Parte de la declaración de la infanta Cristina ante el juez fue grabada el sábado en video, pese al veto a teléfonos, tabletas y otros aparatos decretado por el magistrado que la interrogó. La Justicia española ordenó hoy una investigación sobre esa grabación y su filtración.
Las imágenes, acompañadas de audio y de unos cinco minutos de duración, están colgadas en Wouzee, una web para compartir videos. Diarios españoles las enlazaron en sus páginas web.
Entre ellos está «El Mundo», que el domingo ya publicó en portada una fotografía en la que se veía a la infanta de espaldas frente al juez y que el magistrado que interrogó en Palma de Mallorca a la infanta ordenó investigar a la policía.
En el video, la hija menor del rey Juan Carlos habla con voz tenue, da respuestas cortas y asegura desconocer o no recordar cosas por las que le pregunta el juez José Castro.
El magistrado la imputó por posible fraude fiscal y blanqueo de dinero en el marco del caso de corrupción que protagoniza su marido, Iñaki Urdangarin, y que hace temblar a la monarquía española. Y el sábado la interrogó durante cinco horas.
La filtración es «incalificable», manifestó hoy Castro, enfadado. Aseguró tener «sospechas» de quién realizó la grabación, pero rehusó revelarlas.
El juez decano de Palma de Mallorca, Francisco Martínez Espinosa, quien es la autoridad competente para ello, ordenó la apertura de una investigación para averiguar quién y cómo grabó las imágenes.
Unas imágenes históricas, ya que era la primera vez que un miembro de la familia real española declaraba como imputado ante la Justicia en un proceso penal. Y la expectación social y mediática el sábado era grande. Mientras la infanta contesta, se escuchan los gritos y pitidos de la manifestación contra la monarquía y la corrupción que tuvo lugar junto al juzgado durante su declaración.
La grabación «desmerece a quien la haya llevado a cabo», dijo indignado Martínez Espinosa, que aseguró que si se encuentra a esa persona pagará «las consecuencias legales de esa conducta».
En la sala de vistas de los juzgados de Palma de Mallorca en los que declaró la infanta hubo unas 40 personas: el juez, el fiscal, los abogados defensores, los de las acusaciones y los funcionarios.
Todos fueron identificados con nombre y apellidos y todos tuvieron que dejar sus teléfonos, tabletas, computadoras y otros dispositivos bajo custodia policial tras pasar el arco de seguridad, como medida para evitar que se tomaran imágenes de la infanta en el tribunal.
De hecho, el propio juez Castro decidió que la comparecencia de la hija menor del rey Juan Carlos en sede judicial se grabara solo en audio, y no en video como es habitual, para evitar que se filtraran a los medios imágenes de una infanta de España declarando ante la Justicia.
El dispositivo con el que se grabó «o no pasó el arco o era de tamaño reducidísimo», dijo el juez decano.
El abogado del marido de la infanta aseguraba hoy por su parte no poder explicarse «cómo pudo suceder». «La tecnología, a veces, nos sorprende a todos», dijo Pascual Vives.