El proceso de elección de titular en la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) resulta de gran importancia para el país, porque se vincula con la dirección de una institución que cuenta con autonomía y está llamada, constitucionalmente, a penetrar en la actuación de los funcionarios y demás trabajadores del sector público
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Evaluar los procedimientos de ejecución del gasto público y, en caso necesario, establecer procesos que pueden llegar hasta lo penal en caso de anomalías en el manejo de los recursos públicos.
Muy en contra del origen de su función, diversas organizaciones de la sociedad civil han logrado determinar que, en la práctica, la figura del Contralor se apega en muchas ocasiones al actuar de grupos de poder, protegiendo el manejo anómalo de los recursos financieros del Estado.
Es por ello que las fuerzas políticas y otros grupos de poder tratan de llevar a la dirección de la institución a alguien que responda a sus intereses, y en muchas ocasiones, les permita “cubrir” actos de corrupción.
La lucha de los grupos de interés implica penetrar en la conformación de la Comisión de Postulación, a través de los entes postuladores, principalmente con los que tienen eventos eleccionarios como el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CECPAA) y el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CCPAG).
En ese sentido, se promulgó la Ley de Comisiones de Postulación (LCP), Decreto 19-2009, con el objetivo de desarrollar las normas constitucionales y legales que crean estos entes, e instaurar la idoneidad, la publicidad, la objetividad y la transparencia como sus principios rectores, y así establecer mecanismos para la selección de autoridades.
PROCESO DE ELECCIÓN
El pleno de diputados debe conformar a más tardar a finales de mayo de este año, la Comisión de Postulación para nominar la lista de seis candidatos para ocupar el cargo de Contralor General de Cuentas para los próximos cuatro años en sustitución de la actual titular Nora Liliana Segura Monzón de Del Compare, quien debe abandonar el cargo el 10 de octubre.
De acuerdo a la Constitución, el Contralor es el Jefe de la CGCN, institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y, en general, de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas; cualquier persona que reciba fondos del Estado; y contratistas de obras públicas que invierta o administre fondos públicos.
Asimismo, la Constitución Política establece que el Contralor debe ser mayor de 40 años, contador público y auditor, haber ejercido su profesión por lo menos diez años, gozar de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, así como no tener juicio pendiente en materia de cuentas.
Dado que la función de la CGCN es primordial en el sector público, se esperaría que el próximo Contralor tenga cualidades excepcionales y que su desempeño profesional sea eficiente, ético, meritorio y, en gran medida, ejemplar.
No obstante, se conoce a través de denuncias y reparos de organizaciones de la sociedad civil, que grupos de poder siempre mantienen cierta influencia en la Postuladora, lo cual hace que esta Comisión de Postulación sea débil para defender la transparencia.
La misma está integrada por el representante de los rectores de las universidades, así como de los decanos de la Facultad de Ciencias Económicas de las mismas. De igual forma, terminan de integrar la lista los representantes del Colegio de Economistas y del Contadores Públicos, Auditores y Administradores de Empresas de Guatemala.
Al respecto, Carmen Aída Ibarra, del movimiento Pro Justicia, informa que han sostenido reuniones con el presidente del Legislativo, Arístides Crespo, para solicitarle que se convoque anticipadamente la postulación de candidatos a Contralor, en virtud de que es necesario contar con tiempo suficiente para resolver recursos de impugnación e impedir que el proceso se atrase.
La investigadora insistió en que después de conformada la Comisión de Postulación, los comisionados deben trabajar con independencia, buscando no la impunidad para los funcionarios entrantes o salientes de la administración de Gobierno, sino que las negociaciones estén orientadas en seleccionar al profesional más idóneo y capaz en frenar “cualquier desmán” que se quiera hacer con los recursos del Estado.
Finalmente, Ibarra urgió la necesidad de depurar la institución y fortalecer los mecanismos de control de los fondos para que de una manera independiente e imparcial, se ejerza a cabalidad la función de la Contraloría; situación que no ha sucedido en la gestión de Nora Segura, la cual califica de deficiente.
LIMBO LEGAL
Al igual que en el caso de la Fiscal General, se vaticina mucha tensión en la elección del próximo Contralor de Cuentas, porque algo similar ocurre con Nora Segura, actual jefa de la CGCN, pues continua siendo incierto si su gestión finaliza en octubre o diciembre de este año.
Segura fue juramentada en el pleno del Legislativo el 10 de octubre de 2010. Según la representante de Pro Justicia, esto daña la institucionalidad de la CC y genera un desgaste innecesario.
Por su parte, Alejandro Balsells, abogado constitucionalista y miembro del Centro para la de Defensa de la Constitución, no duda en decir que la principal preocupación es la reciente medida adoptada por los colegios profesionales de Economistas y Auditores Públicos, puesto que actualmente una persona puede optar a la colegiación profesional obligatoria en dos entes gremiales distintos, lo cual generaría desorden al momento de conformar la Comisión de Postulación de este tipo.
“Esto afecta porque se tiene a dos colegios designando a sus representantes cuando debería ser solo uno y además hay fallos muy raros de la CC que ha permitido que los nuevos auditores se puedan inscribir en uno y en el otro colegio”, expone.
De igual forma, el del Cedecon manifiesta que a pesar de que aún no se ha convocado a integrar la Comisión, grupos con intereses políticos desde ya pretenden manejar la elección del Contralor y denuncia que aunque sea un secreto a voces, la misma CGC se encuentra haciendo campaña a favor de sus respectivos grupos con recursos del Estado.
MENOS TRANSPARENCIA
Los expertos advierten, además, de un incremento de casos de corrupción, toda vez que los controles ejercidos por la Contraloría y el Ministerio Público son débiles.
A decir de Juan Carlos Paredes, expresidente del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, hasta el momento dentro de las facultades de la CGC no ha descansado el principio de transparencia en el manejo de los recursos, lo cual repercute en el nulo impacto de las tareas de fiscalización y el combate de la corrupción en las instituciones.
Al mismo tiempo, subraya que el actuar y el manejo de la CGC siempre está supeditado y apegado a grupos paralelos, sobre todo en áreas de riesgo como los contratos en obras de infraestructura vial y ministerios donde se destinan mayores presupuestos, a través de fideicomisos.
Para el exdirectivo, la elección del próximo Contralor de Cuentas tiene que estar alejado de cualquier influencia, incluso del oficialismo.
A manera de conclusión, Paredes hace hincapié en que uno de los retos para el próximo Contralor es actuar con independencia y fortalecer la capacidad de fiscalización a través de instrumentos tecnológicos, así como personal más capacitado para cumplir esta función.
APUESTAN POR REFORMA
De acuerdo al Movimiento Pro Justicia, las reformas propuestas a la Ley de Comisiones de Postulación en el Congreso contribuirían a perfeccionar el marco normativo que las rige, con miras a potenciar las herramientas que establece para alcanzar la transparencia, publicidad, idoneidad y objetividad en los procesos de elección de autoridades.
Las mismas están enfocadas a garantizar la transparencia del proceso, el desarrollo de mecanismos y parámetros adecuados para la calificación de los expedientes y la evaluación de los postulantes, así como la efectividad y los procedimientos de valoración de la honorabilidad de los mismos, dentro de plazos razonables.
Por su parte, el diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad del Legislativo, planea presentar en breve una iniciativa ante el pleno, para crear una instancia de evaluación, monitoreo y observatorio desde el Congreso y con la sociedad civil, de las Comisiones de Postulación, con miras a garantizar la transparencia y la probidad de los candidatos.
“Normalmente los Contralores han respondido a una lógica de poder fáctico o a padrinos y es en este caso que queremos incidir para que ya no siga siendo así”, expresa.
El parlamentario argumenta que es casi imposible que el proceso de elección vaya a estar alejado del oficialismo, pues el partido oficial tiene mayoría en el Congreso, y por lo tanto tendrán cierta incidencia al momento de favorecer a un candidato.
Precisamente fue Transparencia Internacional, quien en su reporte anual sobre los índices de corrupción a nivel mundial, ubicó a Guatemala entre los Estados más corruptos del mundo, que atribuye el fenómeno generalizado a la desigualdad, el desgaste de las instituciones y el crimen organizado. En diciembre de 2013, el presidente Otto Pérez Molina se molestó al conocer los resultados y restó importancia al informe.
Según la evaluación internacional, Guatemala descendió cuatro puntos en esa lista, puesto que obtuvo 29 sobre cien, de los 33 puntos que había logrado en 2012. Además, de 177 puestos, en donde el primero que lo ocupa es considerado el país más transparente en el uso de los recursos públicos, Guatemala se situó en el 123, diez puestos abajo comparados con el año anterior.
El Ministerio de Gobernación incurrió el año pasado en la compra por excepción de 17 mil 346 armas de fuego para la Policía Nacional Civil (PNC) por Q87 millones 790 mil, a través del acuerdo gubernativo 340-2013.
No obstante y a pesar del señalamiento de la sociedad civil, el Mingob modificó varios puntos del dictamen dado por la Contraloría General de Cuentas (CGC), y no hizo las publicaciones en el portal de Guatecompras.
Estudios calculan que el 90 por ciento de las contrataciones y adquisiciones en el sector público no se ajustan a los procedimientos de licitación y cotización previstos en la Ley de Contrataciones del Estado, sino que se rigen bajo regímenes de excepción o se llevan a cabo por medio de procedimientos en fraude de ley.
Asimismo, el régimen de concesiones desarrollado en dicha ley tampoco se acata, pues se continúa otorgando en “concesión” algunos servicios como el de la Empresa Portuaria Quetzal, por medio de contratos de usufructos onerosos.
Precisamente en el tema de la Portuaria, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría, opinó en contra de que la EPQ llevará a cabo la contratación de Q71.1 millones por excepción, debido a que en diciembre de 2013, el Ejecutivo emitió un acuerdo que permite a la empresa realizarla para construir obras que eviten el colapso del Canal de Chiquimulilla.
En Guatemala tal parece que si bien se cuenta con la legislación necesaria para fines de transparencia, eficiencia, calidad del gasto público y competencia, toda contratación estatal también se vuelve discrecional, opaca y a dedo en el sector público a través de los fideicomisos públicos o las ONG.
Por otro lado, en la CGC aún están pendientes las denuncias penales por la denominada “deuda flotante”, adquirida presuntamente en el gobierno de Oscar Berger y Álvaro Colom, con contratistas de obra gris y por quienes Alejandro Sinibaldi, actual ministro de Comunicaciones, abogó para que se le cancelara ese compromiso el año pasado, por Q3 mil 500 millones de quetzales.
El titular de la cartera pretendía la aprobación de Bonos del Tesoro para cancelar dicha deuda, aunque al final del 2013 desistió del pago de la infraestructura vial, al no encontrar respaldo ni en el Congreso ni de la sociedad civil, puesto a que ese gasto no se encontraba en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación.
Sobre la legalidad de sus acciones, Sinibaldi en todo momento se limitaba a explicar que existían tres tipos de deuda: una que es legal, otra que no tenía registros, pero que existe y la otra a las que se les brindó “de todo”, pero que la obra no existe.
Tampoco existen respuestas para las denuncias públicas sobre la compra de medicamentos sobrevalorados para instituciones de salud del Estado; los señalamientos han sido publicados en diferentes medios de comunicación, pero no han trascendido avances en procesos de fiscalización.