Los alcaldes del departamento de El Progreso se encuentran en una encrucijada, a raíz de que los diputados no aprobaran el Presupuesto General de la Nación 2014, pues tienen que reprogramar proyectos, incluir obras de arrastre y atender los lineamientos contenidos en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

A decir de los jefes ediles de San Agustín Acasaguastlán y Sansare, José Manuel Marroquín Hichos y Pablo Aguilar Morales, respectivamente, esta situación les provoca hasta pérdida de credibilidad ante los miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), a quienes tienen que acudir para consensuar las nuevas disposiciones, debido a que la ejecución de las obras propuestas tendrá que realizarse con el presupuesto del año pasado, como lo establecen las leyes correspondientes.

En la reunión del Consejo Departamental de Desarrollo, el Gobernador, Rigoberto Salazar, titular de dicho ente, así como el secretario y el director técnico, dieron a conocer los procedimientos y fundamentos legales que regirán la ejecución presupuestaria para este año, cuyo monto para El Progreso es de 46 millones 995 mil 207 quetzales, que provienen del impuesto conocido como IVAPAZ.

El 90 por ciento de esos fondos será distribuido entre las ocho municipalidades, con base en indicadores socioeconómicos, según la población proyectada para el presente año; el número de centros poblados y la situación de pobreza en general, según fuentes oficiales, así como el diez por ciento para proyectos multimunicipales.

El secretario y el director técnico del CODEDE dijeron a los alcaldes que deberán presentar una reprogramación, con dicho monto, que incluya el pago de las obras de arrastre, incorpore nuevas en función de prioridades y de los pactos gubernamentales “Hambre Cero, Seguridad, Justicia y Paz.