Una comisión de la ONU advirtió el lunes al líder norcoreano Kim Jong Un que se le podría exigir una rendición de cuentas como autor intelectual de delitos contra la población civil en su país, que van desde la ejecución y tortura de prisioneros a secuestros sistemáticos y someter por el hambre a grandes poblaciones.
Es inusual que un informe de la ONU denuncie directamente a un jefe de estado o gobierno, pero en la carta que acompaña a un informe, producto de un año de investigaciones, el presidente de la comisión de la ONU, el ex juez australiano Michael Kirby, advirtió a Kim que «es necesario exigir una rendición de cuentas a los posibles responsables, incluido usted mismo, de crímenes contra la humanidad».
«Aun sin participar directamente en crímenes contra la humanidad, a un comandante militar se le puede considerar responsable de crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas bajo el mando y control efectivo de ese comandante», escribió Kirby.
«La comisión le exhorta a tomar todas las medidas necesarias y razonables en su poder para prevenir o reprimir la comisión de nuevos crímenes de ese tipo y asegurar que los crímenes contra la humanidad que se hayan cometido sean debidamente investigados y enjuiciados», escribió.
«Hasta este momento, la comisión no ha encontrado indicios de que las instituciones y funcionarios de la República Democrática Popular de Corea estén dispuestas y sean capaces de identificar y juzgar a los autores de los mencionados crímenes contra la humanidad».
El informe de 372 páginas de la comisión investigadora constituye una amplia acta de acusación a Corea del Norte que incluye campos de prisioneros políticos que alojan entre 80 mil y 100 mil personas, secuestros auspiciados por el estado de ciudadanos coreanos, japoneses y de otras nacionalidades, adoctrinamiento permanente de la población. The Associated Press anticipó detalles de la investigación el viernes.
El informe también explica los motivos de la carta a Kim.
«En la carta, la comisión llamó la atención sobre el principio de la responsabilidad del mando bajo el derecho internacional», dijo el informe. «Exhortó al Líder Supremo a prevenir y suprimir los crímenes contra la humanidad y asegurar que sus autores sean juzgados y sometidos a la justicia».
En declaraciones a la prensa luego de la difusión del informe, Kirby dijo que la «carta al Líder Supremo era respetuosa», pero que era imposible no incluir su nombre en la lista de sospechosos debido a lo que llamó la naturaleza totalitaria del régimen.
Las autoridades norcoreanas no colaboraron con la investigación, al señalar en una carta el año pasado que Pyongyang «rechaza total y categóricamente» la investigación encomendada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un organismo de 47 naciones con sede en Ginebra.
Sus tres miembros —Kirby, la serbia Sonja Biserko y el indonesio Marzuki Darusman— dijeron que sus conclusiones se basan en los testimonios de 80 testigos realizados en audiencias públicas en Seúl, Tokio, Londres y Washington el año pasado y más de 240 entrevistas confidenciales con víctimas y otras personas.
En carta al embajador chino ante la ONU en Ginebra, Kirby dijo que existen pruebas de que funcionarios chinos en algunos casos dieron a las autoridades norcoreanas «información acerca de los contactos y la conducta» de ciudadanos norcoreanos sujetos a repatriación.
El embajador, Wu Haitao, en su respuesta a la comisión, negó que los ciudadanos norcoreanos repatriados desde China enfrenten torturas en Corea del Norte. Añadió que Beijing «seguirá manejando de manera prudente y correcta» a los ciudadanos norcoreanos que entren ilegalmente a China.