El Gobierno informó que buscará resarcir a miles de familias damnificadas por matanzas y violentos desalojos por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy en 1980, después de que Estados Unidos condicionara cualquier ayuda futura a la reparación de las víctimas.
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La vicepresidenta Roxana Baldetti informó que tierras que pertenecen al narcotraficante guatemalteco Mario Ponce, preso en Estados Unidos, serán utilizadas para reubicar a las comunidades que el Ejército de Guatemala obligó a huir en 1980.
«Únicamente estamos a la espera de que Ponce sea notificado en Estados Unidos sobre la extinción de sus bienes», dijo Baldetti recientemente, conferencia de prensa.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en la cual responsabiliza al Estado de Guatemala por los hechos y determina la reparación de las víctimas y reasentamiento de las comunidades afectadas.
De acuerdo con la resolución correspondiente al caso «Masacres de Río Negro» de la Corte IDH, en la zona donde se construyó la hidroeléctrica, denominada «Río Negro», murieron en «masacres» al menos 386 campesinos de la etnia maya Achi de Guatemala.
La hidroeléctrica, de nombre Chixoy, sigue siendo la principal fuente de generación de electricidad en el país centroamericano y fue construida con financiamiento del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La acción ante la Corte IDH fue promovida por la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí (Adivima), una organización de derechos humanos basada en comunidades y fundada por las sobrevivientes.
El gobierno de Estados Unidos emitió el 17 de enero la Ley de Asignaciones Consolidadas que obliga a Guatemala a cumplir con acuerdos de resarcimiento a quienes fueron víctimas de expropiación o desalojo de varias comunidades y de masacres.
* Con información de AP