La cantidad de personas muertas a manos de la policía en el estado más grande de Brasil disminuyó un 40% y los expertos lo atribuyen a algo inusual: una nueva disposición que prohíbe a los agentes transportar o ayudar de alguna manera a las víctimas de tiroteos.
Se dice que esto dificulta la ejecución sumaria de sospechosos de haber cometido delitos, lo que constituía una vieja práctica que a menudo quedaba impune.
A simple vista, la norma, que fue muy criticada en su momento, parece contradecir la misión de la policía de salvar vidas. A los agentes se les dijo que no pueden ofrecer primeros auxilios a las víctimas de tiroteos, incluidas las personas que ellos mismos balearon, ni las pueden llevar a un hospital.
Sin embargo, la policía y varias agrupaciones que vigilan su desempeño dijeron esta semana que la medida ayuda a salvar vidas de dos maneras: las víctimas de tiroteos reciben mejor asistencia del personal de las ambulancias que de los agentes y ahora le resulta más difícil a un policía montar a una víctima de un tiroteo en su auto y llevarla a algún sitio donde la ejecuta.
«Antes de que entrase en vigor esta norma, las personas heridas en tiroteos eran tiradas en camionetas policiales que se tomaban una o dos horas para llegar a los hospitales», afirmó Guaracy Mingardy, experto en delincuencia y seguridad pública de Sao Paulo. «En muchos casos, el sospechoso era ejecutado dentro de la camioneta cuando lo llevaban al hospital».
La medida es parte de un cambio de actitud de parte de los oficiales en su empeño por contener la ejecución de sospechosos.
«Hasta fines del 2012 a las autoridades policiales no les importaba si un policía mataba o no mataba» a un sospechoso, señaló Mingardi. «Pero luego dejaron en claro que los agentes que mataban a alguien durante un tiroteo o que ejecutaban a alguien que estaba siendo llevado a un hospital no gozarían de la impunidad» que alguna vez disfrutaron, añadió.
Según el Departamento de Seguridad Pública de Sao Paulo, la policía mató a 335 personas en el 2013, comparado con las 546 del año previo.
Cuando se adoptó la prohibición de asistir a las víctimas de tiroteos en enero del 2013, el coronel Marcos Chavez, jefe de la policía estatal de Sao Paulo, dijo que el objetivo era darle mayor transparencia a las acciones de los agentes.
«Siempre se sospecha de los agentes cuando hay un tiroteo. Nadie sabe lo que ocurrió realmente ni si se cambió algo en la escena del crimen. La nueva medida acabará con las suspicacias», sostuvo Chaves en esa ocasión.
Las policías de Sao Paulo, Río de Janeiro y de otras ciudades brasileñas han sido acusadas de ejecutar en forma sumaria a sospechosos que supuestamente se resisten. La agrupación estadounidense Human Rights Watch calculó que la policía mató a 11.000 personas entre el 2003 y el 2009 en Río y Sao Paulo. Y un informe de las Naciones Unidas del 2008 dijo que la policía era responsable de un buen porcentaje de los 48.000 asesinatos cometidos el año anterior.
En su Informe Mundial del 2014, HRW dijo que la decisión de prohibir a la policía que asista a las víctimas de tiroteos ayudó a reducir el número de muertes a manos de los agentes. Pero al mismo tiempo señaló que hay que hacer más cosas porque «sigue habiendo importantes obstáculos» que dificultan saber cuándo hubo irregularidades en la muerte de sospechosos.
Entre esos obstáculos figuran el hecho de que «la policía no conserva evidencia importante y los fiscales encargados de investigar estos casos no tienen suficiente personal ni recursos».
Marcus Fuchs, director de la organización brasileña de derechos humanos Conectas, dijo que la inversión destinada a mejorar los métodos de investigación y forenses y un aumento en los sueldos de los policías «han inhibido a la gente de cometer crímenes y esto genera menos confrontaciones con la policía».
Este mes el gobierno estatal de Sao Paulo dijo que propondrá a la legislatura una ley que autorizaría el pago de aguinaldos trimestrales de más de 800 dólares para los departamentos de la policía que logren reducir las tasas de delincuencia sin recurrir a la fuerza letal. Si se usa fuerza letal sin violar las leyes, el aguinaldo sería de solo 250 dólares.
En la década de 1990 en algunas ciudades, incluida Río, los agentes recibían promociones y compensaciones adicionales si mataban a delincuentes en tiroteos.