Recuerdo como si fuera ayer, una amena plática que sostuve con mi padre sobre temas relacionados con las reformas económicas, y los obstáculos que se tienen en el medio, a propósito de los obstáculos institucionales y las trabas legales. Muy rápido se levantó, acudió a su poblada biblioteca personal y me mostró un libro que no olvido: “El Derecho como Obstáculo al Cambio Social”, del jurista chileno Eduardo Novoa Monreal.
Novoa se preocupó por el tema del desarrollo económico y social y sostuvo que el Derecho no puede petrificarse ni volverse ciego a la problemática de la sociedad; por tal razón las constituciones modernas están pobladas de consideraciones en torno a los Derechos Humanos y la dignidad de la persona humana, que encierra toda una serie de necesidades históricas y morales.
El jurista de referencia reafirmó la necesidad de cambio social, más allá de cualquier voluntad conservadora: “Nuevos valores y nuevas necesidades sociales azotan, ininterrumpidamente, ese Derecho petrificado e insuficiente, por inepto para adecuarse a las realidades emergentes”.
Las ideas inspiradoras de ese cambio social, y la necesidad de su adaptación en relación a las normas jurídicas tienen que ver con el reconocimiento del bienestar colectivo, y el apoyo a la solidaridad entre los hombres.
Se sienten entonces vitales tales ideas en la Guatemala actual, en donde pareciera actuarse por situaciones de excepción, y con la escasa presencia del balance de poderes tan necesario en un Estado Republicano, que requiere de partidos políticos, de comisiones postuladoras y de representaciones institucionales con ideología y Visión de Estado, y que en el intercambio y argumentación ideológica tiendan al consenso civilizado, y al Contrato Social.
El Congreso y sus partidos políticos componentes tienen una miope visión, preocupados por ocupar una poltrona sin contenido, y en constante pugna con el poder Ejecutivo, buscando el dominio de este último, a través de procesos electorales Mickey Mouse. Mientras ello sucede han elevado al pináculo al Tribunal Constitucional, que todo lo puede y todo lo resuelve, en un arriesgadísimo juego decisioncita.
Resulta surrealista instalar una comisión postuladora colmada de decanos de facultades de Derecho de universidades minúsculas, que se reproducen como por generación espontánea, y que caminan a gusto de la clientela. En el pasado tales comisiones se asemejaron más a un mercado persa que a un foro responsable de la ciudadanía.
Cuando no hay ideología ni posturas claras, y cuando no hay líneas políticas, se cree que la “justicia es apolítica” y se cae en lo que el argentino Carlos Santiago Nino tituló: “Un país al margen de la ley”. En donde la mera formalidad legal es llevada hasta extremos inauditos, que superan las peores previsiones de la tendencia a la ilegalidad.
Cuando el sistema parlamentario no funciona, como acontece en la Guatemala actual, no extrañemos entonces que se conformen comisiones sin mayor visión ni escrutinio social, y que las leyes vitales se sigan ajustando a los cambios de forma, más que de contenido. Estamos así en el imperio de los formalismos, de los comicios con cancioncita y marketing, en donde hace su agosto el periodismo de pacotilla, y la publicidad de las promesas vacías.
Muy bien lo dice el argentino Javier Flax, cuando el Estado deja de ser el lugar de la voluntad unitaria y el interés general… caemos en el escenario de la disputa de intereses.