No obstante que somos un país de muy escasa relevancia para la política de Estados Unidos, en la aprobación de las asignaciones presupuestarias para este año, el Congreso condicionó que cualquier ayuda financiera o militar a Guatemala dependa de que las autoridades muestren voluntad de resolver el problema de la falta de resarcimiento a las más de seis mil familias que fueron damnificadas por la pérdida de sus posesiones cuando se hizo el embalse de la presa de la hidroeléctrica Chixoy, además de que se implementen políticas para resolver el problema de las adopciones que involucran a familias norteamericanas.

El tema de las adopciones se ha convertido en un serio problema y es complejo por la forma en que durante años se manejó, propiciando acciones ilegales en las que se vieron involucrados poderosos sectores del foro que hicieron de las adopciones el negocio de la venta de niños, obligando a regulaciones que han detenido muchos casos que estaban ya iniciados.
 
 En el caso de Chixoy el resarcimiento es millonario y lo que hace falta es que se establezcan los mecanismos para hacerlo efectivo. En los años de la construcción de la presa, la ciudadanía no se enteró que en la región del proyecto había muchas comunidades asentadas en el territorio que quedaría anegado por el embalse de varios kilómetros cuadrados. Supimos que la masacre de Río Negro fue ejecutada porque los pobladores se negaban a abandonar sus pertenencias y resistieron las órdenes de desalojo, hecho que se encuentra documentado en el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico formada tras los Acuerdos de Paz. Pero no fue únicamente Río Negro la comunidad que se vio afectada por el proyecto hidroeléctrico, sino muchas más conformadas por alrededor de seis mil familias que han librado una tenaz lucha por lograr algún resarcimiento.
 
 Eran días en los que se imponía a la fuerza el “desarrollo” y en los que la evidente necesidad de generación de energía eléctrica hizo que la ciudadanía ignorara los daños colaterales del proyecto que fue criticado por los niveles de corrupción, pero nunca se reparó en el costo humano y social que tuvo para tanta gente. Como sociedad tenemos que hacer un mea culpa, o al menos como individuos los que no reparamos en tales consecuencias, porque no le pusimos atención al drama que silenciosamente sufrieron tantos compatriotas.
 
 El Congreso de Estados Unidos no planteó, sin embargo, una condición imposible de cumplir. Por el contrario, desde hace varios años ha existido la disposición de pagar ese resarcimiento pero, como siempre ocurre en Guatemala, la maquinaria estatal funciona con pachorra e ineficiencia. Si en el asunto hubiera alguna comisión para alguien, seguramente que ya habrían erogado el total de las indemnizaciones que hay que pagar, pero como se trata de campesinos pobres, hizo falta que viniera tremenda presión para alborotar el cotarro. Ahora el Gobierno tiene que lograr que el Departamento de Estado certifique que está trabajando seriamente para cumplir con su obligación para obtener financiamiento. De no hacerlo, el riesgo de perder ayuda militar y para proyectos de desarrollo, es verdaderamente serio. Lástima que tengamos que esperar a que nos anden arreando para hacer las cosas.