La Fiscalía Contra el Crimen Organizado expresó ayer que tiene siete años de estar solicitando que se escuche a quien fuera Superintendente de Bancos cuando se produjo la quiebra escandalosa del Banco de Comercio y que el señor Willy Zapata ha logrado impedir que se concrete la audiencia en la que rinda declaración sobre el hecho que ocurrió bajo su supervisión y supuesta vigilancia y que obligó a desembolsar millones de quetzales del Fondo de Protección al Ahorro pero que, además, dejó en la calle a mucha gente que perdió su dinero porque los banqueros les estafaron al hacerles creer que los certificados de depósito eran del banco.

Muchos de los estafados en el Banco de Comercio, personas que colocaron su dinero supuestamente en el Banco y que eran atendidos en las instalaciones de la entidad financiera, pero que recibían certificados de depósito que no estaban amparados por nada ni por nadie, han muerto y el resto perdió ya la esperanza de recuperar el dinero. Pero esas operaciones se hicieron de manera abierta, sin encubrir para nada el ofrecimiento al público, prácticamente en las ventanillas de atención al público, y la Superintendencia de Bancos, obligada a controlar a las entidades financieras y evitar maniobras que perjudiquen a los ahorrantes, nunca hizo ni dijo nada para advertir al público del riesgo de una estafa que finalmente se concretó.

Yo sostengo que los funcionarios tienen responsabilidad penal por acción o por omisión, puesto que si un superintendente, que es la persona a cuyo cargo está la dirección y cuidado de algo, no cumple con la obligación elemental de impedir que un banco estafe a sus clientes, no se puede lavar las manos diciendo que no se percató del engaño. Para eso le pagaron su sueldo, para vigilar y detectar cualquier tipo de riesgo en que pudiera estar el interés del ahorrante en cualquiera de las entidades sometidas a la supervisión y control de la Superintendencia de Bancos.

Si no se dio cuenta, incumplió con sus deberes; si se dio cuenta y no dijo nada, es cómplice de la estafa cometida, pero en todo caso tiene una responsabilidad legal que encarar por sus actuaciones y no puede escudarse en el argumento de que siendo un funcionario de entidad multinacional no tiene tiempo de venir a Guatemala para esclarecer los hechos y asumir su culpa.

Se ha vuelto costumbre ya en nuestro medio que los funcionarios que no cumplen con su deber, simplemente dejan el cargo y se dedican a sus asuntos sin rendir cuentas ni entender el sentido de la responsabilidad de quienes tienen deberes públicos. Pero se hartaron con salarios muchos más que decorosos que eran la compensación, teóricamente, por el cumplimiento de su función específicamente establecida en la ley de responsabilidades, y si no lo hicieron, por la razón que fuera, debieran ser sancionados.

En  este caso estamos frente a un verdadero drama humano porque mucha gente puso su confianza en una entidad bancaria supervisada por la Superintendencia, colocando sus fondos a cambio de certificados de depósito con el logotipo del banco; todas esas operaciones se hicieron en la entidad bancaria que luego se lavó las manos y no honró los certificados atribuidos a una espuria empresa offshore y el superintendente tiene responsabilidad.