Hace un año la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emprendió un proyecto que buscaba despejar el Centro Administrativo de Gestión Penal –encargado de la distribución de casos a juzgados–, ahora Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal, para hacerlo transparente y eficiente.

Sin embargo, la intención original se traspapeló por el cambio de presidencia de la instancia judicial.

En diciembre de 2012, la Cámara Penal, entonces dirigida por el magistrado César Barrientos Pellecer, emprendió un proyecto de reestructuración de Gestión Penal, el cual por medio del Acuerdo 46-2012 emitido por la CSJ el 11 de febrero de 2012, se convirtió en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal (CSAJP).

La entidad diseñó una estrategia de reorganización de los tribunales y de los órganos administrativos relacionados con la justicia penal, a efecto de hacer las correcciones para mejorar el cumplimiento de los plazos judiciales, hacer más transparentes los procesos y cerrar cualquier espacio que pudieran considerarse «oscuro” o ajeno a los controles.

Sin embargo, el proyecto trazado para mejorar la transparencia y efectividad de la unidad se estancó y no logró los resultados planteados.

FOCO DE ATENCIÓN

El Centro de Gestión Penal, como se le llamaba antes, tiene  relevancia en el sector justicia, ya que allí coinciden todas las entidades relacionadas a la justicia guatemalteca; los nuevos expedientes llegan a esta unidad y por medio de un sistema electrónico aleatorio se  distribuyen los casos, se determina que juzgado lo conocerá, y en ese sentido, en buena medida también se define si una causa avanzará, o caso contrario, se quedará engavetada.

Para las autoridades del Poder Judicial también es de suma importancia, ya que con estudios se determinó que el lugar lejos de cumplir su función, se fue transformando en uno de los focos de corrupción más «duros” del Organismo Judicial, ya que es un lugar propicio para la manipulación de los procesos y la fuga de información.

Además, en el lugar fueron identificadas dos posibilidades básicas para la corrupción: la alteración en el sistema de asignación de casos a jueces, y la falta de personas que se hagan responsables por los expedientes.
 
En ese sentido, en 2012 la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, apoyó el proyecto de la Cámara Penal realizando un diagnóstico del funcionamiento de la unidad, con el que descubrió que las deficiencias del lugar no solo afectaban al OJ, sino a todo el sector justicia.

La estrategia para el cambio se trazó, pero el proyecto no logró los resultados obtenidos.

EMPANTANADO

Con la publicación del Acuerdo 46-2012, se estableció que derivado de las reformas al Código Procesal Penal, era necesaria la reestructuración de los Centros Administrativos de Gestión Penal, acorde a los principios de celeridad, oralidad y sobre todo proyectar la “transparencia” en los servicios que prestan dicha unidad.

La trasformación sería física y reasignaría a los trabajadores de la unidad en otros puestos, por medio de una evaluación académica y de capacidades.

Sin embargo, a la espera de un informe, todo el proyecto se detuvo, y ahora está a cargo del magistrado Manfredo Maldonado, actual presidente de la Cámara Penal.

Una fuente de dicha Cámara, que pidió no ser citado, explicó que para iniciar con el proyecto solicitaron informes a varias unidades del OJ, para determinar, entre otras cuestiones, por qué si había tanto personal trabajando en Gestión Penal no avanzaban los procesos, y por el contrario, muchas veces se detenían allí.

En 2012, en un modelo de hacinamiento burocrático trabajaban en la unidad 106 personas, cuando solo 30 eran necesarias.

“Lo que se quería hacer era tener un centro que fuera solo de auxiliares judiciales, con personas que conocieran el proceso y fueran dirigidos por un secretario, para ya no ser un centro administrativo solamente”, indicó.

De esa cuenta se inició el proceso de depuración en base a un informe rendido por la Gerencia de Recursos Humanos del OJ, que evaluó al personal para determinar quiénes tenían el perfil para permanecer allí o quiénes podían ser ascendidos, o bien reubicados.

Los planes se socializaron en el centro de Gestión Penal, y se inició con la reorganización del personal, pero en cuestión de espacios físicos surgieron los retrasos.

En ese impasse surgió otra situación: la Cámara Penal cambió de Presidencia, y desde entonces no se ha avanzado.

“Estaban haciendo el estudio de toda la Torre de Tribunales para la reubicación de algunos juzgados. Hubo una problemática con los juzgados de Femicidio que querían instalar en ese edificio, entonces ya no se sabía si dejar Gestión Penal, donde estaba, o reubicarlo en otro nivel; ese estudio debía hacerlo la gerencia administrativa, pero ya no lo presentaron en la Cámara Penal”, se explicó.

La persona entrevistada añadió que nunca se conocieron las posibilidades de ubicación de ese órgano, y como consecuencia el proyecto se quedó varado.

Pero, además, surgieron otros atrasos ya que la Unidad de Puestos y Salarios del OJ y la Secretaría de Planificación de esa entidad no lograron llegan a un consenso en relación a los sueldos y la reubicación de los empleados.

Sin embargo, la Cámara sí logró delinear algunas atribuciones del personal de Gestión Penal, como por ejemplo, definir que su actuación es únicamente administrativa y no jurisdiccional, así como limitar el acceso a los programas de asignación de procesos y otras acciones con el fin de evitar la manipulación de los expedientes.

“Lo que se hizo fue que se les cerraron permisos (al personal de GP), ya que casi toda la gente tenía acceso para ver cualquier proceso en el Sistema de Gestión de Tribunales”, señaló.

De esa forma se logró al menos evitar la manipulación en la asignación de los casos a juzgados específicos, ya que dicho sistema distribuye los expedientes por medio de un  sorteo.

PLAN B: LO MISMO PERO MÁS DESPACIO

Maldonado, actual presidente de la Cámara Penal afirmó que sí se está trabajando, pero esta vez, priorizando las necesidades de los trabajadores del Centro Administrativo de Gestión Penal.

Al iniciar el proyecto de reestructuración se buscaba reubicar al personal en diferentes juzgados que carecían de gente para realizar la totalidad del trabajo; no obstante, los traslados se detuvieron, y algunos hasta se revirtieron por quejas de los mismos trabajadores públicos y de los sindicatos que los acogen.

“Las personas realmente no aceptan irse a otro lado, entonces estamos buscando un plan B con Recursos Humanos, pero seguimos trabajando, eso no se va a quedar allí tirado, se está trabajando, y lógicamente no se ve el cambio total ahora, pero contamos incluso con el apoyo de USAID”, aseguró.

El plan B, manifiesta el magistrado Maldonado, es hacer el proceso de reubicación de forma pausada y no apresurada.

“El plan A era mandar a 40 personas a otros juzgados de una vez; el B es analizar el caso de Pedro López Pérez que vive en Amatitlán, para entonces proponerle si se quiere ir al juzgado de Amatitlán”, explicó. 

“Hace dos meses y medio mandamos de una vez a seis y mire llegaron a mi despacho, llegaron los del sindicato, llegó una insatisfacción tremenda, me tardé media hora para convencerlos y se logró, y fue para evitar una situación que les afecte grandemente, porque también hay que pensar en el lado humano, hay que ir poco a poco haciendo los cambios”, afirma.

Según el Presidente de la Cámara pese al paso pausado del proyecto, Gestión Penal ya es una unidad transparente.

“Realmente no hay forma ya de que ocurra una situación anómala allí. Hay un Sistema de Gestión de Tribunales que controla todo, no se puede manipular ningún solo expediente porque queda registrado quién fue y eso tiene consecuencias”, añade.

Pese a los controles y a la forma aleatoria de remitir los expedientes a los órganos jurisdiccionales, en Gestión Penal ha ocurrido situaciones que despiertan dudas.

Durante 2013 se registraron al menos tres casos donde amparos de casos de alto impacto llegaron a la Sala de Apelaciones de Femicidio, pese a que fue creada para que conociera los procesos de justicia especializada en temas de violencia contra la mujer, femicidio y trata de personas.

A esta situación Maldonado enfatiza en que pudo haber sido consecuencia de una casualidad ya que el programa, insiste, no es manipulable.

“Yo soy muy humano, soy súper híper humano, y primero pienso en el personal. No puedo condenar a alguien si no tengo pruebas y decir este es corrupto. Entonces la realidad es que ahora se hará mejor (la reestructura), pero con pasos más firmes, con estructura más sólidas. No está detenido, por el contrario, se está trabajando para hacerlo de la mejor forma”, concluye enfático.

“NO ME CONSTA LA CORRUPCIÓN”

Rosario González, directora del Centro de Servicios Auxiliares de la Justicia Penal indicó que la reestructuración se realizó por la implementación de la oralidad, en virtud de las reformas del Código Procesal Penal.

“El objetivo era garantizar y centralizar todos los procesos, y documentación para realizar una distribución equitativa del trabajo de los juzgados”, refiere.

La entrevistada fue cuestionada acerca de los señalamientos de corrupción en dicho centro y aseveró que lleva cuatro años a cargo de la Unidad y que nunca ha visto un caso de esta naturaleza.

“A mí no me consta la corrupción, nunca se ha comprobado acá. El cambio de la reestructuración fue a raíz de la oralidad que entró a los juzgados. Comentarios se oyen en todos lados, pero que se le haya comprobado al Centro no”, dijo enfática.

Para garantizar esto dijo que existe un acuerdo de obligatoriedad que establece que los juzgados tienen que actualizar sus expedientes, para que quienes laboran en Gestión Penal ya no tengan nada que ver con él.

La Directora del Centro confirmó que previo a la reestructuración laboraban en el lugar aproximadamente 110 personas, y que ahora trabajan 60, pero insiste en que no son necesarios más movimientos.

Por último al ser consultada de las medidas que se toman para garantizar la trasparencia en el lugar, dijo que el Sistema de Gestión  de Tribunales está parametrizado para que no existan manipulaciones, y que constantemente se comunica con su personal.

“Las personas que están aquí, son para mí confiables y uno no puede ser capataz, pero se está constantemente pendiente de ellos”, concluyó.