Si usted es de los capitalinos que considera que fuera del área metropolitana los únicos lugares dignos de visitar en toda la República son Panajachel, la Antigua Guatemala, Chichicastenango, Tikal, el Irtra de Retalhuleu y, si acaso, Quetzaltenango, y si para ajuste de ignorancia cree que Mazatenango es un departamento al igual que Cobán y Puerto Barios, por ejemplo, como suele ocurrir con redactores y presentadores de informativos de televisión, es posible que ni siquiera tenga idea de los estragos que está causando la deforestación en el territorio nacional.
Cualquiera que viaje eventualmente al occidente, norte, oriente o sur de la Nación se percatará de inmediato que a la vera de las carreteras y las laderas de las montañas que se divisan en las cercanías se están quedando peladas a causa de la tala inmoderada de bosques, lo que afecta el clima, la fauna, la flora y las corrientes de agua, para desventura de los habitantes de las poblaciones de cualquier magnitud, desde pequeños caseríos hasta presuntuosas cabeceras departamentales, mientras autoridades locales y nacionales permanecen impertérritas, incluyendo funcionarios que, por los cargos que desempeñan, estarían obligados a velar por el debido respeto a los recursos naturales renovables y no renovables.
Frente a esa indiferencia, si no es que complicidad de ministros, viceministros, directores generales, gobernadores y alcaldes, en algunos casos son los pobladores los que deciden defender la riqueza forestal de sus aldeas y municipios, como está ocurriendo con habitantes de diez comunidades de Zacapa y Chiquimula que se han organizado para exigir que se frene la deforestación en las montañas del Merendón, básicamente porque la tala indiscriminada está provocando el descenso del nivel del agua del afluente Riachuelos, que les surte de agua para consumo humano y el riego de sus cultivos, como consecuencia de que el Instituto Nacional de Bosques (Inab) otorgó licencia de manejo forestal que perjudica la cuenca del río, por medio de la Dirección Regional III.
Como resulta casi obligatorio de parte de muchos funcionarios que derivan en oficiosos custodios de empresas privadas de indistinta naturaleza, el delegado del Inab en aquella región, Luis Chacón, inmediatamente rechazó que se esté abusando de la autorización, sino que todo lo contrario. Aseguró que “La licencia es técnicamente viable, que (los responsables) no talan en las cercanías de quebradas y afluentes” para garantizar la recarga hídrica y que el permiso contempla “un plan de recuperación”.
Sólo le faltó agregar que la empresa a cargo de la explotación forestal es una especie de ONG que se encarga de proteger sembradíos, cañadas, ríos y animales silvestres para preservar el medio ambiente.
Y después las autoridades gubernamentales se ven a palitos por las denuncias de organismos internacionales, como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, al que han recurrido los indefensos, pero aguerridos pobladores del oriente del país.
(El homofóbico ecologista Romualdo Tishudo asegura que en la entrada de un pueblo de Zacapa leyó este letrero “Población: 484 varones y siete bolos; hembras, 519; maricones, sólo rumores en el Inab y la Muni, nada comprobado”).