de los recursos naturales, la demanda de tierras, los cambios generados por la reforma magisterial, el alto precio de la energía eléctrica en comunidades del interior, el irrespeto al derecho indígena, el descontento por  el pago del subsidio de transporte y el clamor por el cese a la violencia que azota al país, son algunos de los tópicos que han predominado en el ambiente nacional.

En todos estos conflictos sociales, la población indica no haber hallado solución mediante el diálogo, al cual califican como un sistema carente de resultados. 

De acuerdo al Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP), en la actualidad se discuten 31 conflictos sociales. Es por ello que en algunas ocasiones, las manifestaciones han motivado incluso al uso de la fuerza con la excusa de recuperar la gobernabilidad en el país, aunque realmente ha agravado más los problemas.

PMT: 350 MANIFESTACIONES

Es un hecho que al menos en la ciudad de Guatemala, el tránsito llegó a un punto en el que se ha triplicado la circulación de vehículos, pues cuando deberían estar circulando 350 mil automóviles diariamente, actualmente circula un millón de automotores en el casco urbano.

En ese contexto, según el Intendente Administrativo de la Policía Municipal de Tránsito, Amílcar Montejo, se tiene registro dentro del perímetro de la ciudad de Guatemala, de 350 manifestaciones cada año desde inicios de la actual gestión de Gobierno, es decir, un promedio de una diaria, aunque algunas son más notorias que otras, lo cual repercute en las condiciones del tránsito que ya de por sí son lentas.

“Sucede que los organizadores de las protestas encuentran en el tránsito el punto álgido y crítico para llamar la atención de las autoridades a las cuales les pretenden plantear sus necesidades. ¿Por qué si el magisterio tiene un problema con el Ministerio de Educación, bloquean El Trébol o El Obelisco en lugar de hacer la concentración en el lugar correspondiente?”, cuestiona Montejo.

A decir del jefe de la PMT, el horario preferido para los manifestantes es entre las 8 de la mañana hasta las dos de la tarde y los puntos regulares de concentración, independientemente del grupo o demanda, son el Molino de las Flores, Anillo Periférico y Puente El Incienso en las zonas 11 y 7; El Obelisco en la zona 10, la Plaza de la Constitución, Casa Presidencial, el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad en la zona 1; y finalmente la ruta al Atlántico y al Pacífico.

“Su derecho de manifestar está afectando el derecho de manifestación de otros y el llamado es que si van a realizar una manifestación que se va a desplazar, se utilice un solo carril. No estamos en contra de que planteen sus necesidades, pero hay que reconocer que no son solidarios en la utilización de la vía”, agrega.

Amílcar Montejo recomienda que antes de las medidas de hecho se agoten todas las instancias legales para evitar inconvenientes a las personas que son ajenas a estos eventos; además señala que si se van a realizar, se hagan de manera directa en los lugares específicos e instó a la Gobernación Departamental de Guatemala, a velar por el correcto desarrollo de las mimas.

“No es posible que si se tiene un problema con los buses de una comunidad, se vengan a protestar a la ciudad. Nuestro punto de vista es que no obstruyan el tráfico, no importa quienes son. Nosotros no damos un apoyo directo a las manifestaciones, sino damos el apoyo a los automovilistas que resultan afectados”, puntualiza el entrevistado.

MARCO LEGAL EXISTENTE

El artículo 33 de la Constitución Política de la República garantiza el derecho de reunión y manifestación pública indicando que no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y solo la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público.

Asimismo, obliga la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente.

De igual forma, el artículo 5 de la Carta Magna establece la libertad de acción, donde toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe y no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.

A decir de la profesional del Derecho, Gladys Monterroso, aunque el derecho a la manifestación se encuentre consagrado en la Constitución, el mismo ha perdido su esencia desde que se han entremezclado las causas consideradas por algunos grupos como justas, con manifestaciones que son señaladas de ser objeto de manipulación incluso por miembros de la comunidad internacional como supuestos agitadores.

Asimismo, no exime de responsabilidad al actual Gobierno no solo por no garantizar las condiciones mínimas para satisfacer las necesidades de la población más pobre, sino porque tácitamente, autoriza las movilizaciones para alcanzar ciertos objetivos, convirtiendo a las autoridades, cómplices en la transgresión de otro derecho fundamental como lo es la libre locomoción de las personas.

“A los maestros, por ejemplo, se les dejó a salir a manifestar y bloquear carreteras a nivel nacional mientras a los estudiantes de la carrera docente que manifestaron públicamente su rechazo a la Reforma Magisterial en 2012, la actitud gubernamental fue distinta hasta el punto que los elementos de las fuerzas policiales accionaron violentamente contra este último grupo y reportando varias capturas”, opina.

Y aunque se supone que las autoridades deben garantizar el ejercicio pleno de ambas garantías, para la también docente de la Usac, eso parece más una utopía para la sociedad guatemalteca que por un lado se ve más molesta, frustrada y cansada al no llegar a tiempo, a sus lugares de trabajo y estudio; y por el otro a una población que ve insatisfechas sus necesidades y a través de estas actividades hacen escuchar sus demandas, se presume, a las altas esferas del Gobierno.

“Y es que cuando un grupo de personas se manifiesta en contra de algo como lo hizo hace un par de semanas el Magisterio Nacional, comandado por Joviel Acevedo, se afectó el derecho a la libre locomoción en claro contubernio con el Gobierno, pues el fin último era ejercer presión al Congreso de la República para que aprobara implícitamente la ampliación presupuestaria por Q1 mil 500 millones para los ministerios de Salud y Educación, es decir más endeudamiento”, agrega.

CÁMARAS ACCIONAN LEGALMENTE

Precisamente en el caso de bloqueos por parte de supuestos maestros así como de transportistas extraurbanos en al menos 12 puntos a nivel nacional en el primer mes del año, la Cámara de Comercio de Guatemala presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, en contra del presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y el Director de la Policía Nacional Civil, Telémaco Pérez, a efecto de que movilizarán a las fuerzas de seguridad a los puntos bloqueados y se tomarán las acciones correspondientes en contra de estos grupos, a fin de garantizar el derecho a la libre locomoción de los guatemaltecos.

Al respecto, desde el sector empresarial, Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, subraya que aunque el sector empresarial organizado respeta el derecho a la manifestación de la opinión de los guatemaltecos, esta debe estar enmarcada en lo que la ley permite, sin incurrir en el bloqueo de las vías.

“En lo que no coincidimos es que las manifestaciones conlleven el bloqueo de carreteras porque ponen en riesgo no solo la libre locomoción de las personas sino el acceso a servicios básicos como hospitales o escuelas. Esto no solo repercute en las pérdidas económicas, sino en la pérdida de negocios que los guatemaltecos tienen, así como para el clima de competitividad del país”, argumenta Zepeda.

Al consultársele al directivo sobre las movilizaciones de personas motivadas por los empresarios en años anteriores, el mismo responde que dichas manifestaciones también se han dado, pero en escenarios positivos y sin afectar la movilización de las personas ajenas al evento; y no con el ánimo de seguir confrontando al país.

Zepeda recalca: “Nuestro ánimo no ha sido en ningún momento bloquear el paso de las personas. Esa manifestación se dio un día domingo que en ningún momento afectó la actividad económica o laboral de nadie. Es necesario acatar lo que dice la ley y lo que hay que hacer es actuar para velar por el cumplimiento y para eso están las autoridades”.

POCA REGULACIÓN

Para los afectados de estas muestras públicas, nace el cuestionamiento del rol y el verdadero sentido de las protestas sociales pues en su mayoría, transgreden otras garantías fundamentales y en anotados casos, le ha restado legitimidad a estos movimientos sociales por conseguir objetivos cortoplacistas; así como la necesidad de una mayor regulación por parte de la Gobernación de cada departamento.

Al respecto, Luis Palma, titular de la Gobernación Departamental de Guatemala, asegura que para autorizar una manifestación es necesario que la organización involucrada haga una solicitud y brinde los pormenores de la actividad como horario o puntos en donde tendrán presencia, para notificarle a la Policía Nacional Civil y a la Policía Municipal de Tránsito, a fin de coordinar la seguridad de los manifestantes.

Asimismo, se brindan las recomendaciones necesarias como no consumir bebidas alcohólicas durante el trayecto, no alterar el orden público y no dañar el patrimonio nacional ni privado.

Palma reconoce que la Gobernación, después de autorizada la protesta, solo verifica el cumplimiento del horario, el lugar y el motivo, más no el desarrollo de la misma, aunque hace notar que si hubiera daños a terceros, cada institución, empresa privada o persona que se sienta agraviada, está en la libertad de interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

“Todas las manifestaciones deberían ser pacíficas. Pero no podemos coartar la libertad a manifestar. Con relación a muchas manifestaciones que no hacen esta notificación, simplemente no nos damos por enterados del proceso y la situación es diferente. De alguna manera se trata de tener control del tránsito y la seguridad”.