La fiscalía excluyó ayer al encarcelado expresidente Alberto Fujimori y 26 exfuncionarios de una investigación reabierta en 2011 por presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la esterilización forzada de miles de mujeres pobres durante su gobierno, pero la defensa de las víctimas dijo que apelará la decisión.
Fujimori, sentenciado en 2009 a 25 años de prisión por una masacre, fue incluido en noviembre en la nueva investigación de la fiscalía por los delitos «de lesiones graves seguida de muerte en el caso de una campesina llamada María Mestanza y lesiones graves en agravio de más de dos mil mujeres esterilizadas sin su consentimiento», dijo a la AP el abogado de las víctimas, Sigfredo Florián.
En una nota de prensa, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, a cargo del fiscal Marco Guzmán, también descartó que el caso sea un delito de lesa humanidad que le otorgaba el carácter de imprescriptible.
«Sólo se acusó a cuatro médicos provinciales de menor rango por la muerte de la campesina Mestanza en 1998 y no se tomaron en cuenta los 140 libros acopiados con pruebas de las denuncias de las otras 2.074 mujeres y los recientes testimonios de 700 mujeres campesinas de todo el país», añadió el abogado de las víctimas, quien apelará la decisión fiscal.
La accidentada investigación comenzó en 2001 pero fue cerrada en 2009 y luego en instancias internacionales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presionó al gobierno para reabrirla, lo que ocurrió en 2011.
Alejandra Cárdenas, asesora jurídica del Programa para Latinoamérica y el Caribe del Centro por los Derechos Reproductivos, dijo en 2012 a la AP que un caso como el de Perú solo ocurrió en la década del 70 en la India. «Podemos decir que lo que sucedió fue un crimen de lesa humanidad por la escala y la sistematicidad con la que se llevó a cabo», declaró.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la mujer criticaron la actitud del fiscal Guzmán.
La ONG feminista Demus afirmó en un comunicado en su página de Internet que en el programa nacional de «planificación familiar» establecido en los últimos cuatro años del gobierno de Fujimori (1996-2000) se violaron derechos fundamentales de las mujeres, «especialmente de zonas rurales, a quienes con engaños y chantaje se les privó de su capacidad reproductiva».
Fujimori anunció en 1995, en un congreso de mujeres en Beijing, que su gobierno emprendería un plan nacional de planificación familiar y en 2003, desde su autoexilio en Japón, tras haber abandonado Perú por un escándalo de corrupción que hizo caer su gobierno en 2000, destacó en un mensaje grabado en vídeo el éxito del programa de esterilizaciones, que dijo permitió que Perú redujera su tasa de crecimiento demográfico de 2,3% a 1,7% en una década.
Cifras oficiales indican que 300.000 mujeres fueron esterilizadas. Fujimori gobernó entre 1990-2000. En 2009 fue condenado a 25 años de prisión por la autoría mediata en los asesinatos de 25 personas ejecutadas por un comando clandestino de militares al inicio de su gestión.