Después de meses de tácita cooperación con grupos rurales de autodefensa que trataban de expulsar a un cártel de la droga de corte medieval, el gobierno mexicano ahora quiere resolver definitivamente uno de sus más acuciantes problemas de seguridad con una nueva política de legalización de este movimiento para ponerlo bajo el control del Ejército.

Pero los riesgos son altos. Para tener éxito, el gobierno debe enseñar disciplina militar, hacerla cumplir e inculcar el respeto a los derechos humanos y al debido proceso a más 20 mil civiles fuertemente armados para luego, con el tiempo, disolverlos y enviarlos de vuelta a sus casas ubicadas en el estado occidental de Michoacán.

En otros países de América Latina, experimentos similares han resultado en la creación de milicias respaldadas por el Estado que fueron responsables de abusos generalizados en contra de los derechos humanos de la población civil, mientras que civiles armados cobraron venganzas o colaboraron en la perpetración de masacres en represalia. El mismo Ejército mexicano ha sido acusado de violar garantías fundamentales durante una guerra que ya lleva más de siete años en contra el crimen organizado y para la que ha desplegado una fuerza policial en buena parte del país.

Líderes de las autodefensas se reunieron el martes con funcionarios del gobierno para discutir a fondo los detalles del acuerdo que pondría a los recolectores de aguacate, lima y limón, que cargan rifles semiautomáticos AR- 15, bajo el control del ejército. Esta institución tiene una larga tradición, de un siglo, movilizando a tropas de defensa rural compuestas por campesinos con el fin de combatir a delincuentes y para sofocar levantamientos en el campo.

Si este experimento funciona en Michoacán, se resolverá uno de los dilemas más espinosos para la administración del presidente Enrique Peña Nieto que apenas va a cumplir un año en el poder: cómo manejar un movimiento ilegal que exitosamente logró combatir a un cártel de la droga, con tintes religiosos, llamado Los Caballeros Templarios, al que por años las autoridades mexicanas o no habían estado dispuestos a atacar o cuya lucha no habían podido asumir.

Durante el último año, las autodefensas, integradas en buena medida por migrantes repatriados que pasaron muchos años en Estados Unidos, se han apoderado de una docena de pueblos cuya población habían sido aterrorizada por la extorsión, los asesinatos y las violaciones de mujeres a manos de los pistoleros de ese cártel. Los Caballeros Templarios han tratado de presentarse como soldados que tienen la misión de expulsar a supuestos cuerpos policiales que abusan de sus comunidades, y que tomaron el nombre de una orden religiosa medieval cristiana.

En muchos casos, los reporteros de The Associated Press fueron testigos de cómo la policía y el ejército federal se han parado al lado de las autodefensas cuando combatían a pistoleros del cártel e incluso, en algunas ocasiones, cómo han ayudado a las autodefensas a hacer patrullajes conjuntos y a vigilar mancomunadamente los puestos de control en las carreteras.

Expertos mexicanos consultados han aceptado, a la fecha, este plan del gobierno anunciado en la noche del lunes, y lo calificaron de una política inteligente porque permite mantener el impulso que se ha adquirido en la lucha contra Los Caballeros Templarios, mientras que protege al gobierno de acusaciones de que han cedido a terceros el imperio de la ley en la región llamada «tierra caliente» de Michoacán, un estado asentado en la costa pacífica, con una rica tierra agrícola y con montañas abarrotadas de cultivos de marihuana y laboratorios de metanfetaminas.

Pero en otros países de América Latina, la noticia genera traumáticos recuerdos.

Claudia Samayoa, activista de derechos humanos en Guatemala, dijo que las miles de muertes atribuidas a las Patrullas de Autodefensa Civil, respaldadas por el Ejército durante la guerra civil (1960-1996), todavía están frescas en su memoria para que se autoricen más fuerzas paramilitares en la región.

«Les va a salir peor el remedio que la enfermedad», dijo Samayoa. «Lo mejor es no tomar por ese camino y fortalecer las instituciones de seguridad como la policía, los cuerpos de investigación y el sistema de justicia».

Margarita Solano, de la empresa de análisis de riesgos Southern Pulse EE.UU., dijo que las autodefensas en México despertaron los recuerdos de su experiencia vivida en su natal Colombia con los grupos de autodefensas, como las llamadas «Convivir», que luchó contra los rebeldes de izquierda en la década de 1990. Aunque los grupos fueron inicialmente bien recibidos, algunos fueron acusados después de violar los derechos humanos.

«Encuentro diferencias (entre México y Colombia), pero también encuentro similitudes que asustan», dijo Solano.

Las autoridades mexicanas han tratado de vender la idea de que la legalización de las autodefensas es una medida provisional. Incapaz de desarmarlos por el apoyo popular que se ganaron tras expulsar a Los Caballeros Templarios de gran parte del estado, los funcionarios federales ahora tendrán que trabajar con ellos para limpiar a esos grupos y convencerlos de que se desmovilicen.

El gobierno ha insistido en que el plan es temporal, y dice que los Cuerpos de Defensa Rurales tendrán que registrar sus armas.

Los grupos de autodefensas han instalado retenes en la mayoría de las carreteras principales de la región de “tierra caliente”. Pero hay muchas posibilidades de que se comentan abusos en estos puestos porque los hombres armados que allí hacen guardia a menudo beben cerveza o fuman marihuana.

Pero muchos mexicanos están menos preocupados que los extranjeros acerca de la posibilidad de que las autodefensas cometan desmanes. Dicen que hay diferencias fundamentales entre Michoacán, donde agricultores relativamente prósperos financian a estos grupos de autodefensa con el objetivo de combatir las extorsiones del cártel, y países como Guatemala, Colombia y Perú, donde los campesinos pobres fueron presionados por los gobiernos de derecha para que los ayudaran a luchar en las sangrientas guerras en contra de los rebeldes izquierdistas.

En las ricas llanuras de Michoacán, «no hay ni guerrilleros ni campesinos pobres», dijo Raúl Benítez, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México. «Aquí hay campesinos ricos y armados contra criminales».

A diferencia de las autodefensas del vecino estado mexicano de Guerrero, donde estas fuerzas a menudo están en contra del gobierno, en Michoacán dicen que quieren que vuelvan a crecer los ricos pastales y las arboledas de limoneros que Los Caballeros Templarios les robaron.

Se trata de un movimiento de carácter mixto, donde los propietarios de fincas de clase media alta, ganaderos y empresarios a menudo pagan a sus campesinos para que ayuden a patrullar las tierras y les han comprado armas para hacerlo.

Pero los pobres también se vieron afectados por las extorsiones y los abusos del cártel, y con frecuencia tienen sus propias razones para unirse al movimiento.

«Las comparaciones con Perú, Colombia, Guatemala me parecen aberrantes», dijo el experto Benítez. «En este momento las autodefensas tiene la necesidad de ser bien vistas por la gente de allí y la opinión pública nacional, yo creo que no van a cometer delitos en este momento».