En una actividad pública entre representantes de la sociedad civil y autoridades de la Dirección del Sistema Penitenciario, los primeros denunciaron problemas de hacinamiento y falta de programas de rehabilitación específicos en los centros carcelarios que resguardan a cientos de mujeres privadas de libertad.

Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, expresó que las mujeres continúan siendo víctimas de violencia sexual y agresiones físicas y psicológicas debido a las condiciones de hacinamiento en los centros carcelarios del país.

La ODHAG interpone en la Corte Suprema de Justicia 30 exhibiciones personales mensualmente contra el Sistema Penitenciario para que las reclusas sean trasladadas a otros espacios dedicados a la privación de la libertad.

A decir de Rodenas, el hecho de que las cárceles para mujeres sobrepasen su capacidad, es responsabilidad de los jueces que al momento de un fallo, no otorgan medidas sustitutivas como las establece el Código Penal y priorizan la prisión preventiva para las féminas sindicadas de algún delito.

“Los centros de privación de libertad no son centros que permitan la rehabilitación de las mujeres que se encuentran recluidas. Los hijos de las reclusas tienen que crecer y educarse en los centros carcelarios. Lamentablemente ellos también tienen que sufrir el hacinamiento, malos tratos y acciones denigrantes que se dan en estos centros”, afirmó la ODHAG.

Por su parte, Andrea Barrios, coordinadora del Colectivo Casa Artesana, coincidió que los abusos y otros vejámenes a los que son sometidas las reclusas se siguen presentando en las cárceles, y expuso la necesidad de implementar un modelo de atención integral para estas mujeres y sus hijos.

“El Sistema Penitenciario debe tener programas específicos de atención a las mujeres que se encuentran privadas de libertad, así como para sus hijos. Las condiciones actuales de las mujeres son bastante difíciles y complicadas porque no se está cumpliendo con los estándares internacionales de protección”, argumentó.

Barrios opinó que la tarea pendiente de resolver es la prevención de la violencia y el delito principalmente en jóvenes y adolescentes que cada vez más son captados por grupos delincuenciales, así como la discusión de reformas a la Ley del Sistema Penitenciario que garantice mejores condiciones a las mujeres que se encuentran en prisión preventiva o cumplen una condena.

Al ser consultado, el portavoz del SP, Rudy Esquivel, respondió que las autoridades ya tienen conocimiento de la situación estructural y funcional del SP y es en relación a ellas que las propuestas de mejoras van encaminadas, no solo en el remozamiento sino en el fortalecimiento de los ejes de rehabilitación de las reclusas.

Actualmente, mil 536 mujeres se encuentran recluidas, tanto en el Centro de Orientación Femenina (COF) como en el Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18. De este total, 616 cumplen condenas y 920 guardan prisión preventiva.