Así como en Guatemala cualquier hijo de vecino coloca túmulos donde se le antoja, también nuestros diputados quieren meter goles legales por donde se les ocurra o por donde puedan. En efecto, resulta que una iniciativa de ley que tiene la finalidad de regular precisamente ese abuso que se comete para entorpecer el tráfico, con la anárquica construcción de todo tipo de reductores de velocidad que se instalan sin ton ni son, sirve ahora para que mediante una enmienda por adición se quiera eliminar un importante candado de la ley de presupuesto que tiene la finalidad de evitar que se contrate deuda sin respaldo financiero que luego da lugar a la mal llamada deuda flotante que es ilegal.

Como ni el Ministerio Público ni la Contraloría de Cuentas hicieron nada para sancionar a los funcionarios sinvergüenzas que contrajeron la millonaria deuda flotante que está pendiente de pago, es natural que ahora nuevamente se quiera abrir el espacio para que se puedan realizar contratos con particulares aún y cuando no existan fondos disponibles para cubrir la obligación, lo que significa que el cumplimiento del pago se traslada “flotando” para futuros ejercicios. Pero resulta que la Constitución es clara al definir el Presupuesto y establece que el mismo debe contemplar “la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos o inversiones por realizar”. (Art. 237).
 
Asignar fondos a proyectos que no están presupuestados constituye malversación de los recursos del Estado y ello es punible, aunque ni la Contraloría ni el Ministerio Público hayan cumplido con su deber de procesar a los funcionarios que han contraído la deuda flotante que, repetimos, es absolutamente ilegal y cuya creación es punible.
 
Pero el colmo de los colmos es que un candado presupuestario, que realmente de acuerdo a nuestra normativa constitucional ni siquiera era necesario porque de hecho no se puede contratar lo que no esté presupuestado, quiera ser eliminado mediante una ley como la que regula los diferentes obstáculos que se puedan instalar en la vía pública y especialmente en las carreteras que están bajo control del Ministerio de Comunicaciones, lo que da una idea de que el proyecto tiene dedicatoria para facilitar que en ese mismo ministerio, ocupado por quien es  públicamente ya el delfín del presidente Pérez Molina, puedan disponer de manga ancha para quedar bien con contratistas sin atenerse a limitaciones por falta de asignación o de recursos en el presupuesto del Estado. El Congreso, lejos de mejorar su imagen, sigue siendo piedra de escándalo.

Minutero
La norma presupuestaria
era túmulo financiero
y con enmienda arbitraria
dicen: “Yo aquí hago lo que quiero”