La Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación para el Debido Proceso Legal, el Centro para la Justicia y Derecho Internacional, la Iniciativa de Justicia de Open Society y la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala manifestaron su preocupación por la institucionalidad e independencia del Ministerio Publico.
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Según las organizaciones internacionales, los hechos recientes afectan la institucionalidad del Ministerio Publico (MP) e instan a que se respeten los principios de independencia, participación, transparencia, publicidad y representatividad en los procesos de elección de miembros de diversos órganos que conforman la administración de justicia.
Además, indican que la decisión de la Corte de Constitucionalidad, que mediante un amparo provisional reduce “indebidamente” el periodo de nombramiento de la actual Fiscal General Claudia Paz y Paz, amenaza la independencia del MP y constituye una afectación a su institucionalidad, por lo que instan a la CC a reconsiderar su decisión provisional y mantener el mandato de la Fiscal General según fue establecido en su nombramiento.
Las organizaciones indicaron que temen que se afecte lo avanzado por la Fiscalía bajo el mandato de Paz y Paz en la reducción de la impunidad.
Retroceso y represalia
Jo-Marie Burt, representante de WOLA, indicó que la preocupación es que con el corte del periodo de la Fiscal General, y sin que haya un proceso de nombramiento transparente; las reformas en general que se han ido cumpliendo en el periodo de Paz y Paz en el Ministerio Publico tengan un retroceso, “lo que nosotros quisiéramos ver es la consolidación del Estado de Derecho en Guatemala y eso pasa en consolidar esas reformas”.
Marcia Aguiluz del Centro para la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) dijo que la reducción del periodo de la Fiscal General causa dudas porque la resolución de la CC tiene serios problemas, e indicó que ante esta falta de motivación y claridad sobre el propósito de esa decisión, se puede considerar de acuerdo con los estándares internacionales que hay una “represalia” por la labor de Paz y Paz.
Aguiluz señala que bajo esa tesitura “si esta decisión fuera una represaría por la labor de la lucha contra la impunidad, por supuesto que preocupa que ante su salida haya un retroceso en los cambios institucionales y que no se persigan delitos que son importantes”.
Durante una actividad pública, el presidente Otto Pérez Molina dijo que no especularía por la decisión de un nuevo Fiscal General, esto si Paz y Paz se llegara a postular, “no puedo adelantar opinión porque si adelanto opinión entonces nadie más se va querer postular, yo esperaría hasta que llegue la lista y hacer el análisis sobre los seis que me propongan”.